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Especial Expediente Ultra
Por Antonio Ortigoza Vázquez/Enviado Especial
PUEBLA, Pue.- En esta ciudad, escenario de grandes pasajes nacionales, el gobierno federal anunció cambios a fondo a las leyes nacionales que garanticen piso parejo a los indígenas en contra de la discriminación, estableciendo en todo juicio la defensa obligatoria en lengua autóctona, como irrenunciable derecho humano. Tesis de la justicia social del Presidente Peña Nieto, de acuerdo a lo expuesto a detalle por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Con todo un cónclave del más alto nivel, la administración federal acoraza con hechos a uno de los sectores más vulnerables al anunciar un nuevo sistema judicial que significa un golpe de timón a favor de 15 millones de indígenas, como definió su defensora, la encargada de la política indigenista, Nuvia Mayorga.
Ella –cuya raíz deviene de una etnia hidalguense- ha insistido en poner el semáforo en rojo a concesiones arbitrarias; su labor choca con taladores, fraccionadores y oportunistas que usan como presión y despojo el encarcelamiento de líderes de pueblos originarios para robar patrimonios, al vergonzante amparo de la inseguridad jurídica que, por siglos, condenó a los indígenas a toda una serie de arbitrariedades.
Nuvia Mayorga es parte los pueblos ancestrales de su natal Hidalgo, y a quien en defensa de su raigambre histórica, la cobija un cargo público desde el cual su decisión por ir adelante puede convertirse en un parteaguas sexenal, donde los discursos abandonen la mera retórica para pasar a los hechos.
Desde la conquista y por siglos, la discriminación persecutoria hacia los llamados hermanos de raza, tuvo en un sistema legal inacabado un laberinto donde la justicia solía extraviarse con facilidad, pero hoy, la batalla por el indigenismo da un giro, un auténtico punto de quiebre, al firmarse el Convenio para un Sistema de Justicia con Visión Intercultural y Multilingüe. Es decir, la base de un nuevo Sistema de Justicia Penal para igualar a los hombres ante la ley, sin más simulaciones.
No, a jueces de consigna
Este segmento de 15 millones de mexicanos reducido a una inconcebible servidumbre contemporánea, por decir lo menos, tendrá derechos plenos como el resto de los mexicanos, que antaño se les había escatimado.
En la Colonia, incluso les negaron la calidad de seres humanos y los infaustos conquistadores dudaban si podrían convertirse al catolicismo, comulgar e irse al mismo cielo de todos. Ni el único Presidente indígena, Benito Juárez, logró superar el rezago de sus injusticias sufridas desde la caída de Tenochtitlán, en 1521.
Por eso, es de especial trascendencia informar que el nuevo tratado en materia judicial, entrará en vigor el 18 de junio de 2016; el gobierno del Presidente Peña Nieto, dice que este cambio tiene como propósito hacer que la justicia llegue sin distingo a toda la sociedad.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó el acto que estampa la voluntad política del Estado. Junto a él, firmaron el documento, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales; el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; la Procuradora General de la República, Arely Gómez González; el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, quien hizo las veces de anfitrión. Y al lado de ellos, la Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado. La mujer que ha empujado un decisivo paso para reivindicar a sus hermanos de raza, ve consumarse uno de sus sueños, una emoción sin par.
Piso parejo, para indígenas
Sin parpadear siquiera, escuchó que “en México la justicia no tendrá diferencias, según acotó su paisano y amigo, Osorio Chong.
Remarcó también el responsable de la política interna del país: “no se sentenciará a quienes no pueden pagar una fianza ni a quienes no tienen un intérprete”. La justicia, precisó, será pareja para todas y todos los indígenas en el territorio nacional.
Frente al poder que estaba expresando su voluntad de ir a fondo, más de tres mil representantes indígenas de todo el país, oyeron decir a Osorio Chong que “trabajar en unidad permitirá tener un país más justo y con mejores oportunidades para todos los mexicanos”.
Llamado al Poder Judicial: no a la discriminación indígena
En su oportunidad, habló el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales y advirtió: “Los jueces federales de nuestro país deben estar al servicio de la sociedad y reconocer la importancia que tienen los pueblos indígenas en el contexto nacional. En el caso específico de personas, comunidades o pueblos indígenas, el Poder Judicial de la Federación propicia, con sentencias de máxima protección de sus derechos humanos, la igualdad de facto, aún cuando exista discriminación estructural y sistemática a este importante grupo social”.
