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La verdad, siempre ha estado ahí
¿Cuál fue el costo para la seguridad nacional los 15 años que Joaquín Guzmán Loera estuvo libre desde su fuga en enero del 2001, hasta que fue detenido el mismo mes pero de 2016? ¿Cuántas muertes y desestabilización en distintas zonas del país podrían atribuirse a su persona? ¿Hasta dónde llegó la red de intereses político-económicos que lo arroparon durante casi tres sexenios? ¿Cuáles son los rasgos de una crisis de seguridad nacional? Condenado a cadena perpetua, el pasado 17 de julio por el juez Brian Cogan en la Corte de Brooklyn, Nueva York, la figura del Chapo no puede entenderse sin lo que pasó antes y después de su fuga en los órganos de seguridad nacional.
Por Juan Veledíaz /Fotos especiales
Un silencio cayó como lona, aquella tarde de noviembre del 2002, en la sala del Consejo de Guerra del Campo Militar número uno. Era como si los asistentes hubieran quedado sepultados bajo el peso de una capa invisible que los tenía aguantando la respiración. Una voz se escuchó hasta los pasillos y rompió con todo.
De pie, un hombre entrado en canas y ataviado con el uniforme de gala azul zeta del Ejército, luciendo en las hombreras el águila real del escudo de la bandera nacional con tres estrellas bordadas en oro que lo acreditaba como general de división, comenzaba su alocución con una frase que dejó helados a buena parte de los presentes:
-Si hablo, provocaré una crisis de seguridad nacional.
Francisco Quirós Hermosillo, el oficial de artillería que se cambió a infantería y que se ganó sus ascensos por su papel en el combate a la guerrilla en los años setenta, el militar que con su más de metro 80 de estatura, intimidaba a cualquiera, tenía sorprendido a todo mundo cuando se paró mirando de frente al estrado donde estaban los seis miembros de la corte marcial que lo juzgaban.
Era la última audiencia y le tocaba turno para defenderse en público. Había transcurrido toda una semana de diligencias a puerta abierta, donde habían salido a relucir episodios desconocidos de la vida interna de la milicia. Fueron días en que la histórica secrecía del Ejército Mexicano se rompió y abrió una grieta por donde varios altos mandos fueron exhibidos en sus relaciones con los jefes del narcotráfico en México.
Esa tarde, Quirós Hermosillo se guardó todo lo que había hecho detrás de las “órdenes superiores” que recibió de varios presidentes de la República y secretarios de la Defensa Nacional. Decisiones que durante varios sexenios, según dio a entender, sirvieron para resguardar la seguridad nacional.
Y no era el único. Esa tarde, otro general que marcó época por su papel en la guerra sucia contra los grupos subversivos en el país, había sido llevado también al banquillo de los acusados. Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, el oficial de paracaidistas entrenado en la escuela de los Boinas Verdes en Fort Bragg, Carolina del Norte; el militar que hizo de su método para interrogar civiles acusados de ser guerrilleros, un sello en los expedientes sobre desapariciones forzadas en Guerrero, fue condenado esa tarde, a 15 años de prisión acusado de vínculos con el narcotráfico durante los años noventa.
Lo que salió a relucir en esos días, fue que Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo formaron la dupla de generales que tras combatir a la guerrilla, se volvieron “enlaces”, por órdenes superiores, con la cúpula del narco en el país. Nunca imaginaron que en el crepúsculo del antiguo régimen priísta, que se despedía en el año 2000, con Ernesto Zedillo de Presidente de la república y Enrique Cervantes Aguirre, de secretario de la Defensa Nacional, sus trayectorias serían defenestradas en aras de una supuesta “transición democrática” que solo quedó en alternancia política.
Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro fueron detenidos en septiembre del año 2000, cuatro meses antes de que se fugara del penal de Puente Grande en Jalisco, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el traficante de drogas que creció en los años ochenta y principios de los noventa, al amparo de Juan José Esparragoza Moeno, interlocutor de ambos militares, y de Amado Carillo Fuentes.
