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* Este 10 de diciembre se cumplen 71 años de la promulgación en la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero en México los políticos siguen relegando su importancia, al grado de nombrar personas no idóneas al cargo como Rosario Piedra Ibarra
Por Antonio Ortigoza Vázquez
El próximo 10 de diciembre se cumplirán 71 años de un hecho histórico, nos referimos cuando la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, pareciera que en México esa Declaración Universal es letra muerta, no solamente en lo que respecta a los derechos humanos propiamente, sino a los derechos sociales; es decir, los del pueblo, los de cada mexicano, los de los 30 millones de mexicanos que votaron por un cambio en favor del conjunto de esos derechos.
Debemos señalar de forma fulminante que ningún legislador mexicano ha reconocido que la situación de los derechos humanos en nuestro país es grave.
Ante esta verdad, no sorprende que la flamante titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, celebridad defensora del partido MORENA, como saltimbanqui de la conveniencia política, propugne que su designación es, como lo escribió en cuenta de Twitter, “ un nuevo período para los derechos humanos… Agradezco de corazón a la gente que deposita en mí su confianza y tengan por seguro que trabajaré de la misma forma en que lo he hecho por más de 40 años”.
Pero ¿cómo creerle, si su “triunfo” se dio por medio de una votación amañada, llena de mentiras y agandalle político?
La inexplicable y célebre señora Piedra no está sola. Hoy encabeza una cofradía de políticos expertos en el trapecismo chambista, malabaristas de la nueva clase política convertidos en adalides de la defensoría de los derechos humanos.
La adhesión del poder político a la cultura de los derechos humanos en México es de dientes para afuera y se trata en realidad de la una unión en torno al poder ejercido desde Palacio Nacional, por lo que resulta que las instancias constitucionales para la defensoría de los derechos humanos carecen de mística social. Así, las instancias son utilizadas como utensilios de la simulación y llenas de tartufismo moral.
Evidente es que en siete décadas de vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el Estado mexicano ha sido incapaz de crear condiciones propicias una para educación pública de los derechos humanos, de respeto a ellos, a la justicia y las leyes
Lamentablemente, son los personajes del poder, ésa «clase política» y la burocracia civil y militar en todas sus jerarquías y competencia, los que no comprenden el alcance moral, ético y práctico de los derechos humanos.
México es el país que en este siglo figura entre los primeros en una lista de Estados torturadores elaborada por la ONU. También ocupa primeros lugares en secuestros y en asesinatos. Somos, sin duda, campeones en otra lista de la ONU, la de la corrupción.
Somos también campeones en la represión contra los “que piensan diferente”, de divisiones ideológicas y políticas organizadas, partidistas y sociales. Vamos en mal camino.
El atropello institucional y violación sistémica de los derechos humanos se reflejan en ciertos hechos indiscutibles — ocurrencias de cotidianas peroratas mañaneras– y demostrados con el aumento espectacular de la pobreza, del desempleo y violencia en México.
La pobreza es la consecuencia, es resultado, de la desigualdad, la injusticia e inequidad e incluso del ejercicio vil del poder. El número de pobres ha aumentado en sólo casi un año del nuevo gobierno de la 4T, un gobierno que ha desaparecido programas que combatían la pobreza, a otros les fueron recortados sus recursos.
Hoy veremos si doña Piedra puede hacer respetar los derechos humanos más básicos de la humanidad como son la alimentación y la salud.
Difícil creerle, si doña Piedra le mintió al Senado Mexicano, pues firmó bajo protesta de decir verdad que no desempeñaba ningún cargo en algún partido político. Falseó su juramento y difícilmente podrá sostener su designación “espuria” a la CNDH.
