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Más bueno que malo, en reforma de Amlo al Sistema de Justicia Penal

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Foto Diario Basta

*Reivindica a víctimas, el arraigo para todos los delitos

*Justicia cotidiana: menores serán sancionados como adulto

Por Martha Elba Torres Martínez

Tres temas fundamentales dominaron el escenario mediático esta semana, que debemos revisar con cautela:

El Insabi y los discursos cruzados que solo generan confusión: López Obrador dice gratuidad en todos los niveles de atención médica; la Secretaría de Salud, que sí, pero hasta el 2021, y los enfermos que tienen que pagar las cuotas de recuperación, pero también los medicamentos e insumos, que tampoco hay.

Todos nos preguntamos, ¿dónde jodidos están los 40 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos que se usarían supuestamente para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que ni siquiera fue capaz de elaborar sus propias reglas de operación y que este año ejerce 272 mil mdp?

¿La gratuidad total en diciembre de 2020 o en 2021?, ¿cómo aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gadell?

¿De dónde saldrán los 4 mil mdp para subsanar las cuotas de recuperación de los hospitales de especialidades, establecidas por la propia Secretaría de Hacienda?

¿Cómo entender que corren al personal que operaba Seguro Popular y van a contratar a nuevos para el Insabi? ¿Se trata de pagar compromisos políticos o qué?

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Hacer mal las cosas, es corrupción. Por donde se le vea.

En materia de seguridad, hubo acuerdos también esta semana, con la reunión de la Conago con el gabinete de seguridad. Lo importante: el ofrecimiento de la Secretaría del ramo federal, para que los estados contraten a policías federales que no quieren, definitivamente, incorporarse a la Guardia Nacional.

Ya no gastarían en reclutamiento, capacitación y certificación. Se estiman que son unos 15 mil elementos que se encuentran a disposición de la Unidad de Transición de la SSPC. Como no quiere el gobierno de cuarta, pagar las liquidaciones conforme a la ley, esta área extendería una “licencia” para poder ser contratados en los estados.

Pero esto también tiene sus bemoles. Por un lado, el recorte a las entidades para seguridad, porque en la narrativa es para la GN que se hará cargo de toda la seguridad – ¿cuándo? quien sabe-; por el otro, los sueldos de ex policías con experiencia, bien entrenados y muchos de alto nivel, que tenían sueldos decorosos.

En Michoacán, un policía gana 15 mil pesos, mientras que un igual federal, era en promedio de 22 mil pesos. Y la dependencia de Alfonso Durazo no está dispuesta a soltar ni un quinto para apoyar a los gobernadores y menos a los alcaldes. Recordemos que el desplazamiento de la GN a estados y particularmente a los municipios más inseguros, cuesta. ¿Dónde no? En Chiapas, por ejemplo, donde se encuentran unos 27 mil elementos para frenar a los migrantes centroamericanos. Y en la frontera norte. Las razones son las ordenes de Estados Unidos: ilegales y narcotraficantes…

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El tercer tema en la agenda mediática, incluso sobre la firma del T-MEC por parte del Senado estadunidense, es la reforma al Sistema de Justicia Penal del 2008, y que ahora propone López Obrador. Y que no les sorprenda, queridas y queridos lectores, pero ahora sí estoy de acuerdo con el residente de Palacio Nacional.

Somos millones y millones de víctimas de los delincuentes. Hace dos años, por ahí leí que se estimaba en unas 500 mil personas las que directamente se dedican a delinquir. Desde raterillos y conejos (robo a casa-habitación), hasta sicarios del crimen organizado o por contrato y narcotraficantes.

A esto hay que sumar a los cómplices, las familias –madres, parejas, hijos- que, conscientes de tal ocupación, no solo los solapan, sino los ayudan y hasta les dan la bendición para que la Santa Muerte los cuide y los regrese sanos y salvos, después de haber asesinado a un modesto conductor para quitarle el coche o la cartera con unos cuantos pesos y el celular.

Una relatoría del 2017, del Observatorio Nacional Ciudadano puede ejemplificar con mucha claridad, como poco o nada cambió el Sistema Acusatorio, la seguridad y la justicia en México. Por el contrario, el supergarantista modelo solo benefició a la delincuencia con la presunción de inocencia y dejó en la indefensión a las víctimas.

