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* La lucha contra la corrupción sigue adelante en la administración del gobernador, Julio Menchaca y todavía quedan muchas sorpresas por esperar en las entregas-recepción de varios municipios que no han subsanado irregularidades de ex alcaldes, cuyas revisiones de obra pública arrojan no solo desvíos de fondos, sino el empleo de materiales de mala calidad, como lo están comprobando técnicos del laboratorio instalado por el Contralor Álvaro Bardales, quien ha dicho que hay diez carpetas de investigación integradas en la Procuraduría del Estado, y otros tantas en proceso de integración; empero la lucha contra la corrupción, hay ediles de nuevo ingreso que ya incurren en probados delitos de nepotismo como es el caso de la alcaldesa de Tulancingo, Lorena García
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Sudar frío y padecer de insomnio son con toda seguridad los síntomas que presentan muchos ex alcaldes, padecimientos del que no se excluye a algunos recién desempacados; lo que abandonaron el cargo en septiembre no han podido explicar obras inconclusas que están aún en el limbo de las entregas-recepción, pero otros recién llegados ya comenzaron a padecer el síndrome de treparse al ladrillo y marearse, pensando que el cargo les permitirá servirse con la cuchara grande y subir a los cielos en la nube de la soberbia.
En ambos casos, no deben pasar por alto que el contralor del Estado, Álvaro Bardales Ramírez y el gobernador Julio Menchaca, se están encargando de hacerles ver su realidad, porque el combate a la corrupción en el actual gobierno estatal es un ejercicio cotidiano del poder público que va a llegar hasta las últimas consecuencias, en contra de aquellos que hicieron mal uso de los recursos presupuestales.
El pasado 19 de noviembre, Álvaro Bardales mencionó que entre los primeros cortes de caja se interpusieron 16 denuncias ante la Procuraduría del Estado, tras las revisiones a obras públicas de los municipios salientes. Es decir, que tras haber entrado en funciones en los 84 ayuntamientos los nuevos alcaldes, en diez demarcaciones surgieron denuncias por obras mal ejecutadas, en tanto en diez más ya se trabaja en la integración de las respectivas carpetas de investigación.
Como mencionó el contralor, los señalamientos contra los ex presidente municipales, son sobre todo por deficiencias notorias en obras carreteras e infraestructura hidráulica, afectaciones que rondan los 118 millones de pesos.
Los resultados previos analizados por la Contraloría del Estado, indican que existen irregularidades en 20 de los 84 ayuntamientos hidalguenses, pero, OJO, el proceso de revisión se mantendrá hasta concluir el año, porque hay muchas dudas por subsanar en los procesos de entrega-recepción.
Bardales Ramírez, señaló que hay municipios con notorias irregularidades en las obras entregadas, como son los casos de Tepeji del Río, con ocho expedientes; Tlaxcoapan, con siete, Atotonilco de Tula con dos y Atitalaquia con uno. Precisamente el ex edil de Tlaxcoapan, acaba de acumular su segunda vinculación a proceso, ahora por un peculado de otros 21 millones de pesos por presuntos pagos indebidos a la empresa ABRILEA S.A de C.V, en el año 2021.
Para desgracia de muchos corruptos tanto del lado oficial como del privado, el equipo del Contralor Bardales tiene un laboratorio de tecnología de punta que permite analizar a detalle la calidad de los materiales empleados en muchas obras, lo que está sacando a flote una arista más de estas irregularidades pues en diversos casos, aparentemente las obras se ejecutaron, pero los materiales son de tan mala calidad que ya presentan fallas y deficiencias, sumando otra prueba más a estos delitos en contra de los recursos públicos.
Esto es, que como han remarcado el contralor y el gobernador Menchaca, las obras deben ser de calidad, por lo que las sorpresas con que habrá de cerrar este 2024, todavía pueden ser muchas si se considera que el Contralor ha señalado que de las 11 mil 600 obras en las actas de entrega-recepción, se ha abatido un rezago en la revisión de las mismas del 60 por ciento, dando acompañamiento a los actuales alcaldes a verificar las mismas, como ya señalamos, analizando además los materiales empleados para su ejecución.
Es importante mencionar en este contexto de combate a la corrupción y en la nueva dinámica del ejercicio del poder público en el Estado, que hay una clara coordinación encabezada por el gobernador Menchaca, hacia sus funcionarios para ir en solo sentido y de la mano de la gente, con el fin de ir acabando con este cáncer que, cómo se está viendo, sí puede extirparse de raíz.
