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La bandera del indigenismo: gran negocio político
Por Antonio Ortigoza Vázquez
Los hermanos Charrez quizá no sólo son un producto químicamente puro del sistema priista y sus mitos, sino también –y esto es lo terrible- de la sociedad mexicana en su conjunto y del desarrollo histórico del país. La esencia del fenómeno no la puede capturar el análisis político sino, posiblemente, el gran ensayo de Octavio Paz, “El laberinto de la soledad”.
¿Cómo es que tres hermanos de conductas semisalvajes, en cierto momento llegan a controlar la zona de Ixmiquilpan y el Valle del Mezquital, Hidalgo, enarbolando la etiqueta del Movimiento Indígena Otomí (MIO), mediante el cual han obtenido puestos públicos, complicidades políticas y decenas de millones de pesos del erario?
Cipriano Charrez, el año pasado, fue apapachado por el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y, en consecuencia, postulado candidato a diputado federal por la alianza con Morena.
Después de las elecciones y la oleada de votos para Morena y partidos coaligados, que propició a lo largo y lo ancho del país triunfos de personajes impresentables, por decir algo leve, Cipriano se dedicó a celebrar su triunfo. Intoxicado por la ingesta de alcohol de varios días, en un paraje de la carretera a la salida de Ixmiquilpan embistió con su costosa camioneta a un vehículo V.W. Pointer conducido por un joven de 29 años, quien murió calcinado atrapado en su auto.
Los testigos del suceso filmaron con celulares cómo el taxi quedaba abrasado por las llamas y el joven trabajador gritaba por auxilio. En los videos difundidos por las redes sociales se vio claramente como el diputado electo Charrez era sacado de su camioneta por un guardaespaldas y era trasladado, a rastras, a otro automóvil. No se supo de su paradero hasta cinco días después, en la Cámara de Diputados, donde rindió protesta y escupiendo por un colmillo, dijo: “Iba manejando mi chofer, pero ya me arreglé con la familia. No hay problema”.
PASCUAL: NEPOTISMO, INEPTITUD, VIOLENCIA COMO ALCALDE DE IXMIQUILPAN
El municipio de Ixmiquilpan, de alrededor de 100 mil habitantes, ha sido azotado por la violencia durante el ejercicio de la presidencia municipal por Pascual Charrez, al grado que en el Congreso local, por medio de la Comisión de Seguridad y Justicia, anunció el pasado 18 de junio que se discutirá la necesidad de citar al alcalde para que explique a satisfacción por qué no ha podido contrarrestar la inseguridad.
Pero el alcalde optó por la huida hacia adelante, al considerar arrojar la pelota a la secretaría de Gobernación, con el anuncio de que solicitará a la titular, Olga Sánchez Cordero, el envío de fuerzas federales en suficiente número para el trabajo que el edil reconoce no puede realizar.
En redes sociales de la zona se ha señalado crudamente que Pascual no pudo, para comenzar, proceder a la detención de su propio hermano, después del accidente carretero donde resultó responsable culposo de la muerte del joven taxista. La protección a la parentela, en todos los sentidos, ha sido la especialidad de la familia Charrez.
Porque en lo que sí ha sido muy acucioso el edil es en colocar a su parentela en puestos públicos del ayuntamiento: no pudo empacho ni vergüenza alguna en nombrar a su consorte, Susana Paz, secretaria de Obras Públicas; a sus hermanos, José y Vicente, director de Gobernación y secretario de Desarrollo Social, respectivamente.
Tres puestos clave para el control del municipio: las obras, donde se manejan los “moches” de los contratistas; Gobernación, el manejo político y Desarrollo Social, el clientelismo con las ayudas a la población marginada y la cosecha de votos cautivos.
Así las cosas, en Ixmiquilpan se advierte el tiempo congelado, en las épocas de los cacicazgos de horca y cuchillo, que se suponían superados hace tiempo.
LARGA CADENA DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
En la delegación de la PGR (ahora FGR) del estado de Hidalgo está radicada la averiguación previa (“en trámite” hace cinco años) AP/PGR/HGO/TUL-I-742-II, donde se pide, mediante oficio 5949/1, el apoyo al Director de Seguridad Pública Municipal de Ixmiquilpan para que se sirva notificar a Pascual Charrez del requerimiento de la instancia federal para que declare con relación a “hechos que se le imputan” en su contra en la Mesa Uno de la PGR con sede en Tula, denuncia que se suma a las también pendientes en la Procuraduría Estatal bajo los folios 7/II/323/2009 y 12/JUBAE/R.A/085/2009, instaurados por Anastasio Marcelino Botho Gaspar.
