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* Los gobernadores saliente y entrante, Francisco Olvera y Omar Fayad anunciaron ya que en el proceso de transición no se solapará el famoso “Año de Hidalgo”; y en torno a la investigación del SAT en contra del ex titular del Sistema Hidalguense de Radio y Televisón, Sergio Islas Olvera, por presuntas irregularidades por 100 millones de pesos, anuncian que no habrá impunidad, “caiga quien caiga”
Por Antonio Ortigoza Vázquez
Especial de Expediente Ultra
Una semana antes de que el gobierno del Presidente Peña Nieto anunciara al país el recurso de inconstitucionalidad que presentará la PGR ante la Suprema Corte para anular cualquier intento de blindaje a la corrupción de sus gobiernos por parte de los congresos locales de Quintana Roo y Veracruz, los gobernadores electo y saliente de Hidalgo, Omar Fayad Meneses y Francisco Olvera Ruiz, no dejaron duda alguna de que la palabra impunidad no tendrá cabida en el proceso de transición que ya ha iniciado en la entidad.
Sin recurrir a cábalas o bolas de cristal, es evidente que la decisión tomada desde Los Pinos para poner en su sitio a Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, los predestina a enfrentar todo el peso de la ley por la desatada corrupción mostrada a lo largo de sus administraciones. En la conferencia de prensa ofrecida a los medios en Los Pinos, se dejó en claro que son varias las empresas investigadas por el SAT, bajo la sospecha de presuntas irregularidades en Veracruz.
En Hidalgo, precisamente tanto Paco Olvera como Fayad Meneses no se anduvieron por las ramas cuando informaron que el Sistema de Administración Tributaria investigaba “operaciones raras” en la facturación al gobierno federal y que pueden configurar un fraude por más de cien millones de pesos donde aparece como principal responsable el ex titular del Sistema Hidalguense de Radio y Televisión, Sergio Islas Olvera, quien a su paso por la dependencia mostró su incompetencia sobre asuntos de comunicación y coartó la libertad de expresión a los comunicadores que se negaron a rendirle pleitesía a este abogado que seguramente aprendió sobre asuntos periodísticos en charlas de sobremesa.
De forma rotunda, Olvera Ruiz y Omar Fayad coincidieron en señalar que no se permitirá la aparición del famoso “Año de Hidalgo” , por lo que aceptaron que los procesos de investigación no se remiten únicamente a las probables tropelías de ex Consejero del Instituto Estatal Electoral a quien, como se informó, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha intervenido sus cuentas bancarias, sino también a otras entidades como la Secretaría de Educación local y Planeación, donde hay indicios de que algunos funcionarios cobraron moches a concesionarios de las tiendas escolares y a los propios alcaldes.
“Caiga quien caiga”, fueron las palabras del gobernador entrante y saliente que con toda seguridad han puesto a temblar a más de un sinvergüenza prevaricante. De hecho, Paco Olvera dejó en claro que hasta el último minuto de su gobierno se combatirá a la corrupción. Por lo que a manera de cerrar el trato, Omar Fayad abundó: “Se va a ejercer todo el peso de la ley contra todo el servidor público que crea que porque va a haber un cambio de gobierno puede cometer éste tipo de conductas”.
Resulta alentador que con lo expresado por ambos personajes, Hidalgo se sume a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción que está consolidando el Presidente Peña Nieto en todo el país; valga añadir que en el caso Islas Olvera de nada le valdrá al aprendiz de comunicador –su único mérito en esta área fue encabezar la Comisión de Radio y Televisión del IEEH—haber renunciado el abril pasado al cargo.
A todas luces resulta sancionable que mientras el propio gobernador aún en funciones se fijó un austero sueldo de 75 mil pesos mensuales, muy inferior al de muchos mandatarios del país e incluso de alcaldes que ganan el doble en el Estado de México, un funcionario de medio pelo pueda embolsarse, como lo presume el SAT, cien millones de pesos en sólo cuatro años de permanencia en el cargo público, abusando de la confianza otorgada a su favor.
El Sistema Nacional Anticorrupción que alienta el Primer Mandatario busca que quienes delinquen al amparo de la función pública, desde los puestos más modestos hasta los más altos cargos, paguen con cárcel la defraudación que cometen a la sociedad en su conjunto. Por eso, el mensaje enviado a los hidalguenses por Paco Olvera y Omar Fayad, se ubica en sintonía con la lucha contra los corruptos que ha emprendido el Presidente Peña Nieto, y la demanda de no tolerar más impunidad que reclama la sociedad.
En este contexto, también cobra especial relevancia lo informado por el gobernador electo, Omar Fayad, en el sentido de aplicar una “reingeniería” a la administración pública de Hidalgo, de manera integral, a fin de buscar la optimización de los recursos en estos tiempos de austeridad.
De acuerdo a esto, muchas dependencias que guarden una intrínseca relación o afinidad en sus operaciones, podrían fusionarse para mejorar su desempeñó buscando un importante ahorro de recursos financieros. Se estima que existen en el gobierno estatal y en sus diversas dependencias aproximadamente cinco mil 400 plazas, en su mayoría empleados de confianza y unos 800 puestos de base, es decir, sindicalizados.
Es evidente que la intención del mandatario electo, es hacer más con menos pero sobre todo reducir el gasto corriente para dar prioridad a los programas sociales y los proyectos de infraestructura que no pueden esperar, pues están encaminados al bienestar de la gente, sobre todo la de escasos recursos.
Todo esto anuncia una transición que no dará pauta ni a las corrupciones y muchos menos a las improvisaciones. En tanto llega el momento del recambio, algunos pillos en el estado comienzan a temblar como seguramente lo han empezado a hacer Javier Duarte y Roberto Borge a quienes el blindaje de sus Congresos se les ha desmoronado tras el anuncio oficial de que el gobierno del Presidente Peña no les solapará sus excesos ni corruptelas.
