Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 44 segundos
Escrito por: Ruth Zavaleta Salgado / @Zavaleta_Ruth
En base a los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de los derechos Humanos debido a la militarización, se conoce que las quejas presentadas contra las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) y de la Guardia Nacional (GN) ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) crecieron exponencialmente entre el 2020 al 2021: SDF: de 359 a 436 y GN de 350 a 504.
A pesar de estos datos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (INEGI), la Marina, el Ejército y la GN tienen mayor percepción ciudadana de desempeño efectivo. De diciembre del 2021 a marzo del 2022, la Marina: de 84.7% a 86%; el Ejército: de 82.8% a 83.4%; y, la GN: de 72.9% a 73.6%.
Son datos que pueden resultar extraños si no se conociera que, en México, las instituciones que gozan de mayor confianza ciudadana, desde hace varias décadas, son las de las fuerzas armadas. Así lo demuestran los datos de las encuestas que año con año realiza Latinobarómetro (citado en estas páginas de México Social) y otras casas encuestadoras mexicanas. Pero también, existe otra explicación que se relaciona con el fracaso de las estrategias de seguridad pública que se implementan en cada sexenio.
Ante el alto índice de violencia e inseguridad que se vive en diferentes Estados de la República, desde la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se incorporó a las fuerzas armadas de forma cotidiana en las tareas de seguridad pública con la promesa de que solo sería temporal, pero no fue así. A pesar de que se cambio la Constitución, se crearon nuevas leyes y se etiquetaron presupuestos extraordinarios, la política de seguridad pública falló y la violencia homicida siguió creciendo.
Paradójicamente, no obstante que, en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duramente las decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas, ahora que él gobierna, mediante el decreto del 11 de mayo del 2020, ordenó que éstas participaran “ (…) de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública (…) durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, (…)”. Pero, un año después, en junio del 2021, el Presidente cambio de forma de pensar y expresó que, la GN debería ser un brazo de la SDN.
El Presidente de la República, al igual que los anteriores, impulsó reformas constitucionales y nuevas leyes para implementar las acciones de su política de seguridad pública. En ese contexto, desapareció a la Policía Federal Preventiva y creó la Guardia Nacional el 27 de mayo del 2019, bajo el argumento de que iba a ser una institución de carácter civil. Hasta marzo del 2022, la GN cuenta con 92, 258 elementos efectivos desplegados, pero la proyección era de que, en este año, habría 126, 776 elementos reclutados.
A decir del Presidente, lo que le preocupa es que la GN se eche a perder como la Policía Federal, entonces, quiere que ésta se consolide como una institución a largo plazo, que perdure hasta después de su sexenio. Contradictoriamente, en lugar de impulsar esa estrategia, ahora expresa su intención de incorporar a la GN como parte de la SDN. ¿En qué ha fallado la GN?
El Presidente no ha dado mayores explicaciones al respecto, pero desde que creó la GN con un titular militar, la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana vio disminuido su peso frente a la SDN. Por ello, el decreto de mayo del 2020, solo fue la formalización de lo que ya estaba pasando entre esas instituciones: Se había impuesto la SDN.
Hoy, uno de los principales problemas que enfrenta la GN, al igual que la Policía Federal Preventiva, es la falta de capacitación de sus elementos para aplicar los protocolos conforme a sus tareas policiacas (no militares). En ese contexto, los mismos errores que se cometieron en el pasado, se repiten ahora con las mismas consecuencias fatales. Recordemos que uno de los hechos más aberrantes que quedaron en la historia del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, son los asesinatos de Javier Arredondo y Jorge Mercado, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el 19 de marzo del 2010. Pues ahora sucedió lo mismo el 27 de abril, en Irapuato, integrantes de la Guardia Nacional dispararon contra un vehículo donde viajaban dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato: Ángel Yael Ignacio Rangel, de 19 años, quien desafortunadamente murió y Edith Carrillo, de 22 años, quedó herida.
Ante estos hechos, el 1 de mayo el presidente López Obrador declaró que enviaba su solidaridad a los familiares y que tuvieran confianza porque se castigaría a los responsables. Lamentablemente, aunque el responsable que disparó el arma con la que murió el joven estudiante ya está preso, eso no garantiza que en el futuro sigan sucediendo este tipo de problemas porque, desde la creación de la Guardia Nacional (con un titular militar) y la participación del Ejército en tareas de seguridad, se han incrementado las denuncias ante la CNDH.
