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En Condominio

Por Ignacio León Montesinos

La definición oficial  que al más alto nivel dejó sin sustento  a las especulaciones sobre supuestos  recortes en la plantilla laboral de Pemex,  durante la celebración del 77 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el pasado 18 de marzo, reafirmó la alianza histórica que el Estado Mexicano ha mantenido a lo largo de casi ocho décadas con el gremio petrolero. Fue el propio Presidente, Enrique Peña Nieto, quien señaló de manera categórica: “Con la Reforma Energética, a ustedes, trabajadoras y trabajadores de PEMEX, les tocará hacer realidad el cambio más profundo en la historia de esta empresa, desde su nacimiento”.

Indudable que lo expresado por el Jefe del Ejecutivo, cayó como balde de agua helada en el torcido talante de las  famélicas disidencias que en los últimos meses han tratado inútilmente de confundir a los trabajadores petroleros medrando con escenarios por demás alejados de la realidad y de los  retos que, sin duda,  enfrentará Petróleos Mexicanos, pero del brazo de sus trabajadores, como lo refrendaron también  su dirigente sindical, el senador Carlos Romero Deschamps,  y el titular de la ahora Empresa Productiva del Estado, Emilio Lozoya Austin.

En respuesta al mensaje emitido con antelación por Romero Deschamps,  en el acto celebrado, en Dos Bocas, Tabasco, el Primer Mandatario no dejó el menor resquicio de duda sobre el papel que habrán  de jugar los petroleros en el futuro inmediato de Pemex: “Quiero desde aquí, mandar un saludo afectuoso y cordial, y sobre todo mayor reconocimiento y felicitación a todas y todos los trabajadores de PEMEX; a los 150 mil trabajadores que son el alma, el músculo, como ya lo dije, pero sobre todo el orgullo y el motor de esta gran empresa, que es orgullo de todos los mexicanos”.

Momento antes, el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero, había ponderado que “así como hay gente que le apuesta a la descomposición del orden social e institucional  para, a partir de ahí, según ellos, construir uno nuevo, así también hay quienes insisten en su visión supuestamente progresista en demeritar a los trabajadores petroleros, argumentando que reducir su número es indispensable para mejorar el desempeño de PEMEX”.

El senador remarcó entonces los puntos sobre las íes: “Para su desencanto, les podemos afirmar que no hay tales convenios para liquidar a miles de trabajadores petroleros. Lo que sí es real, lo que sí hay, es el trabajo coordinado, profesional y sensato para implementar medidas de racionalidad presupuestal que permitan mejorar la eficiencia  en la operación y, al mismo tiempo, hacer un óptimo aprovechamiento de los recursos humanos”.

El dirigente expresó que su gremio está consciente del impacto que tendrá en las expectativas de crecimiento, la baja en los precios del petróleo, por lo que existe el compromiso de solidaridad con la empresa y con el país en la búsqueda de soluciones. Dijo que por ello, “de tiempo atrás, hemos venido platicando de manera franca y transparente con nuestro Director General, Emilio Lozoya Austin, para encontrar alternativas justas que a ambas partes beneficien”.

Y agregó: “Todo cambio es conmoción y expectativa, pero, sobre todo, adaptación. Probablemente seremos los petroleros los que más rápidamente encontremos esa adaptación. A fin de cuentas, haremos lo que siempre hemos hecho; trabajar con emoción y compromiso”.

A nombre de su organización, Romero Deschamps se comprometió ante al Presidente de la República para que los hombres y las mujeres que laboran en cada una de las áreas de la industria petrolera “aportemos lo mejor de nosotros, pues entendemos puntualmente que del buen resultado de uno u otro modelo, han dependido siempre la estabilidad y progreso de la economía de nuestro país”.

Durante su intervención, el titular de Petróleos Mexicanos, selló el pacto institucional con el STPRM. Loyoza Austin, puntualizó: “El compromiso mostrado por la organización sindical, encabezada por el senador Carlos Romero Deschamps, con la búsqueda de soluciones a los retos que plantea la evolución de los mercados petroleros y la entrega cotidiana de los trabajadores de PEMEX, son la mejor garantía de que PEMEX, una vez más, saldrá adelante”.

Remarcó también: “Como año tras año lo hago, quiero aprovechar esta fecha para refrendar mi reconocimiento a todos y cada uno de los petroleros y a su organización, para expresar mi agradecimiento por estar sumando, con entusiasmo, su voluntad y su empeño al proyecto de transformación en que está envuelta nuestra empresa”.

No cabe duda que los mensajes del pasado 18 de marzo harán  mella en los infundados pronósticos  de los agoreros del desastre laboral  en la nueva Empresa Productiva del Estado.

