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LA REBELDÍA DE JUECES EN BCS A CUMPLIR MANDATOS DE LA SCJN

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Ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar

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*  Abogados y políticos solicitan al presidente ejercer sus facultades constitucionales para depurar de magistrados “fósiles” al Poder Judicial en la entidad  peninsular

Por BLAS A. BUENDÍA

Especial para Expediente Ultra

Agentes activos como abogados y políticos manifestaron su amplia confianza para que el presidente Andrés Manuel López Obrador también ejecute una limpia de corruptelas añejas en el Poder Judicial, toda vez que inexplicablemente servidores públicos han incumplido resoluciones que han sido estudiadas y analizadas bajo derecho, emanadas de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El estado de Baja California Sur es un claro ejemplo de la omisión e incumplimiento de los administradores de la justicia, pues en los últimos tres quinquenios, ciudadanos afectados y abogados se han enfrentado con varias argucias jurídicas, pese a tener resoluciones a su favor.

A pesar de los cambios en la península sur de Baja California, de jueces y magistrados, ahora hay que enfrentar la resistencia y omisiones de la base laboral-sindical, ya que aún las indicaciones de sus “mecenas”, que fueron reubicados e insisten en obstaculizar el trabajo de los nuevos magistrados que no responden a intereses familiares ni políticos.

La rotación de magistrados en el Poder Judicial ha generado una gran expectativa en Baja California Sur, donde se registra un gran rezago en la ejecución de sentencias y de revisión de diversos asuntos que fueron “administrados” por los jueces para impedir una verdadera impartición de la justicia.

Al respecto, integrantes de organizaciones, tales como Abogados Litigantes Laboralistas de Baja California Sur, A. C.; la Asociación Civil Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana y Profesionistas Independientes, manifestaron su beneplácito por el cambio de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de BCS, donde existen expedientes que son “retrasados” por parte del personal sindicalizado que impide una pronta y expedita resolución de los asuntos.

Urge depurar intereses creados en el órgano de justicia

Los profesionales de carrera que forman parte del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en BCS, que encabeza Noemí Urías, acostumbrados a la forma de “colaborar” con los magistrados Enrique Arizpe Rodríguez y Alejandro Gracia Gómez, ahora hacen “tortuguismo” para entorpecer el trabajo de los nuevos magistrados que están al frente de este órgano judicial.

Hace un mes se realizó, luego de más de 10 años, la rotación de magistrados “fósiles” que ya tenían intereses creados, que formaban parte de las “familias” de la entidad, y los asuntos y procesos en el órgano colegiado, los resolvían de acuerdo a sus intereses y lazos familiares.

Muchos asuntos fueron “entrampados”, y obstaculizados, argumentando incoherencias, por decir, aceptar amparos contra un amparo ya resuelto, entre otros casos.

Los abogados refieren del caso del Hotel Los Arcos, que ya lleva más de una década entre el sindicato de los trabajadores y el dueño del inmueble, Luis Coppola, en donde el juez del segundo distrito falló a favor del empresario, reconociendo que solamente 20 de los 78 empleados, realmente laboraban en la conocida pensión, por lo que el líder del Sindicato de Gastronómicos Alberto Rentería Santana, aseguró que solicitaron una revisión a la sentencia, pues la calificó como “arbitraria e irregular”.

PATRONES INCUMPLIDOS

Luis Alberto Coppola Joffroy es un empresario hotelero y político mexicano, que fue miembro del Partido Acción Nacional de 2004 a 2011, y conforme a su acercamiento con los agentes del poder judicial no solo de Baja California Sur, sino a nivel federal, pretende eludir su responsabilidad de “buen patrón”, violentando la Ley Federal del Trabajo que es la máxima Ley del Derecho Laboral en México, consagrada en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A un mes de la rotación de magistrado, hoy en día, José Luis Delgado Gaytán y Jorge Dionisio Guzmán González, así como un secretario sustituto -mientras designan a un nuevo magistrado-, enfrentan ahora la “guerra sucia” del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en BCS, que responden a los intereses de los inexplicablemente ricos funcionarios reubicados.

Trascendió que hasta uno de esos funcionarios tiene una flotilla de taxis Uber, aseveración que aún cuando no se ha podido comprobar, los denunciantes anunciaron que solicitarán a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, revisar y cruzar los salarios con el enriquecimiento inexplicable de los mencionados magistrados reubicados en Mexicali y Coahuila, presumiéndose la operatividad de una mafia a gran escala que viene maniobrando desde hace varios años con amplia impunidad.

LA CORTE RECONOCE CORRUPCIÓN

Ante la serie de escándalos extrajudiciales, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reconoció que en el interior del Poder Judicial de la Federación existe el problema de corrupción, pero aclaró enfáticamente que ese fenómeno antiético no es generalizado ni mayoritario. “En aquellos casos o sectores donde lo hay, lo hemos detectado lo estamos combatiendo”.

Sin dar a conocer número de investigaciones abiertas contra jueces y magistrados, el Ministro Presidente dijo que hasta el momento la limpia al interior del Poder Judicial ha resultado en destituciones concretas: “Sería bastante inocente de mi parte decir dónde y contra quién hacemos pesquisas”.

Sobre las conjeturas emitidas por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que acusó a jueces y magistrados del estado de Jalisco involucrados en presunta corrupción, Lelo de Larrea indicó que se analiza a conciencia el tema: “Resultó que el caso emitido era de un juez local, no federal”, por lo que no le compete darle seguimiento a ese tipo de investigaciones.

En Baja California Sur, en la víspera fueron cambiados de adscripción dos magistrados del Poder Judicial de la Federación por desempeñar cargos de jueces y magistrados por muchos años en la sede del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, La Paz, Baja California Sur.

Es el caso de los ministros Alejandro Gracia Gómez y Enrique Arizpe Rodríguez. Permanecer por mucho tiempo en los cargos públicos se generan relaciones de índoles sociales, políticos, económicos y financieros, por lo que es sano y necesario el cambio o rotaciones en periodos convenientes, según se alertó en la esfera del Poder Judicial.

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