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*Desde el principio del gobierno no se permitió que alguien más señalara la ruta a seguir
“La suerte es lo que ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad”, dijo Séneca en el primer siglo de nuestra era.
Ayer, Andrés Manuel López Obrador aludió a las dotes de la diosa fortuna para responder a los gobernadores surgidos del PAN, quienes se quejaron de que el Presidente hubiese señalado a los mandatarios estatales por no asistir a las reuniones matutinas de seguridad en sus respectivas entidades.
“No por mucho madrugar amanece más temprano ni se obtienen mejores resultados”, escribieron aquéllos en una carta abierta, que se dio a conocer el martes por la noche.
“Cuando no existe estrategia del gobierno de la República para combatir los delitos de competencia federal, las políticas son huecas y los resultados son nulos”, agregaron.
Cuestionado sobre el tema en su conferencia mañanera del miércoles, López Obrador dijo que él pensaba que “el que se levanta temprano tiene alguna ventaja, porque temprano se reparten los pedacitos de suerte y el que se levanta tarde ya no alcanza boleto”.
La lucha contra la inseguridad, el peor flagelo que hemos enfrentado los mexicanos en un siglo, no es asunto de suerte. Pero, como dice Séneca, ésta le cae más al que se prepara. No basta con levantarse temprano y asistir a todas las juntas. Para ser buen alumno, no es suficiente pasar lista; hay que estudiar para el examen.
Con mucha frecuencia, el presidente López Obrador afirma que nadie atiende el problema de la inseguridad como él, pues todos los días, de 6 a 7 de la mañana, se reúne con su gabinete de seguridad. ¿Qué ocurre en esas juntas? Eso no queda tan claro. Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse por qué, tras más de 300 reuniones diarias, los resultados en la materia son decepcionantes.
El estilo personal de gobernar de López Obrador ha estado marcado por la centralización del poder. Como no había ocurrido en varias décadas, el Presidente se ha asegurado que las decisiones relevantes se tomen en Palacio Nacional.
Los órganos autónomos han sido minados de su autoridad, el Legislativo trabaja al ritmo que marca el Ejecutivo y lo mismo comienza a pasar con el Judicial.
La política de seguridad no escapó a la centralización dictada por el Presidente. Desde el principio de su gobierno dejó claro que cambiaría la estrategia seguida en sexenios anteriores y no permitió que alguien más señalara la ruta: la paz se lograría mediante la aplicación de programas sociales –para resolver las “causas de fondo” de la violencia– y mediante una labor de disuasión de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo de seguridad que prometió durante la campaña electoral.
En ningún momento figuró el fortalecimiento de las policías estatales o municipales en su estrategia. La gloria de acabar con la violencia sería del gobierno federal y no la compartiría con nadie.
Esta tarea daría frutos en tres meses, se aseguró. Luego, el Presidente habló de seis meses. Cuando se cumplió este último plazo y no hubo resultados que presumir, se optó por buscar justificaciones. Dos fueron las principales: el pasado –“el desastre que nos heredaron no se compone en un día”– y los gobernadores flojos que no se levantan temprano y no cooperan en resolver el problema.
El peor escenario que pueden enfrentar los ciudadanos es uno de reproches constantes entre el gobierno federal y los de los estados. Ojalá que la reunión de ayer entre las partes dé lugar a la convicción de que, para salir de ésta, las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrán que cooperar.
Se necesita una nueva estrategia –algunos dirán que se necesita una estrategia, punto– que tome en cuenta las diferencias regionales y fije una adecuada distribución de responsabilidades.
Por lo menos en el tema de la inseguridad, el centralismo con que ha pretendido gobernar López Obrador se topó con pared. Puede concentrar todas las funciones, pero sigue necesitando a otros para dar resultados.
