Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 6 segundos
Por Samuel Cantón Zetina
¿Seguimos siendo todos culpables de que los políticos y servidores públicos abusen del erario?
Desde que acabó la Revolución, vemos al presupuesto como botín de guerra.
Aceptamos que los ganadores tuvieran libre acceso al poder y a los recursos.
En ese entendido, el mando se continuó dispensando con la arbitrariedad de la propia guerra, aunque ahora “institucionalizado”.
Por eso, al cabo de un siglo, la aspiración de las mayorías sigue siendo treparse al grupo dominante para acceder al manejo a voluntad de los fondos estatales.
Que la gran mayoría piense todavía que el erario continúa siendo botín de guerra, ya no de batallas armadas pero sí electorales, explica por qué los partidos políticos defienden a rabiar sus montos de financiamiento, al igual que órganos electorales, jueces, magistrados, y demás reyes de las partidas oficiales, sus privilegios.
En gran medida, la lucha contra la propuesta de Reforma Electoral de AMLO, presentada como “de defensa” del INE, es para impedir que se reduzca el dinero a los partidos y sus cuotas de curules.
Cínico, Lorenzo Córdova negó que gane más que el presidente, y alegó que la prohibición de que en el quehacer público alguien gane más, no se refiere al sueldo, sino a los ingresos totales, y que Obrador tiene otras percepciones.
El punto, sin embargo, es que se embolsa una barbaridad mensual (más de $250 mil), y que a él le resulta convenientemente justo.
Dirá el guatemalteco Arjona que el problema no es que los poderosos roben, sino que la población lo valida.
Como en San Juan de Sabinas, Coahuila, en que el edil Mario Alberto López “Mayito” lanzó dinero a la multitud en su fiesta de cumpleaños, y nadie preguntó -quizá por obvio- de donde salió la lluvia de billetes.
Hace un tiempo, otro alcalde: Hilario Ramírez Villanueva “Layín”, confesó que robaba, pero “poquito”, y así fue reelecto.
Quizás el fin de los ladrones del gobierno pasa por el cambio de mentalidad de la sociedad.
