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¿Cuáles serán las “importantes y sensibles consideraciones de política exterior” que argumentó el Departamento de Justicia estadunidense al solicitar que la juez Carol Bagley Amon aceptara el levantamiento de los cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda?
A decir de fuentes diplomáticas enteradas del caso, el gobierno mexicano decidió jugarse el resto luego de la sorpresiva detención del exsecretario de la Defensa ‒en el aeropuerto de Los Ángeles, el mes pasado‒ y plantear a Washington que cualquier futura colaboración en materia de procuración de justicia pasaría por la devolución de Cienfuegos.
Es incuestionable el triunfo diplomático para México que representa el sorpresivo anuncio de ayer. Una tarea bien realizada por el canciller Marcelo Ebrard y el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
Nunca en la historia se había detenido en el extranjero a un militar mexicano de tan alto rango y jamás, en los anales de la relación bilateral, se había dado la decisión de devolver a alguien a quien ya se habían fincado cargos en Estados Unidos.
El caso contra el general fue raro desde que se conocieron las acusaciones que le imputaba el Departamento de Justicia: la relación con un líder criminal de poca monta para colocar drogas en territorio estadunidense y obtener ganancias ilegales. Asimismo, las pruebas que supuestamente obran en su contra: entre ellas, mensajes de Blackberry, un medio de comunicación prácticamente obsoleto y ya desechado por el Ejército para cuando habrían ocurrido los hechos. Y así de extraño es también el capítulo que se conoció ayer.
Desde luego, falta saber cómo terminará la historia. En algún momento, el general Cienfuegos regresará a México custodiado por el Servicio de Alguaciles estadunidense para ser puesto en manos de la Fiscalía General de la República, la cual, de acuerdo con el comunicado conjunto que se conoció la tarde de ayer, habría iniciado su propia investigación contra Cienfuegos y estaría en posibilidades de utilizar para ello las evidencias que el Departamento de Justicia dice tener contra el acusado.
A estas alturas, la saga tiene más preguntas que respuestas. ¿Por qué deciden los fiscales estadunidenses proceder contra el militar en retiro sin compartir la información con sus contrapartes en México y por qué, un mes después de su detención, deciden regresarlo a México?
¿Qué será del general a su regreso? ¿Quedará detenido o será liberado? Si es detenido, ¿dónde? ¿En una instalación militar o en una cárcel civil? ¿O en su casa, por consideraciones de edad (72 años)? ¿El acuerdo es que sea procesado (es decir, realmente procesado) en México y por eso la decisión de retirarle los cargos con reservas (dismiss the indictment without prejudice)? ¿Con las evidencias recabadas por los fiscales estadunidenses u otras?
¿Qué significa que las “sensibles e importantes consideraciones de política exterior” son más relevantes que “el interés del gobierno (de Estados Unidos) de llevar a cabo el procesamiento del acusado”? ¿Que sí hay evidencias sólidas contra Cienfuegos, pero se prefiere no enjuiciarlo en Estados Unidos para no dañar la relación con México, es decir, por razones de Estado?
¿Cuánto pesó en la decisión de negociar con Washington la relación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido con las Fuerzas Armadas? La negativa del gobierno mexicano de reconocer a Joe Biden como presidente electo ¿fue uno de los compromisos en la negociación?
El acuerdo alcanzado, en las postrimerías del gobierno de Donald Trump, sucede también tres días antes de que se celebre el acto oficial por el 110 aniversario de la Revolución, cuyo orador será el actual secretario de la Defensa. ¿Será coincidencia?
Finalmente, ¿qué pasará con la reputación del militar? Si toda la trama de su presunta relación con un narco menor, apodado El H2, no llega jamás a comprobarse, ¿cómo se reparará su imagen ante la opinión pública? ¿Siquiera se retractarán todos aquellos articulistas, caricaturistas y políticos que se apresuraron a etiquetarlo como “narcogeneral” y llamarle El Padrino
