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Ley Garrote, con aval de AMLO: 20 años de prisión por bloqueos

GUSTAVO CORTÉS CAMPA

En el año de 2006, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México calculó que  12 mil personas perdieron su empleo como consecuencia directa del plantón organizado por el candidato perdedor a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde la plaza del Zócalo, avenidas Madero, Juárez y Reforma hasta Periferico. Pero el cálculo no incluía a proveedores de restaurantes, hoteles, oficinas, estacionamientos, con unos 15 mil empleos adicionales desaparecidos.

Luis Gálvez, propietario del famoso restaurante de cocina francesa “Les Moustaches”, ubicado a poco más de tres cuadras al poniente de Avenida Reforma, en charla en su oficina poco después de disuelta “la protesta”, me confió: “Eso nos pegó duro a todos; no tuvimos más alternativa que resistir, pagar los sueldos a base de préstamos, la idea era sobrevivir, pero muchos negocios pequeños no pudieron. Eso fue devastador”.

En este 2019 todavía se pueden observar los hoyos abiertos en el pavimento de concreto hidráulico recién estrenado –una en realidad magnífica obra de mejora urbana- para instalar las tiendas, pero  los plantoneros, sólo pudieron hacer presencia en el Zócalo y avenidas Madero, Juárez y en Reforma hasta el cruce de Donato Guerra. De ahí hasta Periférico, las tiendas estuvieron totalmente vacías.

En su “protesta” por un “fraude electoral” absolutamente imaginario, López Obrador no dudó el dañar una de las más importantes obras urbanas realizadas en su gobierno.

AMLO Y SU DISCURSO ESQUIZOFRÉNICO

En su tercer intento, López Obrador finamente logró ganar la presidencia de la República, gracias a un sistema electoral justamente prestigiado, profesional, imparcial y altamente eficiente. Pero aún así, como candidato triunfador le regatea el mínimo mérito y ajusta planes para desmantelarlo o reducirlo, porque precisamente ese profesionalismo e imparcialidad le estorban para sus planes futuros.

En 2006 el candidato López Obrador le vendió a sus huestes la idea de un “fraude electoral masivo”, aunque la diferencia oficial entre primero y segundo lugar fue de tan sólo 260 mil votos. La práctica conocida de los gobiernos “revolucionarios” cuando decidían hacer fraude, era muy contundente. Así fue en 1940, cuando se tomaron casillas con la pavorosa metralleta “Thompson” en ristre, con saldo de muertos y heridos entre opositores.

Fue en esos comicios cuando las cifras concedieron al candidato oficial, Manuel Ávila Camacho, más del 95 por ciento de los votos, por encima de un opositor muy popular y que se sabe que ganó en la mayoría de las ciudades del país.

Durante 12 años, Andrés Manuel López Obrador realizó los mejores esfuerzos para destruir la credibilidad de la autoridad electoral y no regateó descalificaciones: el IFE –ahora INE- era corrupto, parcial, tramposo, totalmente desconfiable. No obstante eso, participó puntualmente en tres comicios presidenciales e impulsó candidatos a gobernador de la capital del país y de los estados, a presidencias municipales y al Congreso, por parte del PRD, PT y otros aliados ocasionales. Después de su derrota en 2012 organizó Morena como partido y reclamó y usó las prerrogativas, tanto económicas como políticas, por parte del INE.

Si eso no es un discurso y una conducta esquizofrénica… se  le parece mucho.

LA EXIGENCIA SIEMPRE HA SIDO DESALOJO INMEDIATO

En 2012, el ahora subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, declaró al diario “La Jornada”, que como candidato triunfador, Felipe Calderón, le exigió que disolviera el perjudicial plantón de “protesta” y que él, como jefe de Gobierno interino –en rigor, sujeto a las órdenes de AMLO- rechazó categóricamente hacerlo, porque, alego, “él siempre ha sido contrario a la represión”.

Y el diario comentó editorialmente en el  sentido de que Calderón proponía algo así como una “barbaridad”  propia de regímenes  despóticos.

Pero en rigor, el que fuera presidente de la República (2006-2012) sólo  se ajustaba a pedir que el gobernante de la ciudad de México se condujese como tal, y no como miembro –y lo peor, subordinado- de una facción política.

Un gobernante de cualquiera gran ciudad del mundo no puede tolerar un bloqueo, no digamos de dos meses y medio, como fue el caso entonces, sino ni siquiera dos horas.

En aquellas fechas, los opinadores, los políticos, los ciudadanos de a pie que lo sufrieron con desempleo algunos y pérdida de sus negocios otros, querían tan sólo el desalojo; nunca pidieron 20 años de cárcel, como ahora legisló el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, ya fuese con la venia o bajo instrucciones del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

LAS “PROTESTAS”  DE 2012 Y LA FURIA DE MARCELO

En los comicios presidenciales de 2012 López Obrador perdió de nuevo y por un margen amplio, inobjetable. No hizo “plantón”, pero promovió el primero de diciembre, día de la toma de protesta del triunfador, Enrique Peña Nieto, una jornada extremadamente violenta, tanto frente al recinto legislativo de San Lázaro, como en varias avenidas, para desembocar frente al Hemiciclo a Juárez, símbolo urbano restaurado a gran costo, junto con la Alameda Central.

Ese monumento fue pintarrajeado y dañado en varias partes, lo que generó la furia del entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, quien ipso facto ordenó aplicar la ley a los violentos “anarquistas”, movilizados por las huestes de AMLO, jóvenes y no tan jóvenes reclutados entre los estamentos del lumpen citadino.

Otra paradoja: se trataba de una ley local, muy dura, que establecía varios años de cárcel para los transgresores. Y era muy ley diseñada y promulgada… por AMLO.

Como todas las decisiones de López Obrador, la ley tenía destinatario específico: el grupo conocido como “los Panchos Villa”, una organización muy celosa de su independencia como fuerza de choque con tintes fascistas. Se dedican, a la fecha, a invadir predios, asaltar edificios  y exigir vivienda para sus huestes mediante chantaje político.

Nada de sus prácticas, obviamente, son ajenas al lopezobradorismo, sino que lo molesto para el gran jefe es la independencia. Eso se le atraganta a quien sólo funciona con el poder absoluto.

Pero los diputados locales recién llegados eran en buena medida, pejistas. Las órdenes fueron echar abajo esa ley que sólo eran aplicables a los “Panchos Villa”.

Se hizo lo ordenado, pero una diputada despistada, mortificada por si acaso el asunto no funcionaba, preguntó a los operadores de la “reforma”: “Y con esto ya salen los chavos”.

Con gesto muy molesto, los dirigentes camerales, mirando de reojo a los reporteros, le conminaron: “Sí, sí, ya salen… y  shhh.”

Ahora, comenzando por Tabasco, los designios del presidente López Obrador se han cumplimentado en la legislación que puede poner en chirona por 20 años a los que protesten, pero no en una protesta cualquiera, sino la que sea contra la refinería de Dos Bocas, o algún otro proyecto de la 4T.

Para protestas en contra de algún proyecto ajeno a la 4T, esa ley nunca será aplicable.

Estamos en la era 4T: la ley de Dios y de los hombres se deberá aplicar en los bueyes de mi compadre… o no compadre.