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* Este año se contará con unos seis mil millones de pesos, monto 60 por ciento inferior a lo solicitado, lo cual “nos llevará a actuar en lo inmediato, pues se requiere desdoblar el número de jueces ante la reforma laboral”, dijo Álvaro Pérez Juárez
Por BLAS A. BUENDÍA
Especial para Expediente Ultra
“¡Ya basta de jugar a las simulaciones, de realizar reformas y no se dote del presupuesto necesario para su implementación, porque eso es demagogia!”, reclamó abiertamente el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, al Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa, ya que tan solo en la aprobación para el Ejercicio Fiscal 2018, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tuvo un incremento de 600 millones de pesos a los $5’869,693,672 que fueron aprobados y que el 85% será de gasto corriente.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Álvaro Augusto Pérez Juárez, al sostener una reunión con los reporteros de la fuente de Justicia con motivo de inicio de año, en el panorámico piso 12 del edificio de Salas Penales del TSJCDMX, ubicado en avenida Niños Héroes 119, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, detalló una serie de “asuntos que se tienen en cartera”.
Tan sólo este año se contará con aproximadamente seis mil millones de pesos, monto 60 por ciento inferior a lo solicitado, lo cual “nos llevará a actuar en lo inmediato, urgente y vital hasta donde sea posible, cuando se requiere desdoblar el número de jueces ante la reforma laboral”.
En los pasillos tanto del TSJCDMX y la ALDF, se advierte que de este procedimiento administrativo que incluso el propio Tribunal atraerá la política laboral de la capital del país, estará sujeta a su cristalización una vez que se haya concretado el vaivén del Tratado de Libre Comercio que analizan los gobiernos federales de México, Estados Unidos y Canadá.
Si bien el magistrado Pérez Juárez mostró preocupación porque el Ejecutivo federal al TSJCDMX no le ha dado la importancia que merece ya que ésta H. Institución es “garante de la paz social de México”, aceptó que existe un “trasfondo político” que se ha venido arrastrando ancestralmente y cuyos eslabones no se han podido romper debido a las “ataduras invisibles” que lo rodean y que han sido un obstáculo para su completo desarrollo en la impartición de justicia.
Diversas Barras de Abogados, como la Barra Interamericana de Derechos Humanos comentó que es el Ejecutivo federal y de forma tripartita con el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa -como entes republicanos- cumplan con sus acciones que les corresponde porque la Ciudad de México debe tener su importancia en materia de impartición de justicia.
Hoy, dijo el presidente Magistrado Pérez Juárez, se cuenta con 397 jueces y magistrados, un promedio de 3.9 por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional es de 14, lo cual se está lejos de alcanzar, pues significaría crecer en un 80 por ciento el número actual.
La solicitud por ello a la Asamblea Legislativa de otorgar al TSJCDMX un presupuesto de 15 mil millones de pesos, que no se concretó, cuando “ahí se ve la necesidad que tenemos de recursos para el poder judicial”, precisó.
Pese a todo, explayó que con el avance del tiempo se tendrá que dotar de más recursos para cumplir de manera cabal con su responsabilidad, aunque la falta de crecimiento y el incremento de trabajo, dificulta la labor “no nos preocupa, sino ocupar a efecto de dar soluciones”.
El responsable de la impartición de justicia de la ciudad más grande del mundo, detalló sin embargo, que el Proyecto de Ciudad Judicial no se culminará en un lapso breve, ante la reubicación de un gran porcentaje de juzgados y tribunales del poder judicial a raíz de los sismos de septiembre del 2017, los cuales actualmente están trabajando al cien por ciento.
“No se trata de un proyecto reciente, tiene muchas décadas y viene desde el siglo pasado y se estaba cristalizando. Desafortunadamente, el movimiento telúrico trajo consecuencias que no son menores, al reubicarse 55 mil metros cuadrados de oficinas”, destacó.
Los edificios e instalaciones son importantes, pero lo fundamental en la impartición de justicia son las personas que les toca esta tarea, dijo para explicar un caso en el que un juez de control actúo en la liberación de Axel Arenas, conforme al material probatorio entregado por la procuraduría capitalina.
Los costos políticos le toca pagar al tribunal, pero conforme a los elementos probatorios presentados, el juez consideró que el actor no tenía ninguna responsabilidad en la muerte de la modelo argentina Karen Ailén, y lo libertó.
“Si contrastamos el actual sistema con el anterior, la agilidad que se dio a este asunto, la diferencia verdaderamente es abismal, pues en un lapso muy breve se logra determinar la libertad, cosa que antes no era así”, dijo.
Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA), el Poder Judicial cumple con la responsabilidad que le corresponde, por lo cual es necesario conocerlo y capacitar a todos los operadores jurídicos para que se entiendan las determinaciones que se toman.
Las personas que salen en libertad, es en función de las hipótesis del NSPA, pero la prisión no solo se da de manera oficiosa, sino también como medida precautoria, puntualizó al cuestionarle sobre el gran número de personas que reinciden en la comisión de un delito y que al ser liberadas, se convierten en un serio peligro para las sociedad debido al mal programa de reinserción social y que a últimas fechas, el Metro de la Ciudad de México –solo por citar un ejemplo-, ha sido escenario de múltiples asaltos convirtiéndolo en un sitio peligroso de la capital mexicana que inhibe al turismo tanto nacional como internacional.
