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He escrito muchas veces aquí que el principal lastre del país es su débil Estado de derecho.
Y no es que haya descubierto el hilo negro. Es una obviedad del tamaño del Zócalo.
El que la ley unas veces valga y otras veces no, y el que no valga igual para todos, son cosas que han dislocado gravemente la vida pública.
La resistencia histórica a vivir bajo el imperio de la ley ha sido el caldo de cultivo de la impunidad y la corrupción, y explica que, en los hechos, unos mexicanos tengan más derechos que otros y, por tanto, más posibilidades de prosperar.
Tampoco hay manera de entender la grave crisis de inseguridad que vivimos si no apuntamos a la falta de respeto a la ley. Es la causa de fondo por la que las instituciones cumplen tan mal su deber de proteger a los ciudadanos contra la acción de los delincuentes y, peor aún, que éstas sean infiltradas por el crimen y se pongan a su servicio.
Con motivo de la detención de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, se ha vuelto a poner a discusión la estrategia de lucha contra la inseguridad que operó durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.
Ayer, en su conferencia de prensa matutina, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la detención de García Luna “es una derrota a un régimen autoritario, corrupto”.
Agregó: “Es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó, porque todavía hay quienes insisten en que ésa era la opción, ésa era la alternativa”.
Horas antes, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tuiteó lo siguiente: “Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad del pasado; la detención la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de Calderón al Cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que heredamos en esta materia”.
A juzgar por los resultados, la manera en que los tres gobiernos más recientes han enfrentado a la delincuencia no da para presumir.
Nadie puede afirmar con seriedad que lo que habría que hacer es volver a aplicar la misma estrategia de seguridad de hace 12 años.
No sé a quién pueda endilgar Durazo lo de la “aguerrida nostalgia” ni quiénes son los que, a juicio del Presidente, “insisten” en volver a aplicar la estrategia del calderonismo.
Sería un error usar la acusación contra García Luna para justificar lo que se está haciendo en el actual sexenio contra la delincuencia organizada. Sea lo que sea –hay quien dice que ni siquiera existe actualmente una estrategia de seguridad–, es evidente que no está dando resultados.
No hay un solo dato por el que se pueda sostener la afirmación de Durazo de que se ha dado un “punto de inflexión” en materia de homicidios dolosos.
En los diez primeros días de noviembre, hubo 767 asesinatos, de acuerdo con el conteo diario reportado a la Comisión Nacional de Seguridad. En los diez primeros días de diciembre hubo 836.
Para conseguir algo distinto habría que ir a la causa del problema: la falta de respeto a la ley. La impunidad –es decir, la ausencia de consecuencias para quienes desacatan el marco legal– se ha convertido en un aliciente para delinquir.
Nadie quiere ir al pasado. Al menos yo no. Lo que se demanda es terminar sin dilación con la oleada criminal que se abate sobre el país.
Pedir paciencia cuando hay 80 homicidios al día es indebido. Más aún, que el gobierno justifique sus malos resultados mediante la crítica del pasado, cuando ya lleva un año en el poder.
Debiera abrirse a escuchar otras voces, como la de Javier Sicilia, en lugar de recurrir a la descalificación de cualquiera que le pida buscar otro camino.
Y, lo más importante, debiera ir al núcleo de éste y muchos de nuestros problemas como país: la falta de apego a la legalidad.
