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* Desde el sexenio de Vicente Fox, los cárteles no han sido molestados en el manejo de los 40 mil millones dedólares que ganan en promedio al año, lo que les ha permitido comprar lo mismo a funcionarios que policías y tener un armamento para enfrentar a las fuerzas armadas; nada han hecho los gobiernos panistas y priístas para combatir el lavado de dinero
Por I. León Montesinos
Especial de Expediente Ultra
El tema de la amnistía al crimen organizado, utilizada como una de las estrategias más recurrentes en la actual campaña presidencial para tratar de dañar la imagen del candidato puntero, es una práctica ejercida desde el poder, de manera encubierta, en los últimos tres sexenios.
El priísta José Antonio Meade y el panista Ricardo Anaya no deberían rasgarse las vestiduras ante un asunto que al analizarse a detalle se transforma en un peligro boomerang que amenaza cortarles de tajo sus acusadores dedos flamígeros.
Habrá que aconsejarles a ambos candidatos andarse con tiento porque la verdadera amnistía a los grupos criminales ya existe y es una práctica común en gobiernos tanto del PRI como del PAN
Analicemos algunos antecedentes: desde finales de la pasada década organismos como la Oficina de Narcotráfico Internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos; expertos en el tema como David Robilland, presidente de la Consultora Global Kroll y el ex asesor de la oficina de la ONU para el Combate a las Drogas, Edgardo Buscaglia, alertaron del riesgo que implicaba para la economía mexicana y la supervivencia del propio Estado, mantener intocables las exorbitantes ganancias de los diversos cárteles que desde entonces han oscilado entre los 30 y 40 mil millones de dólares al año.
Desde el gobierno de Vicente Fox se dio un abierto relajamiento tanto a la lucha contra los capos como a sus mecanismos de lavado de dinero y libre flujo de sus activos. Con la llegada a la Presidencia del extraviado Felipe Calderón y su declaración de guerra al narco, comenzó un derramamiento de sangre por todo el país en una confrontación que de acuerdo a los especialistas, estuvo perdida desde el principio pues no se quiso entender que el verdadero centro de poder de los grupos delincuenciales radica en sus multimillonarios recursos de tal forma que mientras no se implemente una estrategia contra sus redes financieras, su capacidad para corromper tanto a políticos como policías y allegarse armamentos de última generación, estará a salvo.
En diez años de reiterados errores en la táctica para atacar a los cárteles (2006-2016), el gobierno mexicano gastó un billón 138 mil 838 millones de pesos, incluyendo en la gigantesca bolsa de recursos públicos la compra de armas y los equipos más sofisticados de inteligencia y rastreo. Todo por nada, porque la delincuencia organizada está más fuerte que nunca.
Si se compara esta cifra con los dividendos de los capos en el territorio nacional, tal gasto apenas representaría un año y medio de sus ganancias, pues en el mismo periodo las cabezas de la delincuencia organizada se habrían embolsado sin ser molestados en el lavado de sus recursos, unos 400 mil millones de dólares.
En tan desigual comparativo, el gobierno combate a los narcos con resorteras. En mayo de 2015, el Cártel Jalisco Nuevo Generación derribó en la zona serrana de ese estado a un helicóptero del ejército con un lanzacohetes RPG-7, de fabricación rusa utilizados en la guerra del Medio Oriente para destruir tanques; los sicarios de este y otros grupos delincuenciales portan además rifles tipo Barret, capaces de inferir serias bajas a las fuerzas armadas.
A la luz de tan extraordinarios recursos no queda más que darle la razón a Buscaglia cuando señala que el 70 por ciento de los municipios de México se encuentran en poder de los cárteles; decenas de alcaldes y candidatos han sido asesinados por no cumplirle a los grupos delincuenciales, o no plegarse a sus órdenes. La actual clase política no quiere aceptar que al haber contraído “nupcias” extralegales con la delincuencia ahora no puede autoperseguirse.
Vivimos de facto un narcoestado por la “amnistía” que panistas y priístas dieron desde hace más de una década a los capos, al dejarlos trabajar a sus anchas dejando intactos sus ingresos y mecanismos de lavado de dinero.
Lo alarmante es que en esta red de complicidades y mecanismos financieros que han consentido el libre flujo de los recursos provenientes de innumerables delitos se encuentran atrapados políticos de primer nivel, banqueros y empresarios que forman parte de la llamada Mafia del Poder.
La delincuencia organizada es toda una industria del crimen que emplea en todo el territorio nacional a un medio millón de personas, según alertó desde el 2008, David T. Jonson, Director de la Oficina de Narcotráfico Internacional del Departamento de Estado del gobierno norteamericano.
La benevolencia de las autoridades ha permitido que la gama de rentables ilícitos se extienda más allá del tráfico de drogas a otros rubros igual de “productivos” como lo son el tráfico de indocumentados, el secuestro, la extorsión –cobro de piso–, la prostitución y trata de blancas así como el tráfico de órganos y la piratería, actividad esta última que de acuerdo al Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Dávila Flores, arrojó en 2010, ganancias del orden de los 75 mil millones de dólares extras a las mafias.
A este ejército de empleados de los cárteles hay que sumar los cientos de elementos del ejército y las fuerzas armadas que han desertado de cuerpos de élite como El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), que pasaron a formar parte del Cártel de Los Zetas. En el colmo de los fracasos y descontroles, el gobierno ha pagado con los impuestos de los mexicanos la capacitación de los selectos sicarios.
La suma de 260 mil muertos, más de 300 mil desplazados y casi cien mil desaparecidos es parte de los “daños colaterales” de esta “amnistía” otorgada a los narcos en los últimos tres sexenios. Razón por la que tanto Meade como Anaya y sus partidos aliados, deberían pensarlo dos veces antes de invocar un tema que lejos de ayudarles a promover su estancada preferencia electoral, puede remover las arenas movedizas de acumuladas corrupciones y cuentas pendientes, sobre todo de Meade que siendo dos veces Secretario de Hacienda, no le hizo siquiera cosquillas al escandaloso lavado de dinero de los codueños del poder en México.