En la crónica del Ejército contra el narco hubo una trama judicial que se conoció como “Maxiproceso”, fue el juicio contra un centenar de personajes, civiles y militares, acusados de formar parte de la red de intereses de Amado Carrillo Fuentes, el traficante que marcó una época en México y que fue bautizado por las autoridades mexicanas y estadunidenses como “el Señor de los Cielos”.
El Consejo de Guerra era una extensión de aquella trama contra dos de los viejos conocidos de Amado.
Quién iba a imaginar que al paso de los años la frase de Quirós Hermosillo sobre su silencio en aras de impedir una crisis de seguridad nacional, se convertiría en presagio del periodo de inestabilidad que comenzó en el año 2002 con el incremento del poder del crimen organizado, el inicio del control territorial en amplias zonas de la geografía nacional, y la fractura en la columna vertebral de seguridad del Estado. Algo que explotó durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
La desestabilización de la seguridad
¿La condena por vínculos con el narco en el año 2002 contra Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro significó el fin de un ciclo en las relaciones “tras bambalinas” entre el gobierno y los jefes de la mafia de la droga en México? La hipótesis fue una de las lecturas que quedó al finalizar el juicio castrense.
Especialistas en seguridad consultados por este Blog, a raíz de la sentencia de cadena perpetua del pasado 16 de julio de 2019 contra “el Chapo Guzmán” en Estados Unidos, trazaron una línea de tiempo de 15 años sobre la desestabilización en la seguridad del país, a partir del año en que ambos generales fueron sentenciados, hasta que el capo fue capturado en 2017 por segunda ocasión para después ser extraditado.
En 2002, cuando Quirós y Acosta Chaparro llevaban dos años presos, el Chapo tenía en marcha la recuperación de su poder eliminando a sus históricos enemigos, los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix. El primero, detenido en Puebla, y el otro, muerto en un tiroteo en Mazatlán.
En aquel entonces, los reacomodos dentro del negocio del tráfico de drogas tuvieron réplica en el poder civil. Personajes relacionados al PAN, partido que llegaba al poder, quedaron incrustados en áreas de seguridad de las que poco o nada conocían. La fuga del Chapo en enero del 2001 y el papel de los funcionarios responsables del sistema penitenciario y en la Secretaría de Gobernación, quedó como antecedente de la impunidad que en adelante sería norma.
Dos factores serían definitorios para el rumbo de la seguridad interior. La militarización de las áreas de procuración de justicia a nivel federal, con el general Rafael Macedo de la Concha, que dejó de ser procurador militar para ocupar la titularidad de la PGR en el sexenio de Vicente Fox. Y lo que fue el sello de su gestión: la fabricación de culpables y la corrupción de agentes ministeriales.
El segundo factor fue la filtración del crimen organizado para reclutar a soldados de fuerzas especiales comisionados como agentes de la Policía Judicial Federal, y crear el primer grupo paramilitar con entrenamiento especial al servicio de una organización de tráfico de drogas trasnacional.
La CIA, el ejército y el Chapo
Podría decirse que todo comenzó en el verano de 1997. Hacia el interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, hubo un cambio en las alianzas geoestratégicas con Estados Unidos al que se le conoció como el tercer vínculo. En aquel entonces, se sumó a los acuerdos políticos y económicos, un lazo en materia de defensa nacional con una cooperación hasta ese momento inédita.
En el Ejército, de puertas hacia fuera, estaba fresco el episodio que llevó a la detención del general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, el militar de más alto rango acusado, procesado y exonerado años después, por supuestos vínculos con el narco.
Hacia adentro, lo que este episodio dejó, fue una pausa en la colaboración del Ejército con la DEA, la cual encabezó Rebollo, y el inicio de una relación más amplia con el Departamento de Defensa y con el Departamento de Estado, en particular con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuyo jefe de estación en México en aquellos años era John Coll.
La cooperación de la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el general Enrique Cervantes Aguirre, con la CIA, llevó a la creación del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN), pensado como una copia del Central Intelligence Narcotics (CINC), un área de la agencia surgida tras el fin de la Guerra Fría y enfocada en las organizaciones trasnacionales de tráfico de drogas con intereses en la agenda geopolítica en temas como el terrorismo.
