Impulsó que el propio titular del Ejecutivo Federal pueda ser juzgado por corrupción y delitos graves.

Y ha hablado del tema, desde su toma de posesión, ¡800 veces!

En ese contexto se localizan las Leyes de Austeridad, Extinción de Dominio, la ampliación (de 7 a 16) del catálogo de delitos sancionables con prisión preventiva, y el recién creado “Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”, que administrará los bienes y propiedades incautados a criminales y funcionarios ladrones.

Pero las leyes y constituciones no pueden solas. Nunca han podido.

El castigo que la ciudadanía demanda para los servidores públicos deshonestos, más que cárcel y linchamiento mediático, es la devolución de lo hurtado.

Y no está sucediendo en todos los casos.

Se inhabilitó por 10 años -para ocupar un cargo público- al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya, por falsear información y omitir una cuenta bancaria de millones.

No le exigieron el regreso de un sólo peso.

A otro colaborador salinista: Edgar Torres Garrido, ex titular de Pemex Fertilizantes, también inhabilitado, al menos lo multaron con $650 millones, cantidad similar al sobreprecio con que compró la planta industrial Fertinal.

Un caso más de impunidad, ya en la 4T, es el de Karime Macías, esposa de Javier Duarte, acusado por PGR de desviar en Veracruz $233 millones, y por la ASF de ¡$60 mil millones!

La señora Macías vive a un kilómetro del palacio de la reina Isabel II de Inglaterra, en Londres.

En Miami operó la compra de una casa de 7 millones de dólares a través de una firma uruguaya “patito”.

Ni cárcel, con cargo a contribuyentes, ni inhabilitaciones vacacionales.

Devolución del botín.

Y DE MAÑANA…

PUES SÍ que Evaristo piensa que no ganó por AMLO: ayer le dijo en boletín –último párrafo- que Centro “es libre y soberano” (para privatizar)…