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* No hay voluntad política para solucionarlos, 600 mil casos se registraron en cinco años en la CDMX y el país; mecanismos de alertas, protocolos y leyes que previenen y los sancionan son ignorados por quienes procuran la justicia
Por BLAS A. BUENDÍA
Especial para Expediente Ultra
Frente a la carencia de voluntad política para abatir la impunidad en materia de delitos sexuales en contra de las mujeres víctimas de sus jefes inmediatos, las cifras registradas de 600 mil casos al año correspondiente al periodo de 2010 a 2015, se elevarán de manera significativa antes de que finalice este sexenio, en la Ciudad de México y resto del país, alertó la Asamblea Legislativa.
A través de un comunicado, se destaca que los mecanismos de alertas, protocolos y leyes que previenen y sancionan la violencia de género y los delitos sexuales son menospreciados por quienes procuran la justicia, ignorados por quienes sentencian, aprovechados y quebrantados por los ejecutivos de los ámbitos laborales privados y públicos lo que deriva en una baja autoestima y productividad de las víctimas, así como de las empresas.
En ese sentido, en un punto de acuerdo, la ALDF exhortó a las titulares de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), del Instituto de las Mujeres (INMUJERES) y a la de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), para que de manera conjunta realicen un diagnóstico sobre la situación de la violencia contra las mujeres, en los temas de Acoso y Abuso Sexual en el Ámbito Laboral suscitados al interior de compañías de la iniciativa privada.
Destaca el documento que con base en un estudio elaborado por el Instituto de la Mujeres del Gobierno federal, las consecuencias sicológicas de las víctimas van desde el trastorno del estrés postraumático, ansiedad y rechazo al trabajo; depresión y pérdida de interés en lo que antes les parecía atractivo.
Detalla que el impacto sicológico obliga invariablemente a las víctimas a renunciar y/o abandonar su área de trabajo debido a la discriminación entre los propios compañeros de labores o que derive en un despido injustificado.
Revela que el acoso y abuso sexual, son prácticas negativas que ejercen los victimarios independientemente de su condición social, económica, académica y creencias religiosas, que generan efectos nocivos sobre las personas victimizadas en las fuentes de trabajo ya sea del sector público en los tres niveles de gobierno y en la iniciativa privada, de la que no se tienen cifras oficiales reveladoras.
Precisa que la mayoría de las modalidades de violencia contra las mujeres se presentan en los ámbitos laborales públicos y privados y recuerda el documento que con base en un Diagnóstico Violencia Sexual, que comprende de 2010 a 2015, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas (CEAV), se desprende que existen al menos 20 mil averiguaciones previas por delitos de violencia sexual por año, en promedio, entre las que figuran el acoso y abuso sexual para la Ciudad de México y hostigamiento para diversas entidades del país.
Sostuvo que existen algunos casos de violencia sexual en las Agencias de los Ministerios Públicos, en las Carpetas de Investigación, que casi nunca concluyen a favor de la víctima, generando que los subsecuentes abusos sexuales queden en el silencio.
En este sentido la ALDF argumenta que de 83 mil 463 averiguaciones previas reportadas por organismos de procuración de justicia estatales, el 81 por ciento corresponde a mujeres menores de 15 años, estudiantes y trabajadoras.
Hace notar que infinidad de casos pasan a formar parte de las cifras negras porque la victima oculta los hechos por miedo a represalias o a que el delito sexual en su contra no sea creíble para los directivos o dueños de las empresas, para los compañeros de trabajo, las autoridades que procuran la justicia y hasta inadmisible para la propia familia, y que sin embargo –señala el documento-, siete de cada 10 mujeres violentadas sexualmente tienen menos de 30 años.
Hace hincapié que los delitos sexuales no distinguen fronteras, lo mismo se viven en los ámbitos del sector público que en el privado, donde muchas mujeres no cuentan ni con los mínimos de seguridad hacia su persona y en muchos casos, ni laborales como sucede en cadenas de centros comerciales, instituciones bancarias, empresas procesadoras de alimentos, maquiladoras y fábricas de diversos giros productivos.
Señala que en lo que respecta al sector privado, sólo existen registros de la Responsabilidad Jurídica de las Empresas frente al respeto de los Derechos Humanos que tienen su antecedente en los 31 Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Tales principios fueron presentados en junio de 2011, y emitidos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie.
Los 31 principios constituyen una Norma de Conducta en Derechos Humanos a nivel mundial para todos los Estados y todas las empresas con independencia de su tamaño, sector, ubicación, propietarios y estructura
Revela, asimismo, que de acuerdo con el Principio Rector 17, las empresas deben proceder con la debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos humanos.
Para tal efecto, se precisa que los principios deben aplicarse sin discriminación, privilegiando los derechos, necesidades y problemas de las personas con mayores riesgos de vulnerabilidad o marginación, tomando en cuenta los diversos riesgos que pueden enfrentar mujeres y hombres, abunda el documento.
Hace notar de igual manera que de acuerdo con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, corresponde a las dependencias y entidades capitalinas, así como a las 16 delegaciones, fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, así como establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el acoso y abuso sexual en el lugar de trabajo.
Indica que para asegurar la uniformidad y la calidad de la atención de las mujeres víctimas de violencia, las dependencias del Gobierno, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a contar con protocolos de atención médica, psicológica y jurídica.
De ahí la importancia de homologar los parámetros de prevención y atención de casos de abuso y acoso sexual en el ámbito laboral público y privado por lo antes descrito, subraya la ALDF.
