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La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define al hambre como una sensación física incómoda y dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías de forma regular para llevar una vida normal, activa y saludable”.
La definición de la FAO es clara, y apunta a una de las cuestiones que deben subrayarse: el hambre es dolorosa, pero no sólo físicamente; lo es también y de manera radical, en el nivel mental y emocional. Vivir con hambre humilla a quien la padece, sobre todo en un mundo con la capacidad de alimentar a miles de millones de personas más de quienes lo habitamos.
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Estamos ante una realidad atroz y ante retrocesos escandalosos en los últimos años. Según los datos de la propia FAO (https://www.fao.org/hunger/es/) en el año 2005 había 810 millones de personas que enfrentaron hambre. A partir de ese año, se había logrado una disminución sostenida hasta el año 2014 cuando se llegó a la cifra de 606.9 millones de personas.
A pesar de lo anterior, a partir del 2015 inició una nueva tendencia de crecimiento en el número absoluto, pero también relativo, de personas con hambre, llegando en el 2020 a una cifra que oscilaría entre 720 y 811 millones de personas, es decir, una cifra absoluta similar a la que se registró hace 17 años, en 2005.
Si bien es cierto que el porcentaje de población mundial con hambre pasó de 12.4% en 2005 a 10.4% en 2022, la reducción es en realidad marginal, y amenaza con agravarse como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto que esto está teniendo en la producción y distribución de granos en todo el mundo.
Al igual que en el mundo, en México no se ha logrado recudir la inseguridad alimentaria. En efecto, de acuerdo con los datos del CONEVAL, en el 2008, primer año en que se realizó la medición multidimensional de la pobreza, el 21.7% de la población enfrentaba vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación. Para el 2018, el organismo estimó que el 22.2% de la población nacional estaba en carencia por carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, mientras que par el 2020 el indicador fue, medido antes del severo impacto de la pandemia, en 22.5%
Ante estos datos y tendencias, preocupa sobre todo que el gobierno de la República haya replanteado su estrategia en la materia, con criterios de operación político-electoral, antes que tomando en consideración las severas variables que nos impone el cambio climático, la desertización de los suelos, la inflación en los precios de los alimentos, la insuficiencia de las redes de distribución y comercialización, la precariedad de los mercados locales, la insuficiente tecnologización de la producción agrícola de los pequeños productores, y una larga lista adicional que, de no atenderse con la inteligencia y estrategias debidas, podrían llevarnos al agravamiento de una situación que ya es de suyo insostenible.
Lo cierto en este contexto es que el gobierno cuenta, en términos reales, con 25 meses para modificar radicalmente su estrategia y dar mejores resultados. Pues del otro lado de la moneda, enfrentamos también los severos problemas de malnutrición, expresados en la obesidad y el sobre peso, que están determinando la muerte de más de 250 mil personas cada año y que, adicionalmente, según los propios datos de la Secretaría de Salud, provocan la pérdida de millones de años de vida saludable, presionando además de manera crítica las capacidades de un sistema de salud cada vez más desarticulado y precario.
El mandato constitucional es claro: los derechos humanos deben cumplirse garantizando el principio de la progresividad. Y en materia de inseguridad alimentaria, que en México estemos en peores niveles que en el 2008, obliga a una revisión seria y responsable a fin de evitar el tremendo dolor que produce el hambre en millones de hogares todos los días.
