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Por Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio
La mañana del 3 de agosto de 2019, el supremacista blanco Patrick Crusius abrió fuego contra clientes de un supermercado en El Paso, Texas, matando a 23 personas, de las cuales ocho eran mexicanas.
En vísperas de la masacre, Crusius subió a internet un manifiesto racista en el que llamó a hacer frente a una invasión hispana. Para cumplir su cometido, el hombre disparó al azar en una tienda frecuentada por personas de origen mexicano.
Al día siguiente, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que el Estado mexicano estaba contemplando la posibilidad de presentar una “denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en territorio de Estados Unidos”.
Dicha acción no se materializó, pero la intención vuelve a ser relevante casi dos años después. Y es que el sábado pasado, en otra ciudad fronteriza, a mil 300 kilómetros de ahí, sicarios de dos facciones del Cártel del Golfo recorrieron las calles de Reynosa, Tamaulipas, ejecutando a personas inocentes. Al azar, como en El Paso.
Digo que aquella declaración de Ebrard es nuevamente relevante pues, desde hace año y medio, autoridades estadunidenses y especialistas en crimen organizado han opinado que los cárteles mexicanos debieran ser etiquetados como grupos terroristas en el marco de las leyes de aquel país.
Actualmente, la lista de organizaciones terroristas extranjeras –o FTO, por sus siglas en inglés–, publicada por el Departamento de Estado, está integrada por 72 grupos.
Para entrar en esa categoría, el Departamento de Estado, luego de consultar con sus pares de Justicia y del Tesoro, debe notificar al Congreso que, en cumplimiento del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ha identificado a una organización terrorista extranjera y ha decidido enlistarla. El Congreso tiene siete días para rechazar la acción; en caso de no hacerlo, ésta queda firme.
Los efectos de la designación como organización terrorista son múltiples. De acuerdo con la página de la Oficina de Antiterrorismo del Departamento de Estado, se les aísla internacionalmente, se previenen operaciones financieras que involucran a dichos grupos, se incrementa el conocimiento público sobre ellos y se alerta a otros gobiernos respecto de la preocupación que causan a Estados Unidos.
En noviembre de 2019, luego de la masacre de Bavispe, Sonora, contra miembros de la comunidad LeBaron, el entonces presidente Donald Trump propuso designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Lo mismo hizo, en abril de este año, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien considera que las bandas criminales mexicanas contribuyeron al caos migratorio en la frontera mediante el tráfico de personas.
El mes pasado, Derek S. Maltz, exagente de la DEA, quien durante una década estuvo a cargo de la División de Operaciones Especiales de la agencia antidrogas, advirtió que el uso de drones cargados con bombas por parte de los cárteles mexicanos –como ha ocurrido en Michoacán y Guanajuato– era causa suficiente para inscribirlos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras.
Debe notarse que en dicha lista hay grupos que trafican drogas, como el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, por lo que la inclusión de los cárteles mexicanos no sería una novedad. Puede alegarse que éstos no tienen objetivos políticos explícitos como las organizaciones terroristas en sentido clásico, pero su incursión en las elecciones, financiando a algunos candidatos y matando a otros, obliga a hacer un matiz.
El ataque del sábado pasado en Reynosa no es la primera vez que la delincuencia organizada la emprende contra la población civil para cumplir con sus objetivos. Debe recordarse el ataque con granadas en Morelia, la noche del Grito de 2008, y el coche bomba en Ciudad Juárez, en julio de 2010, que mató a un médico que acudió al lugar para auxiliar a un policía que supuestamente estaba herido.
Desde luego que puede debatirse si los cárteles mexicanos realizan actos de terror –para mí, lo de Reynosa claramente lo es–, pero lo indudable es que seguirá subiendo la presión para designarlos como terroristas, sobre todo si las autoridades mexicanas siguen fallando en llevarlos ante la justicia.