En una de sus recientes giras en las Rutas de la Transformación, por los municipios de Juárez Hidalgo y Eloxochitlán, el Jeje del Ejecutivo Estatal instó a todos los alcaldes a ser cuidadosos con el uso de los recursos, pero también tener a las personas correctas en la administración para hacer del ejercicio del poder, un ejercicio de resultados.
Los alcaldes ya no podrán decirse omisos a sus responsabilidades en el manejo correcto y transparente de los recursos porque ha sido la propia Contraloría del Estado quien ha impartido capacitación a funcionarios de los 84 municipios, respecto a procedimientos de contratación con instrucciones claras y sencillas.
Además, Álvaro Bardales ha mencionado la participación ciudadana en el cuidado de los recursos públicos y el buen gobierno, resaltando la importancia que tienen al respecto los comités ciudadanos integrados por cinco habitantes de los municipios que pueden supervisar la realización correcta de las obras.
Es decir, que los alcaldes y sus funcionarios tendrán de parte de los propios habitantes una herramienta de supervisión para no hacer licitaciones y acuerdos en lo oscurito, como antes se acostumbraba. Empoderar al pueblo para el cuidado de los recursos públicos, como también tomarlo en cuenta para la ejecución de las mismas.
Pero no obstante esta nueva dinámica del gobierno estatal para orientar a los ayuntamientos en el correcto manejo de los recursos públicos, hay casos de recién ingreso que parecen no entender el cambio que se está operando con el gobernador Menchaca Salazar a la cabeza; por ejemplo, apenas a dos meses de asumir el cargo, la alcaldesa de Tulancingo, Lorena García Cázares, ya se ha visto envuelta en un escándalo de nepotismo en la nómina municipal, donde hasta hace unos días, se encontraban en puestos de primer y segundo nivel, familiares cercanos y hasta su pareja sentimental, incurriendo en un claro delito de nepotismo, que si bien la edil no lo negó, dijo que todo obedecía a un “golpeteo” en su contra, atreviéndose a decir que la Contraloría ya había checado el asunto y no había problema.
La alcaldesa quiso salirse la puerta trasera de emergencia al señalar que aunque estaban en la nómina “no cobraban” (sic), según lo declaró a un medio, pero como hemos señalado, la Contraloría del Estado no se anda por las ramas ni es afecta a las simulaciones y tras investigar el caso, determinó que García Cázares sí había ejercido nepotismo al colocar en la estructura municipal a su pareja, hermana, nuera, un sobrino y una sobrina, contraviniendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El contralor Bardales, personalmente informó que se procedió al cese inmediato de los familiares de la munícipe, advirtiendo que los recursos públicos percibidos de manera irregular deberán ser reintegrados al municipio, pues de no hacerlo, los familiares de Lorena García enfrentarán sanciones legales. Y aunque no está prohibido por la ley, el funcionario también señaló que hay familiares de los miembros de la Asamblea Municipal en la nómina, por lo que pidió al Congreso Local hacer una revisión legislativa para sancionar también estos excesos, que como dijo la Directora de Comunicación Social de la edil, fueron colocados ahí “en pago de favores políticos”, pero no de sus capacidades.
Ahora no solo la Contraloría del Estado sino los miembros de oposición del cabildo y la ciudadanía de Tulancingo, revisarán con lupa lo que de aquí en adelante suceda al interior del gobierno de Lorena García, quien en cuestión de corrupción y transparencia ya dio de qué hablar.
Otro caso que está empezando a dar de qué hablar es el que se está dando en el municipio de Tula donde un regidor independiente con calculadora en mano está poniendo en tela de juicio el costo de adquisiciones de mobiliario y equipos de cómputo del alcalde Cristhian Martínez y los miembros de su cabildo, por un sobreprecio de 350 mil pesos, que bien podrían emplearse para comprar 500 pupitres para equipar 20 salones de clases.
Salientes o entrantes, los alcaldes de Hidalgo seguirán sudando frío y padeciendo insomnio porque la lucha contra la corrupción en el gobierno de Julio Menchaca Salazar no conoce de fechas de caducidad ni de colores partidistas, cuando de cuidar y defender los recursos públicos, que son del pueblo, se trata.