El caso que a tres años, uno, bajo el gobierno de cuarta, en materia de seguridad y justicia todo sigue igual. O peor:

-La lucha entre grupos de delincuencia organizada, y de estos contra el Estado, con la finalidad de obtener el control de territorios, es más desafiante, extendida y sanguinaria.

-La debilidad institucional para controlar y combatir el delito se agudizó con esa memorable expresión: a los criminales, abrazos no balazos.

La corrupción de autoridades, mandos e incluso de municipios enteros, que por dinero o por miedo, se entregan a los grupos criminales.

Un botón de muestra, es el caso de La Huacana, donde en mayo de 2019, videos mostraron el desarme y secuestro de un grupo de soldados. El rescate que pagó el Ejército, fue la devolución de las armas que les habían decomisado –incluido un Barret-, tras un enfrentamiento con el grupo delincuencial de Churumuco. Pues el pasado fin de semana, éste mismo atacó a policías. Hasta el cierre de esta entrega, cuatro de estos seguían en calidad de desaparecidos.

En rueda de prensa, el pasado lunes 13, y a pregunta de esta columnista, el secretario de Seguridad Pública del estado, Israel Patrón, aceptó que los grupos que operan en estos municipios “están plenamente identificados”.

¿Y por qué no los detienen?

-Estamos trabajando en ello.

Mientras, más policías pueden ser desaparecidos o asesinados. Que para el caso, trágicamente, es lo mismo…

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Pero en lo que estoy.

Es multifactorial la razón por la que el Sistema Acusatorio no dio lo resultados esperados. Desde mi mirada, tiene que ver con la cultura de la legalidad. A Estados Unidos le funciona porque la ley se aplica y ya. No se discute ni negocia.

El otro aspecto, y posiblemente en esto también tenga razón Amlo, se destinaron muchos recursos a la capacitación, equipamiento e infraestructura de las áreas de procuración y administración de justicia ¿y qué pasó?

Pues todo indica que el 1 de febrero, entrará al Senado como Cámara de origen, el paquete de reformas al Sistema Judicial, que recuperará elementos del Sistema Inquisitivo Mixto y rescatará lo que funcionó, del Acusatorio.

Por cuestiones de espacio, se resume lo relevante de la propuesta:

-Elimina los jueces de control. Lo que se le llamó la puerta giratoria para los delincuentes. Con la reforma, solo serán jueces en general.

-Regresa la cárcel para todo tipo de delincuentes, no nada más secuestradores, homicidas y narcos. Pero ahora bajo la figura del arraigo, que no exceda de 40 días, y que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo de que se pele.

-Las víctimas u ofendidos de un delito podrán solicitar la realización de un cateo domiciliario y no sólo el Ministerio Público.

-Las pruebas consideradas ilícitas por cómo fueron obtenidas, podrán ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa.

-Como los delitos fiscales y electorales ya son graves, podrá autorizarse intervención telefónica. No aplica en materia mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

-Los jueces y magistrados de todo el país podrán ser acusados ante el Senado por incurrir en corrupción en los procesos judiciales penales que tienen en sus manos. Lo pésimo, porque politiza: que sean investigados por legisladores federales y un tribunal especial –no el Consejo de la Judicatura-, nombrado por el Presidente de la República y la Cámara Alta.

-La administración de los Juzgados y Tribunales especializados en materia de responsabilidad penal estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la vigilancia y disciplina, estará a cargo del Senado. ¡Uff!

-Cárceles abiertas para los reclusos que no representen un peligro grave para la sociedad, a partir de la reclasificación de niveles de seguridad en los penales.

-Incluye la figura de la comisión de delitos por adolescentes que participen en pandillas y asociación delictuosa, sean prestanombres de la defraudación fiscal y equiparable. Mantiene el principio de que la reclusión de los menores será sólo en caso extremo y refrenda el respeto al debido proceso en todo lo relacionado con delitos en los que se vea involucrado.

-Por lo que toca a la justicia cotidiana, los adolescentes, de entre 12 y 18 años, sí serán considerados responsables cívicamente, por lo que serán sancionados de la misma forma que un adulto, con amonestaciones y servicios a la comunidad; en algunos casos, con multas, que deberán pagar sus padres o tutores.

Objetivamente, sin filias ni fobias, sin juicios de valor emocional, ¿es o no, en la mayoría de los términos, adecuada la reforma que propone Amlo?

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