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Por Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio
En su informe trimestral, ayer en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su disposición –por no decir que su entusiasmo– de someterse al proceso de revocación de mandato incluido en la Constitución a fines de 2019.
El mandatario presumió una encuesta telefónica realizada por su gobierno –y de la que no se hizo pública metodología alguna– que le daría un apoyo de 72.4% en caso de que los ciudadanos sean consultados sobre su permanencia en el poder. De acuerdo con el mismo sondeo, únicamente 22.7% estaría a favor de que deje el cargo.
El 24 de junio de 2018, durante un acto de campaña en León, Guanajuato, el entonces candidato presidencial prometió impulsar una reforma para preguntar a la ciudadanía, a la mitad del mandato, si quería que el Presidente siguiera en el puesto.
“Me voy a poner a prueba, va a haber una consulta a mitad del sexenio y se le va a preguntar a la gente si quiere que continúe o que renuncie, porque el pueblo pone y el pueblo quita”, afirmó López Obrador. “Se va a aplicar la democracia participativa y, como voy a querer terminar el sexenio, me voy a apurar para ganar la consulta”.
El tabasqueño quería que la continuidad del Presidente se consultara a la par de las elecciones intermedias. Sin embargo, las negociaciones con la oposición para sacar adelante la reforma constitucional dispusieron que la votación sobre la permanencia del Ejecutivo se realizara después de que éste hubiese rebasado la mitad de su mandato.
Se hicieron entonces cambios a los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de la Carta Magna para permitir la revocación del mandato del Presidente de la República y los gobernadores de los estados.
En el primer caso, quedó establecido que se requiere recabar un número de firmas de ciudadanos equivalente a 3% de la lista nominal de electores y la convocatoria del Instituto Nacional Electoral a una votación libre, directa y secreta para decidir si el Presidente termina el periodo para el que fue elegido.
En los artículos transitorios de la reforma, se incluyó un calendario especial para el periodo 2018-2024, que ordena que las firmas se recaben “durante el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2021”. De acuerdo con el número actual de electores en el listado nominal, se requeriría de poco más de 2.8 millones de firmas para echar a andar el proceso de revocación, mismas que tendrían que levantarse en 45 días y en por lo menos 17 entidades federativas, donde también tendrían que representar 3% o más del listado nominal respectivo.
La petición para realizar el ejercicio “deberá presentarse dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de 2021”, se agrega en los transitorios. “En caso de que la solicitud sea procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud”, es decir, a más tardar el 4 de enero de 2022. “La jornada de votación será a los sesenta días de expedida la convocatoria”, esto es, el 5 de marzo de 2022 como plazo máximo.
Si se convoca a dicho proceso, los ciudadanos tendrían que ir a las urnas dentro de ocho meses para decidir si el presidente López Obrador se queda o se va. Eso ocurriría después de haber votado en las elecciones intermedias, el pasado 6 de junio, y en la consulta popular, a realizarse el próximo 1 de agosto, misma que, por cierto, no fue mencionada por el mandatario en su informe de ayer. Es decir, tres votaciones nacionales en un lapso de nueve meses.
En caso de ser removido de su cargo, dice la reforma constitucional, el presidente de la Cámara de Diputados ocuparía temporalmente el Ejecutivo en lo que el Congreso designa a quien termine el sexenio.
En su mensaje de ayer, López Obrador echó a andar la discusión sobre la revocación presidencial, con lo que mostró su deseo de mantenerse permanentemente en campaña.
De acuerdo con sus datos, no tendría problema en salir adelante del proceso, por lo que la elección de marzo entrante sería, en realidad, una ratificación del mandato. Sobre todo, si quienes juntan las firmas para convocarla son sus propios partidarios.
