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* El órgano de control, detectó gastos no justificados del diputado local, como el pago de servicios de consultoría que hasta la fecha no ha comprobado, por un millón 150 mil pesos; al haberse derogado el fuero, el vocero del Grupo Universidad en el Congreso de Hidalgo podrá ser acusado penalmente por la presunción de malversar recursos públicos
Por Antonio Ortigoza Vázquez
Muy lejano ha quedado ese 5 de septiembre del 2018, cuando el diputado morenista Ricardo Raúl Baptista González rendía protesta ante el pleno legislativo para convertirse en el Presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura, posición que lo convirtió en un legislador arrogante, prepotente y retador, pero sumiso ante el poder de su padrino político, el convicto Gerardo Sosa Castelán.
Baptista González fue un simple vocero del tan criticado Grupo Universidad, traicionando principios y doctrina del partido que lo llevó a ocupar una curul en el Congreso hidalguense. Ensombrecido, hoy recorre los pasillos de la cámara de diputados local, solo, sin futuro político y huérfano de poder; sus pecados políticos comienzan a cobrar sus excesos de ego y confianza que le brindaba un grupo de poder que está marcado por una corrupción sin precedentes, hablamos del grupo “Sosa-Castelán”.
Baptista González, retó a la secretaría de Gobernación federal, al declarar que (a la SEGOB) “ya la sepultamos”, y fue más allá: “No está a nuestra altura”. Así, Baptista, junto con sus alfiles Rafael Garnica, Corina Martínez y Jorge Mayorga, hacían y deshacían, frenaban y proponían, todo en su beneficio y en complacer los intereses de GSC.
A casi 10 meses de que termine la actual legislatura, el candidato perdedor a la alcaldía del municipio de Tula, comienza a sentir que el agua le llega al cuello, pues hay que recordar que, en la revisión de los dineros del Congreso Hidalguense que realizó en 2018, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) cuando Baptista Gonzáles era presidente de la Junta de Gobierno, encontró algo turbio:
De la revisión al expediente del gasto de la partida de servicios de consultoría y asesoría, y al análisis del contrato de prestación de servicios por concepto de «Servicios de consultoría, asesoría técnica especializada y acompañamiento a la LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo en materia de ingreso-gasto para el paquete hacendario del ejercicio fiscal 2019», se detectó que la entidad fiscalizada no contó con la documentación que justifique y acredite los trabajos realizados por la empresa (texto borrado)por la que se le realizaron pagos por $1,159,986.08; con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 108 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 65 párrafo segundo de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo.
La Entidad Fiscalizada no presentó justificaciones y aclaraciones en atención a la irregularidad detectada, por lo que subsiste la observación.
16/CELSH/2018/10/PO/001 Pliego de Observaciones.
Nada aclaró don Ricardo Raúl, nada justificó el diputado. Hoy, todo sigue igual, el millón 159 mil y pico de pesos “gastados” en una “consultoría” y “asesoría”, siguen en el limbo ¿o en los bolsillos de algún legislador?
Así las cosas, dependerá de la ASEH si interpone alguna acción penal contra quien presidía en ese año, 2018, el Congreso Hidalguense. Sin duda, Don Ricardo Raúl está ebrio de preocupación.
