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POR PASCAL BELTRÁN DEL RÍO
La decisión no es sobre partidos, porque los más grandes han tenido, todos ellos, la oportunidad de gobernar —a nivel nacional y/o local— y han mostrado, a fin de cuentas, limitaciones semejantes, guiados sólo por su ambición de poder.
Tampoco es entre proyectos políticos o visiones de futuro porque, con todo respeto, éstos brillan por su ausencia, tanto en el oficialismo como en la oposición. En el primero, lo único que importa es la concentración de poder, y en la segunda, contradecir las afirmaciones diarias del Presidente.
Lo que realmente está en juego en el proceso electoral en curso es el respeto a la legalidad. O, de manera más precisa, la posibilidad de que la vida pública del país pueda regirse por leyes y no por el estado de ánimo y la conveniencia de los gobernantes.
Durante décadas, miles de mexicanos lucharon por ese objetivo. Durante la etapa autoritaria del país —entre 1929 y 2000—, la voluntad presidencial prevaleció sobre las normas.
En ese lapso, la demanda social más importante, antes que el reparto del poder, fue vivir en un Estado de derecho, cuyo comienzo fuese el sufragio efectivo.
La construcción del Instituto Federal Electoral, hoy INE, se convirtió en el paradigma de aquel esfuerzo. Hubo muchos que pensaron que con garantizar la libertad de elección concluía el trabajo, aunque, afortunadamente, hubo otros que siguieron insistiendo en que hacía falta un entramado de organismos autónomos que aseguraran que la voluntad presidencial nunca volviese a ser el fiel de la balanza de las discusiones de interés público.
Por desgracia, prevaleció la posición de quienes pensaban que el cambio empezaba y terminaba con la certeza electoral. Unos la defendieron por falta de visión. Otros, por conveniencia, porque con ello hacían avanzar sus propios intereses.
Quizá pocos pensaron que sin un proceso de maduración de la legalidad y la institucionalidad podría regresar por sus fueros el iluminismo.
Hoy nos encontramos en una encrucijada en la que peligra la vida del propio INE. Muchos organismos autónomos, de facto o de jure, ya sucumbieron ante la deriva autoritaria de la elección de 2018. Ahora, quienes piensan que la vida pública debe definirse en función de la voluntad de una sola persona, quieren acabar con el árbitro electoral. Y si la sociedad no reacciona en estos comicios, eso pasará.
A la hora de votar, los partidos importarán poco. La verdadera decisión que se tomará es si los mexicanos quieren ser súbditos o ciudadanos de pleno derecho.
Como sucedió en 1997, habrá un antes y un después de estas elecciones intermedias. Aquella vez, los ciudadanos decidieron que se acababa el régimen de partido de Estado. Con su voto, impusieron un reparto en la Cámara de Diputados y, con ello, un equilibrio entre Poderes. Hay que reconocer que, en aquel momento, el presidente Ernesto Zedillo entendió el papel que le tocaba jugar y no se convirtió en un estorbo para la voluntad popular.
Durante las siguientes dos décadas, se pusieron las bases para un cambio de sistema político, que reemplazara al del autoritarismo presidencialista. Pero hubo quienes lo entendieron como un simple reparto de fichas en la cúpula, con la consigna de ampliar el número de beneficiarios del abuso.
Las elecciones del 6 de junio nos presentan la oportunidad de decidir si queremos una vida pública en la que priven las leyes o la voluntad de un sólo hombre. Es verdad, esta contienda no tiene un piso parejo, pues la intervención sistemática del Ejecutivo en el debate público —que legalmente está prohibida— ha hecho que los dados se carguen en favor de la segunda opción. Pero el sistema electoral es todavía lo suficientemente sólido para permitir que se imponga la decisión de la mayoría.
Por eso es tan importante el sentido del voto que se dará dentro de 54 días. Y, también, tan claro: antes de sufragar piense usted en qué tipo de país querrá vivir en las próximas décadas. En uno en que las diferencias que existen en cualquier sociedad se decidan por las reglas que todos nos hemos dado o en uno en la que una figura patriarcal resuelva por todos con base en su criterio y su conveniencia.
