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POR QUÉ NO PARTICIPARÉ EN LA CONSULTA POPULAR

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Por Pascal Beltrán del Río

El domingo 6 de junio acudí a votar con la misma convicción y entusiasmo que me han llevado a las urnas desde que cumplí la mayoría de edad.

Fue particularmente emotivo ver la enorme participación de mis vecinos en la casilla a la que acudo sin falta cada tres años, en la escuela secundaria Josefa Ortiz de Domínguez.

Me siento orgulloso de haber sido parte de un proceso que demostró la madurez de la democracia mexicana y la eficacia organizativa del Instituto Nacional Electoral. Mientras eso no nos falte, el país siempre tendrá solución a sus problemas.

Dicho eso, he tomado la decisión de no participar en la consulta popular del 1 de agosto, a la que estamos convocados los mismos 94 millones de ciudadanos que formamos parte del listado nominal. No soy abstencionista, jamás he dejado de ir a votar, pero este proceso me parece viciado de origen y absolutamente innecesario.

Recordemos brevemente cómo llegamos al absurdo de tener que organizar una elección menos de dos meses después de celebrar otra, y cuando todavía no se agota el periodo de impugnaciones de la votación anterior. 

La figura de consulta popular se incluyó en la Constitución con motivo de la reforma política de 2012, que incorporó la iniciativa ciudadana. Se intentó usar dos veces –en 2015 y 2018–, pero sus impulsores fracasaron al no reunir los requisitos legales.

Durante la campaña electoral de 2018, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador quiso distinguirse de su contrincante Ricardo Anaya, quien prometió que, de ganar los comicios, metería a la cárcel a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. El tabasqueño calificó de demagogo a Anaya y lo retó a explicar cómo lo haría.

Hasta entonces, López Obrador se había manifestado por cerrar el capítulo del pasado. Hablaba de “perdón, no olvido”, de “buscar la reconciliación” y no aplicar la persecución.

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Sin embargo, el planteamiento de Anaya hizo que su idea de reconciliación fuese confrontada. El 25 de marzo de 2018, en Guadalajara, al reunirse con víctimas de la violencia, López Obrador negó que fomentara la impunidad. Eso lo llevó luego a decir que, de ganar las elecciones, convocaría a una consulta para que la gente decidiera cómo resolver el tema del pasado, aunque siempre dejó claro –lo sigue diciendo hasta hoy– que él no está de acuerdo en someter a juicio a los expresidentes porque “lo más importante es evitar la corrupción del futuro”.

Ya como Presidente, López Obrador promovió la reforma del artículo 35 constitucional, que tutela la consulta popular. Pero como no tiene mayoría calificada en el Senado, el oficialismo aceptó la exigencia de la oposición de que ésta no se llevara a cabo el día de las elecciones –cosa que también ocurrió con la figura de revocación de mandato– por el temor de que el Presidente la usara para orientar el voto a favor de su coalición.

Luego, la Suprema Corte tuvo que decidir si la consulta cumplía con los ordenamientos legales y si se podía llevar a cabo. Por seis votos a cinco, los ministros avalaron el ejercicio, pero cambiaron la pregunta propuesta por el Presidente.

Ésta ya no sería si se enjuicia o no a los expresidentes, como quería López Obrador, sino la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

No participaré en la consulta del 1 de agosto porque el supuesto contemplado en la pregunta no requiere del aval de los ciudadanos. Con consulta o sin ella, el Ministerio Público puede consignar a un expresidente o cualquier otra persona que presuntamente haya cometido un delito, sujetándose, desde luego, al debido proceso. En el mejor de los casos, la consulta es una perogrullada. En el peor, una perversión de la justicia.

Lo mejor que puede pasar con esta consulta es que no alcance la participación mínima requerida –40% del listado nominal o unos 37 millones de votos– para que podamos tirarla a la basura, como se hace con las malas ideas, y no tengamos que pasarnos meses discutiendo cómo ponerla en práctica.

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