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Por Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio
El único desenlace seguro de las elecciones del próximo domingo es que los resultados oficiales serán materia de descalificaciones e impugnaciones, lo mismo por parte de la coalición de gobierno como de la oposición.
No podría ser de otra manera. El ambiente de polarización ha potenciado la tradicional alergia de partidos y candidatos a reconocer la derrota. Hacer girar la elección en torno de la aceptación o rechazo de una sola persona hace que unos y otros no puedan siquiera considerar la posibilidad de perder.
Las autoridades jurisdiccionales deberán prepararse, pues, para recibir un torrente de recursos por parte de los perdedores, mucho mayor al que ya nos tiene acostumbrado el litigioso sistema electoral de México, en el que, de por sí, nunca hay políticos derrotados, sino pobres víctimas de maniobras y triquiñuelas por parte de los rivales.
La manera en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha metido la mano en el proceso —cosa reconocida por él mismo—, ha incrementado el espacio para el litigio, con la posibilidad de que muchas contiendas sean anuladas, según me dijo hace unos días, en entrevista con Imagen Radio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. “La intervención de los servidores públicos en las elecciones ha llevado, en no pocas ocasiones, a anular comicios”, afirmó Córdova. “Hay un conjunto de criterios judiciales en materia electoral que establecen la posibilidad de anular elecciones por violación a los principios constitucionales y, evidentemente, uno de ellos es la imparcialidad de los servidores públicos (…) Este poco apego a las reglas del juego, que linda en la irresponsabilidad, pone en riesgo incluso la validez de las elecciones”.
Hace unos días, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE encontró que el mandatario había violado las disposiciones de la Constitución sobre el comportamiento de los servidores públicos en temporada electoral en al menos 29 de 36 conferencias mañaneras analizadas. En más de 80% de dichas ruedas de prensa, López Obrador realizó expresiones que, a juicio de la autoridad electoral, pueden catalogarse de propaganda gubernamental o de información que pudiera influir en las preferencias electorales, pues no se ajustó a los parámetros previstos en los artículos 41 y 134 de la Carta Magna ni a los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral para esos casos.
Ayer, López Obrador acusó a sus adversarios de ser demócratas “siempre y cuando ganen las élites y no gane el pueblo”. Sin embargo, la oposición podría perfectamente devolver el argumento presidencial, pues el tabasqueño jamás ha reconocido un resultado electoral que no le haya convenido. El mandatario hizo votos para que “en el futuro ya vaya a ser hábito la democracia”, que se convierta en una “actividad normal”. Pero esa normalidad no se logra en automático. Se requiere que los participantes en las elecciones contribuyan a crear confianza en el sistema y para ello es básico que los servidores públicos no carguen los dados en favor de candidatos y partidos y los perdedores acepten los resultados.
Los contendientes en las votaciones del 6 de junio podrían ahorrar mucho trabajo a los tribunales electorales con sólo reconocer la victoria de su rival si la mayoría de los sufragios no está con ellos. De hacerlo, también harían una contribución a la consolidación de la democracia, pues es uno de sus principales nutrientes. Sin embargo, no veo muchos incentivos para que eso suceda. Ayer también, el Presidente hizo un llamado “a todos los mexicanos, mujeres y hombres, de todas las religiones, a los libres pensadores, a los ciudadanos independientes, a que apostemos a hacer valer la democracia”. No sé si aún haya tiempo para eso. El no apego a los principios constitucionales por los que luchó la izquierda mexicana y la permisividad que ha existido para que el crimen organizado ponga y quite candidatos nos ha hecho retroceder muchos años como país respecto de conquistas obtenidas, que hicieron de México un país envidiable en materia democrática a principios de este siglo.
¿Qué ejemplo daremos al mundo cuando amanezcamos el 7 de junio con un país en el que nadie reconozca los resultados adversos y los criminales se apresten a hacer el cernido final?
