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* En nuestro país, el derecho y la justicia, esos viejos conceptos kelsenianos a ultranza, enloquecen ante la imposibilidad de aportar eficacia al concepto de igualdad de todos ante la ley
Por JOSÉ LUIS AGUIRRE HUERTA *
Especial para Expediente Ultra
El Derecho y el Estado son términos comunes y paralelos que han sido rebasados por la interacción social que prevalece en las circunstancias actuales.
El establishment representado por las familias más poderosas del mundo ha orquestado una política económica de exterminio en contra de los marginales, aquellos quienes no han sido integrados a la economía formal de relaciones sociales de producción, han sido definidos como poblaciones que sobran, en contra de quienes va dirigido el consumo de estupefacientes de la peor calidad, para enloquecerlos y exterminarlos no sin antes esquilmarlos hasta con la última gota de su sangre, incorporándolos a la delincuencia para hacerlos productivos en una economía subterránea.
En el panorama antes anotado, el Derecho y el Estado poco o nada han podido hacer.
Los términos retóricos acuñados, tradicionalmente como conceptos jurídicos fundamentales se vuelcan frases huecas, cuasi inútiles, la justicia, el bien común, la paz y tranquilidad social, la equidad, el respeto a los derechos humanos, se constituyen en modelos retóricos, que los aprendices de juristas y los juristas, tienen la obligación de pronunciar con vehemencia, pero no necesariamente debe depositar su confianza, en esos términos carentes de constatación objetiva dentro de la realidad social imperante.
El concepto de justicia se pierde en una máscara, de buenas razones, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo, es un concepto vacio.
Nadie tiene la voluntad de darle a cada quien lo suyo, sino de arrebatárselo en un sistema capitalista neoliberal rapáz.
Los integrantes del sistema societario, carecen del sentido común para poder determinar qué es lo que le corresponde a cada quien.
Las razones del Derecho son insuficientes para justificar porque a un Patricio se le dota de la facultad de constituirse en propietario del trabajo esclavo.
Cuáles son las razones que permiten sostener la condición de esclavo de Espartacus y sus huestes.
Cuál es la norma justificante de la muerte y crucifixión de 60,000 esclavos en la rebelión de Espartaco.
Entonces nadie puede definir con razón que es lo que le pertenece a cada quien.
El derecho ha propalado la idea de constituirse en una ciencia que sirve para regular la conducta del hombre en sociedad.
En nuestros días, ni es ciencia, ni regula la conducta del hombre en sociedad, es más fácil que cualquier fanatismo religioso controle la conducta de los hombres, que la propia norma jurídica.
La norma jurídica no puede ser ciencia, en cuanto emana del capricho de la clase gobernante, por medio de un proceso legislativo de Diputados inútiles quienes carecen de valor científico alguno.
Estamos en el dilema del control social informal, frente al control social formal.
El poder de las mafias planetarias, esta sobrepasando al poder formal del Estado de Derecho.
Tanto se ha dicho de las reformas, en el procedimiento oral acusatorio, un andamiaje inútil o inservible para garantizar la paz y tranquilidad social en el mundo de cosas que desfila ante nuestros ojos.
No existe institución legal que permita garantizar la resocialización, readaptación o reinserción social de quien delinque.
Nada absolutamente nada, garantiza a la víctima de un secuestro, de un homicidio, de una extorsión, una violación, un robo, la posibilidad de la reparación del daño.
Cuando el derecho penal, por fortuna arriba en ambulancia con sirena abierta y torreta encendida a la escena del crimen, es porque ya todo ha fracasado, estando en presencia del derrumbe de los bienes jurídicos, con motivos del hecho delictual, de la prácticamente imposible reparación del daño de la víctima y de la inviable readaptación social del delincuente.
El derecho penal, en nada cumple con los objetivos que preconiza de prevención general disociatora del delito, ni de prevención especial para la resocialización del delincuente.
A nadie intimida, a nadie reeduca, y casi a nadie le concede la reparación del daño.
Enfrentamos la problemática de la ejecución de las penas, en modelos carcelarios constituidos como centros de exterminio, sin ningún aliciente restaurador de la persona humana, habitante de esos campos fascistoides.
El procedimiento penal, sea de la calidad que fuere, no incide en la restauración de ese habitante carcelario, la solución no radica en el proceso de imposición de las penas, sino en la calidad y fin de estas, la forma y propósito de ejecución.
Se nos ha engañado vendiendo como panacea un procedimiento oral adversarial, que todo lo va a complicar y no va a servir para crear un muro contenedor de la pulverización del tejido social.
Como colofón el derecho y la justicia, esos viejos conceptos kelsenianos a ultranza, enloquecen ante la imposibilidad de aportar eficacia, nuestros términos sagrados quedan impávidos, amarrados de pies y manos y solo con una larga lengua vociferante, frente a una nueva figurita social, los niños sicarios, los huérfanos de la delincuencia organizada, no saben qué hacer con los menores infractores, pero tampoco con los enfermos mentales autores de hechos criminosos, con la delincuencia organizada, o con cualquier otro problema social.
Pero los abogados ilusamente seguimos pensando que frente a cualquier pandemia social, debemos construir una norma de medicinal solución.
Ojalá el poder legislativo tenga algún brillo de inteligencia para crear una norma que determine la abolición del hambre.
* Abogado de Profesión
Presidente de la Barra Interamericana de Derechos Humanos
