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PICOTA

*  CIUDADANOS PIDEN AUDITAR PARTIDOS

 *  CRECEN LA IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN

POR JORGE VELÁZQUEZ

 MÉXICO ES UN PAÍS SIN TRANSPARENCIA en el manejo de los recursos públicos.

Los candidatos a la presidencia de la República, se llenaron la boca de valores, entre ellos la honestidad, que hasta el momento no se aplican ni en sus partidos, ni menos en las instituciones gubernamentales a pesar de que desde hace años se cuenta con contralorías, fiscales y demás aparato personal que solo ha venido a engrosar las filas de una burocracia, lastre para el país.

Los datos obtenidos por una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, a cargo del doctor Alfonso Robledo Leal, respaldan la anterior afirmación e indican que el 77 por ciento de los encuestados exigen que organizaciones civiles auditen los recursos de los partidos políticos.

Por supuesto que las cifras reflejan el rechazo a organizaciones e instituciones, cuyos integrantes han visto a la política no como una forma de servicio a la sociedad, sino la plataforma de enriquecimiento ilícito.

La percepción de la corrupción así lo manifiesta: 71% de los entrevistados coincide en que el sector público es donde hay más corrupción; más de la mitad, el 59%, dice que en México nunca se castiga a los responsables de actos de corrupción y, peor aún, el 69% considera que las personas implicadas en actos de corrupción pueden evitar ser castigado si tienen dinero para corromper a quienes dictan sentencias.

La impunidad queda reflejada en los porcentajes que claman reforma urgente al Poder Judicial de la Federación; cero ventas de amparos y sin llegar a la propuesta de “El Bronco”, de cortarle las manos, brazos, pies u otras extremidades a los ladrones en el servicio público, sí aplicar severamente la justicia.

No es para menos, el 44% de la población percibe, de acuerdo a la citada encuesta, que no se presentan las denuncias por miedo a represalias; el 30%, porque se protege a los corruptos, mientras que el 16%, considera que una denuncia no sirve de nada.

“En este sentido, 60% dice que la corrupción en tres años será mayor, 26% dice que seguirá igual, sólo 11% dice que será menor. Vale la pena destacar que 72% de los entrevistados considera que para combatir la corrupción es necesario reformar el Sistema Judicial”.

En cuanto a las medidas para el combate a la corrupción, 9 de cada 10 están de acuerdo con que se castigue con penas más severas a empresarios que estén involucrados en actos de corrupción con servidores públicos. Respecto a la imparcialidad de las contralorías, 86% está de acuerdo en que sus titulares sean electos por voto popular.

Siete de cada 10 entrevistados están de acuerdo en que se debe proteger y asegurar los puestos de trabajo de los servidores públicos honestos. También, 78% dice que la institucionalización del servicio profesional de carrera debe ser la vía para desempeñar un cargo en el servicio público. Asimismo, 84% considera que la permanencia o salida de un servidor público de su cargo se debería determinar mediante la evaluación de calidad, eficiencia y eficacia del desempeño de sus funciones.

Del universo encuestado, 79% está de acuerdo con que se permita el registro de organizaciones ciudadanas para participar en los procesos de auditoría en las instituciones públicas. De igual forma, 77% está a favor de que los recursos que se entregan a los partidos políticos sean auditados por organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, la realidad es otra.

Los candidatos presidenciales tienen como tema principal luchar frontalmente en contra de ese cáncer social que es la corrupción.

Tal y como están las cosas, se necesitará de una serie de medidas de gran calado, antes de que la sociedad empiece a desbordarse y tomar justicia por propia mano. Ante la propuesta de “El Bronco”, ya respondieron un grupo delincuencial.

PICOTAZOS

EN TREMENDO PLEITO se metieron los mal llamados “padres de la patria”, los diputados federales, al permitir la rescisión de contrato a mil 500 asesores que estaban a su servicio. Por supuesto que los asesores saben y están bastante enterados de que cuando se acaba, se acaba y al no tener un contrato jurídicamente bien establecido, se puede prescindir de sus servicios en cualquier momento o cuando se le ocurra al legislador. Y en ese contexto, los que fueron un bien ahora se convierten en un mal. Los asesores exigen terminar junto con la legislatura y cobrar al igual que sus patrones hasta el último minuto del 31 de agosto; sin embargo, entre “chapulines” te veas: muchos de sus jefes ya gozan de las mieles de otros salarios y los que llegaron van a lo suyo.

Lo cierto del caso es que la nueva Reforma Política debe reducir el número de legisladores y debe impedirse la llegada de tantos asesores que, al igual que los diputados, poco sirven al país.

EN EL SENADO SE INFORMÓ QUE el 63 por ciento de menores de uno a 14 años ha experimentado, al menos, una forma de castigo psicológico o físico por parte de miembros del hogar; es decir, seis de cada 10 experimentaron algún tipo de disciplina violenta. También mencionaron que, en ocho de cada 10 casos de maltrato infantil, el padre o la madre fueron señalados como probables responsables. Y ante ello, por unanimidad, el Senado de la República aprobó un proyecto de decreto para prohibir los castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y adolescentes, y garantizar el derecho de los menores a una vida libre de violencia…NOS LEEREMOS LA PRÓXIMA ENTREGA…