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Escrito por: Mario Luis Fuentes
En el mes de mayo deben presentarse, por mandato de ley, los Pre-criterios de Política Económica para el año 2023. Se trata de un documento que plantea, con base en la información del desempeño económico real del país, el escenario para el próximo año fiscal.
Hasta ahora, desde hace prácticamente 30 años, los Pre-criterios constituyen un ejercicio inercial, con poca audacia, y que responden a tendencias inerciales de la economía, haciendo énfasis en la estabilidad macroeconómica, y obedeciendo casi siempre a criterios de rentabilidad electoral, antes que a una visión de Estado que dirija al país hacia la recuperación de crecimiento económico, con justicia distributiva y con responsabilidad ambiental.
No puede haber desarrollo sin crecimiento económico; se trata de una condición necesaria. Desde esta perspectiva, México requiere crecer, cuando menos, a tasas de 5% del PIB, como promedio anual, en los próximos 5 años, si queremos avanzar en serio, por ejemplo, en el cumplimiento del objetivo de erradicar la pobreza, en todas sus formas, hacia el año 2030, como es el compromiso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
Si crecer más es condición necesaria del desarrollo, es preciso tener claro que no es condición suficiente, pues se pueden tener altas tasas de crecimiento, y mantener intocadas a la pobreza y las desigualdades. Por ello, México requiere avanzar hacia un nuevo curso de desarrollo que nos lleve a crecer, reduciendo las desigualdades, lo cual, no hay gente seria que piense en contrario, nos permitiría generar un círculo virtuoso de más crecimiento, y otra vez, más igualdad.
La fórmula es simple: se debe crecer más y se debe distribuir mejor. Y ello comienza con una reforma fiscal integral y progresiva; pero acompañada también de una profunda reforma hacendaria: recaudar más, hacerlo proporcionalmente a la riqueza e ingresos generados, y distribuir con nuevos criterios para igualar al territorio y aliviar los rezagos históricos que tenemos.
Propuestas viables y que pueden instrumentarse de inmediato a partir de lo que hay, existen; sobre todo a partir de tres pilares indispensables para cimentar un nuevo Estado de Bienestar: un sistema universal de seguridad social integral; un sistema integral de asistencia social; y un sistema nacional de cuidados. Contamos ya con las bases para los dos primeros; el tercero debe construirse desde cero, pero eso abre la posibilidad de hacer bien las cosas desde el inicio en esa materia.
Mientras eso ocurre; el Estado tiene la responsabilidad de llevar a cabo un viraje radical en lo que se está haciendo en política social, para hacer frente a la contingencia de las crisis que se han generado una tras otra, y que han llevado a la profundización e intensificación de la pobreza.
La principal y más importante decisión que ha tomado el Ejecutivo Federal, en el rumbo correcto, es la elevación del nivel del salario mínimo. Pero lo que se ha hecho hasta ahora no alcanza para la recuperación del poder adquisitivo de otras épocas; y de hecho el impacto positivo se ha diluido por dos razones fundamentales: la primera es que hay registros de que en numerosas empresas se llevaron a cabo ajustes a sus tabuladores salariales, con lo que el incremento del ingreso laboral nunca fue real; y la segunda se explica por los niveles de la inflación en los dos últimos años que, de acuerdo con las y los expertos, se extenderá al menos a lo largo de todo 2023.
Para dimensionar este impacto basta con señalar, por ejemplo, que el valor mensual de la línea de la pobreza extrema o canasta alimentaria que estima el CONEVAL, pasó de 1,313.46 pesos en el ámbito rural en enero de 2021, a 1,496.32 en febrero de 2022; es decir, un incremento de 14% en sólo 13 meses. En el ámbito urbano el crecimiento fue de 1,725.66 pesos mensuales, a 1,950.26 en el mismo periodo, es decir, un crecimiento de 13%.
Frente a ello, el Ingreso Laboral per cápita real, registrado en diciembre de 2021 para las y los trabajadores asalariados fue, en promedio, de 2,745.32 pesos mensuales, es decir, 2.8% inferior al registrado al cierre de agosto de 2021. Y aunque hubo incrementos de 2.4% de ingresos para las personas más pobres, estos palidecen frente a la magnitud del incremento del costo de la canasta alimentaria, es decir, lo mínimo para mantener al organismo en funcionamiento.
Debe añadirse, además, que la pandemia no ha golpeado por igual a la población; y que las mujeres han enfrentado tanto las mayores tasas de pérdida de empleo, salario, horas laboradas y prestaciones asociadas al trabajo. En ese contexto, el cierre de estancias infantiles y ahora el intento de desaparecer las escuelas de tiempo completo, constituyen golpes sociales inexplicables, pues de lo que carecen la mayoría de las mujeres jefas de hogar, es de tiempo para el cuidado de sus hijas e hijos.
En suma, tenemos un escenario económico-laboral crítico: más de 2 millones de personas desocupadas; 40% de quienes trabajan tienen ingresos laborales reales por debajo de la línea de la pobreza extrema; el trabajo informal está en niveles récord; la inflación está en sus niveles más altos desde hace dos décadas; la desigualdad laboral entre mujeres y hombres se incrementó; el trabajo infantil ha repuntado; y el crecimiento acumulado esperado de la economía para el sexenio se ubicará entre cero y dos por ciento del PIB.
Frente a ello, se ha optado por radicalizar los programas y estrategias sociales del neoliberalismo más agresivo: transferir recursos de manera directa a la población, suponiendo que los mercados son perfectos, tienden al equilibrio y distribuyen de manera eficiente; dejando a la población indefensa y a merced de la voracidad y la acumulación sin límites.
Por el bien de México, hay que tomar con seriedad la idea de que debemos poner primero a los pobres, comenzando con niñas, niños y mujeres, quienes están recibiendo los peores impactos de la pandemia y una emergencia económica que se prolonga y ahora se agrava en medio de la incertidumbre global.
