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Convertido en 1994 en foco de la atención nacional y prioridad de los objetivos de desarrollo social, Chiapas ha cambiado poco desde los días previos al alzamiento zapatista, cuando menos en lo que los indicadores económicos señalan.
El estado sigue siendo, de lejos, el más pobre del país. Allí, el salario promedio es 40% inferior a la media nacional. La participación de Chiapas en el PIB nacional, en 2019, fue de 1.5%, mientras que el de la Ciudad de México, de 16.4% (en 2013, los mismos datos eran de 1.7% y 17%, en ese orden). Mientras el ingreso per cápita de un chiapaneco fue de 62 mil pesos el año pasado, el de un capitalino fue de 413 mil pesos (una brecha mayor a la que había hace siete años, cuando los mismos datos eran de 49 mil y 290 mil pesos, respectivamente).
Mientras que la pobreza laboral en Chiapas es de 64.9%, en Baja California es de 17.4%. Mientras en Chiapas el acceso a los conocimientos básicos es de 66%, en Querétaro es de 88%. Mientras que 44% de los chiapanecos está conectado a internet, el porcentaje de sonorenses en la misma condición es de 88 por ciento. Mientras la deuda pública en Chiapas es de 6.9%, en Guanajuato es de 0.8%. Mientras Chiapas tiene un coeficiente de desigualdad de ingreso Gini de 0.482, el del Estado de México es de 0.322. Mientras que en Chiapas 29.7% de la población vive en pobreza extrema, en Nuevo León esa proporción es de 0.5% (fuente: México ¿cómo vamos?).
A 26 años del alzamiento del EZLN, que obligó a todo mundo a volver la vista a Chiapas, el estancamiento del estado se mantiene, e incluso se han profundizado allí muchos aspectos de la desigualdad. Uno tiene que preguntarse de qué han servido las promesas de atención al estado y los cientos de miles de millones de pesos de recursos públicos que se han vertido sobre él en este tiempo.
Desde luego, hay que cuestionarse qué han hecho los sucesivos gobiernos federales por Chiapas, pero también los gobiernos locales.
Si uno atiende la información que se conoció la semana pasada, la conclusión es que Chiapas es el estado más pobre del país, pero eso no obsta para que tenga dinero para gastar en grilla.
Sería trágico que el dinero que cambió de manos ante la cámara de video haya provenido de un presupuesto que debiera tener como objetivo casi único resolver las carencias de más de cuatro millones de chiapanecos que viven en pobreza.
Desde luego, una investigación imparcial tendrá que determinar que es ése —o bien, contribuciones individuales voluntarias— el origen de los recursos que entregó David León, asesor del gobernador Manuel Velasco, a Pío López Obrador, hermano del hoy Presidente, para hacer patente el apoyo del mandatario estatal al fundador de Morena, según se le escucha afirmar en la conversación grabada.
De ser así, no sería un hecho raro en la biografía de Velasco, pues, si nos atenemos a lo que contó Santiago Nieto Castillo en su libro Sin filias ni fobias: memorias de un fiscal incómodo (2019), al hoy senador le gusta resolver las cosas con dinero. El actual jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera relata allí que cuando se presentó en Chiapas, en su condición de titular de la Fepade, para revisar lo que sucedía en el marco del proceso electoral local de 2015 —mismo año de las reuniones entre León y Pío—, el gobernador lo quiso intimidar y luego intentó sobornarlo.
“¿Cuánta lana quieres?”, le preguntó Velasco, un cuestionamiento que Santiago Nieto califica en el libro de “grotesco, absurdo, fuera de lugar”.
Después de leer eso, me parece extraño que Velasco tenga tantas consideraciones por parte de un gobierno que se ha propuesto acabar con la corrupción y poner en primer lugar a los pobres.
Y debe haber sido sumamente desconcertante para muchos senadores morenistas el que, el 4 de septiembre de 2019, mismo día que dieron una gran muestra de independencia al negar a Velasco la solicitud de licencia para reincorporarse al gobierno de Chiapas a fin de concluir su sexenio, una misteriosa llamada telefónica al entonces presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, los haya obligado a meter reversa.