Con tan sólo estos botones de muestra, queda claro, si fuere necesario, que los hermanos Charrez son impermeables a las acciones judiciales emprendidas en su contra, y pueden quedar en los archiveros de procuración de justicia por lo menos diez años y contando.
Esta parsimonia de la justicia ha permitido a Cipriano Charrez, por ejemplo, llegar como alcalde de Ixmiquilpan y ser diputado federal (hoy desaforado) y a su hermano ser el actual alcalde de ese municipio, pues es evidente que si la justicia hubiese seguido el curso del Código de Procedimientos Penales con la larga lista de denuncias y averiguaciones previas emprendidas tanto sobre Pascual como Cipriano, así como varios de sus subordinados, ninguno de ellos hubiese podido ser postulado a cargo alguno.
Los líderes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) han declarado por su parte que “el destino natural de los hermanos Charrez es la cárcel”.
En cierto momento, los Charrez controlaron Acción Nacional en la zona de influencia de Ixmiquilpan y Valle del Mezquital, donde Cipriano se colocó como candidato a alcalde y ganó con trampas y argucias desarrolladas en la ya larga carrera criminal, mientras que las dirigencias tanto estatal como nacional del blanquiazul se pasaron papando moscas.
XOCHITL LE SOSTUVO LA PATA A LA VACA
Para colarse hasta la cocina con los panistas, los Charrez, cachazudamente, se valieron, en su momento, de los buenos oficios de Xóchitl Gálvez, quien fue la titular de los asuntos indígenas en el gobierno de Vicente Fox.
Ante ella llegaron los Charrez en una posible caracterización de los muy célebres Régulo y Madaleno o bien Chano y Chon, pero lo hicieron tan bien, que la ingeniera se tragó la patraña y les dio el empujoncito que les generó a los dos hermanos, una alcaldía, varias diputaciones y fuerte control político, con el regateo de “apoyos” del gobierno federal para la “producción agrícola” de los indígenas del Valle del Mezquital.
Ya con la cobertura de “líderes indígenas”, con poder en la estructura local del PAN, se dedicaron a meter mano en los procesos de selección de candidatos a regidores, al grado de modificar y falsificar listas de nominados, donde no sólo un denunciante, sino gran número de auténticos militantes panistas resultaron perjudicados: no aparecieron en las listas de candidaturas, lo que generó la denuncia ante el IEEH, donde señalaron también al representante del PAN, Guillermo Cruz Ramos y a la enlace del candidato con el comité directivo estatal panista, Judith Sonia López Olguín.
Todos estos pudieron haber enfrentado inhabilitación si los demandantes hubiesen aplicado presión al juicio, aún inconcluso, pero Sonia López nunca fue removida de su puesto como segunda regidora y además, fue factor clave en los enjuagues de Cipriano como alcalde, ya que fungió como delegada municipal en El Valante, además de lideresa en el Movimiento Indígena Otomí.
Y se dedicó a despojar… a los indígenas. El ejidatario José Hernández Serrano fue víctima de la invasión de tres hectáreas de su terreno de cultivo y los “argumentos” fueron: “No coopera con la comunidad”.
Hábiles trepadores con bandera indigenista, el poder de los Charrez quizá pronto comience a entrar en su ocaso. Por lo pronto, su principal protectora, Xóchitl Gálvez finalmente cayó en cuenta que sus amigos no son otra cosa que logreros, farsantes, embaucadores y delincuentes.
Un signo de la decadencia puede ser el hecho de que, como siempre sucede, tarde o temprano entre malhechores, el reparto del botín genera enfrentamientos y choques, muchas veces violentos. Así, Pascual y Vicente Charrez ya rompieron lanzas contra su hermano Cipriano, escenificaron una trifulca a golpes en las propias oficinas de la MIO y anunciaron la formación de otra organización para “la defensa de los indígenas otomíes del Valle del Mezquital”, la SION.
Ya candidata al Senado por el PAN, Xóchitl soltó de su ronco pecho que “la SION y Pascual quieren enturbiar el ambiente político en el Valle del Mezquital”. Y peor aún: acusó a sus ex compañeros de lucha de “tener denuncias pendientes en la procuraduría estatal por desvío de recursos, de engañar a la gente (como) ha sido su estilo… han recibido más de 13 millones de pesos de parte de Sedesol y no han comprobado el uso adecuado de esos fondos, de acuerdo a la ley, pero en cambio, si hay impuesto su ley mediante la violencia y el terror en diversas comunidades”.
Menos mal que la senadora ya entendió a qué se han dedicado sus otrora protegidos.
