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Por Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio
El año entrante, ocho gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México podrían tener que someterse —al igual que el Presidente— a un proceso de revocación del mandato si se reúne el número de firmas previsto en la Carta Magna.
Aprobada a fines de 2019, la reforma que creó dicha figura acaba de cumplir 18 meses de promulgada, plazo que se otorgó a las entidades federativas para adecuar sus ordenamientos al texto constitucional. De acuerdo con éste, sólo puede solicitarse una votación para remover a un ejecutivo local una vez cumplida la mitad de su periodo.
Según el artículo sexto transitorio de la reforma, publicada el 19 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial, “la solicitud deberá plantearse durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 40% de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta”.
Los únicos estados que en 2022 cumplen esos supuestos son aquellos que eligieron Ejecutivo local en 2018: Guanajuato (cuyo gobernador tomó posesión el 26 de septiembre de 2018, por lo que el proceso de recolección de firmas para el proceso de revocación sería del 26 de septiembre al 26 de diciembre de 2021), Yucatán (1 de octubre de 2021 al 1 de enero de 2022), Morelos (idem), Veracruz (1 de diciembre al 1 de marzo), Ciudad de México (5 de diciembre al 5 de marzo), Jalisco (6 de diciembre al 6 de marzo), Chiapas (8 de diciembre al 8 de marzo), Puebla (14 de diciembre al 14 de marzo) y Tabasco (1 de enero al 1 de abril).
La reforma establece que la jornada de votación “se efectuará en fecha posterior (a la recolección de firmas) y no coincidente con procesos electorales o de participación ciudadana locales y federales, y quien asuma el mandato del Ejecutivo revocado concluirá el periodo constitucional”.
A diferencia de los procesos de revocación de los gobernadores, el del Presidente de la República pide tres por ciento de firmas de la lista nominal para ser convocado. Y en el caso del periodo constitucional 2018-2024, fija como periodo para la recolección de adhesiones todo el mes de noviembre y la primera quincena de diciembre de 2021 (es decir, seis semanas para recabar cerca de 2.9 millones de firmas). Tentativamente, dicha elección se realizaría en los primeros días de marzo de 2022. En el caso de la Ciudad de México, el artículo 25 de la Constitución local fija los términos del proceso de revocación —que sería organizado por el instituto electoral capitalino—, mismos que coinciden con lo señalado en la Carta Magna.
La figura de revocación del mandato, que fue promovida por el presidente López Obrador desde la campaña electoral, se cierne ahora como espada de Damocles sobre la cabeza de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, más que sobre la de otro ejecutivo local. De las nueve entidades mencionadas arriba, la Ciudad de México fue la única en la que el partido o coalición gobernante a nivel estatal quedó en minoría frente a la oposición en los comicios del 6 de junio.
En la elección de diputados federales, los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvieron, en total, un millón 818 mil votos, contra un millón 838 mil de la alianza opositora Va por México. Además, ésta ganó nueve de las 16 alcaldías en juego. La oposición tendría, si quisiera, el margen para recabar las 777 mil firmas necesarias, en al menos nueve alcaldías, para convocar a un proceso de revocación del mandato de Claudia Sheinbaum en términos de la reforma impulsada por el presidente López Obrador.
buscapiés
*Por defender un proyecto político, Hugo López-Gatell hizo la declaración más insensible hasta ahora sobre los niños con cáncer, al alegar que sus padres protestan por la falta de medicamentos como excusa para alentar el golpismo. Miserable.
