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Por Samuel Cantón Zetina
Miles de días y expedientes, de horas de tribunal, de cientos de testimonios, de decenas de rimbombantes frases…
Las palmas en materia de desprecio a la justicia son -por mucho- para la absolución del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez.
Un juez federal de Tamaulipas -asco dan los corruptos, que deben ser mayoría- determinó que no hay “evidencia plena” de su responsabilidad en la desaparición y muerte de los 43 normalistas.
Abarca pasó casi 8 años en prisión, aunque continúa tras las rejas (cómico, sino fuera trágico) por el añadido del asesinato de un líder social.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, reprobó la exoneración de Abarca acusando al juez Samuel Ventura Ramos de liberar antes a 77 sospechosos del caso.
En Ayotzinapa no hay culpables con “evidencia plena”; Abarca fue víctima (¿) de nuestro asqueroso sistema judicial; mofarse del Estado de Derecho es un deporte nacional popularizado, y se institucionaliza (entre autoridades) la competencia de dictámenes inverosímiles en crímenes mediáticos.
Con los feminicidios de Debahni, Luz Raquel y Yolanda Martínez, se columpiaron de “suicidios” a “accidentes”.
Cayeron solas a cisternas para morir, o se amenazan y prenden fuego a sí mismas.
Otro expediente veraniego emblemático de la suciedad de los jueces es el del abogado gánster que a plena luz del día, en un lugar público, con testigos, en flagrancia y a quemarropa, acribilló sin piedad a la esposa, una joven cantante de prometedor futuro.
Menos ha sido sentenciado.
Y seguramente falta “evidencia plena” de que fue el verdugo, además de que como supera los 70 años, lo más seguro es que desde la comodidad de su lujoso hogar “demuestre” que no fue él, o cumpla condena a pie de chimenea.
Jesús Hernández Alcocer, nombre del homicida, era o es extremadamente influente al interior del Poder Judicial, a pesar -¡Viva México, cabrones!- de que durante décadas ejerció sin título ni licencia…