El CIAN se creó con dos generales hoy retirados, el entonces coronel Augusto Moisés García Ochoa como jefe, y el entonces teniente coronel Miguel Ángel Patiño Canchola, como segundo comandante. Se integró con un reducido grupo de oficiales que fueron entrenados en las instalaciones de la CIA, en Langley, Virginia. Su preparación se dividió en dos áreas básicas: análisis e investigación. Las labores de investigación incluyeron tareas que, por entonces, no se hacían, en parte porque resultaba muy caro realizarlas. Un ejemplo era la creación de empresas “fachada”, lo que implicaba gastos en renta de inmuebles, altas en hacienda, papelería y manejo de cuentas bancarias. Todo para ofrecer servicios y obtener información confidencial, como sucedió con varias compañías que eran “tapadera” de grupos del crimen en el aeropuerto y que fueron infiltradas.
Los primeros golpes del CIAN fueron contra el llamado cártel del Golfo, con la detención del entonces líder Oscar Malherbe de León, en marzo de 1997, en un centro comercial de la ciudad de México; ocurrió pocos días antes de que se diera la “certificación” del gobierno estadunidense en materia de combate al tráfico de drogas.
Oficiales que participaron en la creación del CIAN, cuentan que la CIA les presentó lo que llamaron “proyecto Caimán”, que después rebautizaron como “proyecto X”, que era donde se vaciaba toda la información generada durante las investigaciones.
Varios de estos oficiales formaron parte también del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) del alto mando de la Defensa Nacional. Cuando en el año 2000 se dio la alternancia en la Presidencia de la República con la derrota del PRI en las elecciones, hubo cambio en el mando del CIAN y el ya general brigadier García Ochoa dejo su lugar a su colega Roberto Aguilera Olivera.
Dos factores marcarían el devenir de las operaciones del CIAN y el papel de la CIA en los siguientes años: la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en enero del 2001, del penal de Puente Grande, en Jalisco, y el surgimiento de un grupo paramilitar al servicio del crimen que había sido un pelotón de soldados de fuerzas especiales comisionado en la Policía Judicial Federal.
La colaboración de la CIA con el Ejército en los primeros años del sexenio de Vicente Fox, se vio modificada tras el atentado a las torres gemelas del 11 de septiembre del 2001. Los agentes que trabajaban desde 1997 con un reducido grupo de oficiales adscritos al Centro Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, se retiraron del país para trasladarse a Afganistán.
Cuando se fueron, las baterías del CIAN estaban enfocadas a recopilar toda la información para la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Cuenta uno de los oficiales que participó en esas tareas, que durante el seguimiento que se le hizo al Chapo, se le asignó una clave la cual era Tomás.
Fue más de un año de intervenciones telefónicas en la sierra de Sinaloa y Durango, escuchando a Tomás. Este militar recuerda que en diciembre del 2003, se iba a celebrar un festejo en casa de una de sus mujeres y había vigilancia especial, pues cada vez que salía de alguna de sus guaridas para bajar a Culiacán o trasladarse a Durango, se sabía cuál era su punto débil y aumentaba la probabilidad de ubicarlo.
Durante la etapa en que mantuvieron intervenidas sus líneas telefónicas, el Chapo Guzmán tenía la costumbre de que siempre contestaba igual el teléfono.
–¿Qué pasó amigo, cómo le va?—
Esa era la frase con la que sabían se trataba de él.
La primera operación del CIAN contra el Chapo fue en 2004. Esa ocasión se dirigía a visitar a la señora Consuelo, su madre, al rancho de la Tuna, en Badiraguato. Cuando lo ubicaron pidieron un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea. El despliegue fue notorio pues se escuchaban los motores en el aire. La imagen con la que se quedaron los militares de fuerzas especiales que iban por él, fue cuando se subió a una cuatrimoto seguido de su escolta en vehículos similares y huyó.
Pese al despliegue de recursos para obtener información, algo sucedía que generaba suspicacias entre los integrantes del CIAN. Los reportes que recibía el general Aguilera Olivera, eran 90 por ciento fidedignos. El jefe del CIAN decía que ese 10 por ciento que faltaba no le servía para actuar.