Y subrayó: “La justicia federal seguirá honrando su compromiso con este sector social mediante sentencias basadas en una interpretación más amplia y benéfica de la Constitución y de los tratados internacionales”.
Intérpretes, como derecho: Nuño
En tanto, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, sostuvo que “reconocer la diversidad y diferencias permitirá construir una unidad más sólida, democrática, incluyente y justa para los mexicanos”.
Y fue más allá: “Para garantizar el acceso a la justicia es fundamental que todos los juicios y procedimientos tomen en cuenta las costumbres y características culturales de los pueblos indígenas. Para ello, señaló, es trascendental proveerles intérpretes y traductores en ese proceso, por lo que el trabajo es fortalecer la justicia en el país y apoyar a las poblaciones indígenas”, apuntó.
La tesis de Peña: justicia para todos, en igualdad
En su oportunidad, la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, definió que las obligaciones asumidas darán pie a acciones públicas necesarias para seguir fortaleciendo nuestras instituciones en pro de la defensa integral del derecho a la justicia de todas y todos los mexicanos, atendiendo a las necesidades específicas de los pueblos indígenas.
La fiscal federal, dijo que la instrucción del Presidente Enrique Peña Nieto es clara: “cubrir todos los flancos de la implementación de este nuevo modelo para lograr un cambio institucional y cultural, que promueva no solamente nuevos procesos, sino que permita una mejor procuración y administración de justicia para todos”, apuntó.
Por su parte, el gobernador Rafael Moreno Valle manifestó que un pueblo que desconoce su pasado es incapaz de darle rumbo a su futuro. “Estoy convencido de que al mundo globalizado de hoy le hace mucha falta la sabiduría indígena de siempre, su respeto por la tierra, las tradiciones y las personas mayores. No dejemos pasar esta oportunidad de hacer justicia y aprender los unos de los otros”, comentó.
Asimismo el ejecutivo poblano, señaló que nunca sea la apariencia o la influencia lo que determine el fallo de la justicia y celebró la firma de este convenio, porque, dijo, “es posible cambiar para bien el curso de la historia”.
Liberados 3 mil 600 y van por más: Mayorga
La Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado, afirmó que con estas acciones se avanza en visibilizar a la población indígena en el acceso a la justicia y, a la vez, continuar dando respuesta por parte del Estado Mexicano en sus legítimas aspiraciones, porque “así es como contribuimos a que predomine la paz social y sigamos construyendo una sociedad con mayor equidad y sin distingos”.
Hoy en día, agregó, se cuenta con un Padrón Nacional de Abogados Indígenas Bilingües, los cuales han apoyado a indígenas privados de su libertad que no tuvieron un debido proceso. “A la fecha se han excarcelado a más de tres mil 600 personas, en su mayoría hombres”, apuntó la titular de la Comisión.
Detalló la funcionaria que este convenio tiene como objetivo garantizar un acceso pleno de la justicia a este sector de la población, quienes por primera vez contarán con abogados bilingües gratuitos e intérpretes, que además de su idioma, también conocerán sus usos y costumbres.
De igual forma, el Nuevo Sistema de Justicia Penal reconoce la jurisdicción indígena; es decir, que los indígenas puedan acudir ante las autoridades tradicionales para la resolución de conflictos no graves y que la decisión correspondiente sea, al igual que la del Estado, producto de un juicio justo, adecuado a la perspectiva cultural y normativa local.
Para constatar el histórico encuentro, allí estuvieron en la firma del Convenio para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con Visión Intercultural y Multilingüe. la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo modelo judicial, María de los Ángeles Fromow Rangel.
Se contó además con la presencia del titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Javier López Sánchez; del presidente municipal de Puebla de los Ángeles, Antonio Gali Fayad; el presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Jesús Guadalupe Fuentes Blanco, y el abogado indígena, Germán Ramírez Martínez.
Lo alcanzado por la titular de la CDI, reviste singular importancia si se considera que México es el país en América Latina con mayor número de grupos indígenas: 62 pueblos originarios que equivalen a 15 millones de habitantes de 120 millones 800 mil mexicanos; es decir, un 12.42% de la población total. En el territorio nacional existen 2 mil 500 municipios, de los cuales 871 son indígenas y en América Latina radican alrededor de 50 millones de indígenas, casi un tercio de los mismos son nuestros connacionales.