ELEVADOR.- (Al piso del Tribunal Superior de Justicia).- La implementación de los juicios orales en los juzgados en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, estuvo a punto de provocar un conflicto sindical de proporciones mayúsculas por un grave descuido de los integrantes del Consejo de la Judicatura que pretendían pasar, de inició, a un promedio de tres mil trabajadores sindicalizados a la categoría de personal de confianza, con lo que además de hacer peligrar su estabilidad laboral, hubieran perdido derechos sindicales ya adquiridos y reconocidos en sus Condiciones General de Trabajo (CGT).

Sucede que el craso error, publicado en el Boletín Judicial No 10, establecía en el artículo 10, inciso F: “Los servidores públicos seleccionados para ocupar plazas que integrarán los juzgados de procesos orales en materia familiar y las unidades de apoyo, deberán firmar al momento de su designación, la manifestación de conformidad de que saben y aceptan que la plaza que ocuparán tiene el carácter de puesto de confianza”.

Así, de un plumazo, los integrantes del Consejo de la Judicatura pretendían hacer polvo los derechos laborales de quienes son considerados sindicalizados con carrera judicial reconocida, como son los casos de los pasantes, proyectistas, conciliadores, secretarios de acuerdos, entre otros.

La enmienda que deberá aplicarse para deshacer el entuerto jurídico, deberá especificar que los trabajadores asignados a los juzgados de juicios orales, “tendrán el mismo carácter laboral que todo el personal en el TSJDF, atendiendo lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado”.

Tenemos conocimiento de que el líder  del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal (STPJDF), Diego Valdes Medina, de inmediato se avocó a atender el asunto y desactivar la bomba de tiempo que por un grave descuido, activaron los miembros del Consejo de la Judicatura y que de haber estallado habría representado además un serio conflicto jurídico al pasar por alto lo establecido con puntualidad en la propia ley burocrática.

En las autoridades del Tribunal, encabezadas por el Magistrado Presidente,  Edgar Elías Azar, hay la plena conciencia de que si bien existe de parte del sindicato mayoritario la voluntad al diálogo, también la dirigencia gremial encabezada por Valdes Medina, ha demostrado saber dar muestras de su capacidad de movilización cuando se han pretendido menoscabar los derechos adquiridos de sus miles de afiliados, como sucedió hace un par de año en que por la intransigencia de las autoridades a la negociación, los trabajadores sindicalizados cerraron el tribunal, dando una inobjetable muestra de su fuerza y unidad.

Todo apunta, sin embargo, a que en esta ocasión no llegará la sangre al río, y los trabajadores que pudieran ser afectados con la ilógica disposición, seguirán gozando de sus derechos laborales, en buena medida, gracias a la oportuna y firme intervención de su líder.

SALIDA DE EMERGENCIA.- La brutal explotación a que son sometidos desde hace años  los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, en Baja California Norte, no es un hecho aislado. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), señaló en su informe de noviembre pasado que al gobierno mexicano se le  han presentado también evidencias de la utilización de trabajo esclavo en otras regiones del país. Es el ejemplo  de la empresa jitomatera Bioparques de Occidente S.A. de C.V., con sede en el municipio de Tolimán, Jalisco (paradójicamente premiada en el año 2010 por su responsabilidad social por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con 10 millones de pesos).

El 10 de junio del 2013 fueron liberados 272 jornaleros de ese verdadero infierno  —191 hombres, 45 mujeres y 36 menores de edad— que eran explotados en campos de cultivo pertenecientes a dicha empresa, y obligados a mantener una forma de vida de cuasi- esclavitud.

Otra de las empresa explotadoras de indígenas tarahumaras en campos de cultivo del municipio de Comondú, en Baja California Sur, denominada El Cerezo, tiene su domicilio fiscal en la carretera León-Cuerámaro km. 13, justo donde  se ubica la ex Hacienda de San Cristóbal y se ha levantado un hotel boutique, un restaurante y la empresa procesadora de alimentos El Cerrito, propiedad de los hermanos José, Mercedes y Vicente Fox.

No es extraño que este tipo de empresarios que en su momento ejercieron en el poder en el mal llamado gobierno de la transición con el triunfo del PAN en las elecciones del 2000, sigan manteniendo su estilo de brutal explotación en sus campos de cultivo y empresas. Justo en el sexenio de Fox, su entonces Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, el llamado Rey del Ajo, fue denunciado con abrumadoras pruebas y reportajes sobre la inmisericorde explotación de niños en su Rancho de Guanajuato, Los Aguilares, pero en ese entonces, su amigo el presidente protegió sus abusos, y como se aprecia ahora, es el propio ex presidente y su parentela los que se enriquecen a costa del hambre y la miseria de miles de indígenas, pero la lista de modernos señores feudales es amplia. Esperamos que el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, haga por fin su chamba e informe al país los nombres y apellidos de los esclavistas del siglo XXI.

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