La siguiente vez que ubicaron al Chapo fue en Altata, en la costa del Mar de Cortés a poco más de media hora de Culiacán. Uno de los oficiales propuso enviar un equipo de buzos que se infiltraran por el lado del mar a la casa que daba a la playa. Aguilera les dijo que ya no viera tantas películas, y no se hizo.
Otra ocasión ubicaron al Chapo Guzmán en Tamazula, Durango. El lugar donde estaba tenía en los cerros de alrededor colocados centinelas armados. Se pensó en lanzar paracaidistas, llevar francotiradores y eliminar a los centinelas. Un abogado del CIAN se opuso, dijo que eso era homicidio y no se hizo.
Oficiales que pertenecieron al CIAN cuentan que hubo un antes y un después en la estrategia para la recaptura del Chapo. Y fue cuando en uno de los operativos en la sierra donde logró huir, durante el cateo se encontró un sobre similar al que se había entregado con un informe confidencial sobre los movimientos de Guzmán, al jefe del CIAN.
-¿Cómo fue a dar a ese lugar?- se preguntaron.
Desde entonces las sospechas de fuga de información se confirmaron.
Hubo también trofeos excepcionales, como el día que quedó identificado todo el anillo de protección formada por militares desertores. En un cateo a uno de los ranchos, decomisaron varios equipos de cómputo. En uno había varias fotografías, ahí apareció Manuel Alejandro Aponte Gómez, teniente desertor apodado “el Bravo”, quien traía al hombro un Lao, lanzacohetes desechable estadunidense. Por la forma en que portaba el armamento, supieron que había estado en fuerzas especiales. Pidieron información en qué año había realizado el Curso de Oficiales Instructores de Fuerzas Especiales (COIFE), cuando tuvieron la lista identificaron a dos más de esa generación que se habían desertado y andaban con él.
Aguilera dejó la jefatura del CIAN a finales del 2006, con el cambio del sexenio. Cuando el general Guillermo Galván asumió la Defensa Nacional, fue enviado de agregado militar a Buenos Aires, Argentina. A los pocos meses le ordenaron regresar, se le ordenó pedir su baja y fue cesado del Ejército. Desde entonces su caso quedó reservado.
Poco antes de que terminara el sexenio foxista, una declaración del general Gerardo Clemente Vega García sonó premonitoria. El saliente secretario de la Defensa Nacional dijo que las cosas se pondrían muy mal, y que meditaba irse a vivir fuera del país.
¿Qué sabía el general Vega que sucedería y que años después se manifestó como una profunda desestabilización en la seguridad interior del país?
Visto en perspectiva, lo que ocurrió en aquellos años salió a relucir hace unos meses durante las comparecencias de los ex socios del Chapo Guzmán, en la Corte de Brooklyn, Nueva York.
Las declaraciones de Vicente Zambada Niebla, primogénito de Ismael “el Mayo” Zambada, generaron sorpresa pero vinieron a confirmar lo que desde aquel entonces se sabía.
Fue motivo de suspicacia la súbita “desaparición” como escolta de Vicente Fox, con su más de metro noventa de estatura, del coronel Marco Antonio De León Adams, que según Zambada Niebla, era el encargado de dar los “pitazos” para que el Chapo se moviera de donde estaba cada vez que iban por él.
Otro fue el señalamiento que hizo contra el ex oficial mayor de la Sedena en los primeros años del sexenio de Felipe Calderón. El nombre del general hoy retirado, Eduardo Antimo Miranda, salió a relucir cuando Zambada Niebla dijo que su padre lo tenía en nómina a cambio de información.
El fantasma del general Aguilera Olivera se paseó por la corte de Brooklyn, cuando se dijo que el Chapo y el Mayo Zambada tenían a más militares en servicio activo en su nómina. Uno de ellos “desde el Estado Mayor”, daba aviso cada vez que iban por alguno de ellos.
El epígrafe del juicio que condenó a cadena perpetua al Chapo Guzmán, quedó escrito a partir de la impunidad que cobija a todos los ex funcionarios civiles y militares que con su actuación, permitieron que el país se hundiera en la espiral de violencia e impunidad del cual aún no sale.
