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En su afán de contener la sangrienta ola criminal que tiene en luto permanente a México -desde hace varios lustros-, obispos y activistas por la paz dieron un paso de la mayor relevancia. Presentaron para su firma un “Compromiso por la paz”, a las candidatas a la presidencia y al también aspirante al máximo cargo del Poder Ejecutivo. Se trata de un documento elaborado por organizaciones religiosas y civiles, con 117 propuestas, apartidistas, de sentido común y de aceptación general. Los convocados firmaron y asumieron el reto de por lo menos trabajar “en las coincidencias”.
Como se recordará, desde hace unas semanas obispos de Guerrero generaron polémica al informar que buscaron y consiguieron reunirse con líderes de grupos criminales -siguiendo un exhorto del Papa Francisco de no ser indiferentes a la violencia en sus comunidades- para “acordar una tregua” entre ellos, con el fin de pacificar al estado.
Como contexto de este “Compromiso por la paz” y su trascendencia, cabe señalar que México sumaba 181 mil 327 ejecuciones en todo el país -al 11 de marzo del presente-, de acuerdo con un reporte de la consultora TResearch International, con datos oficiales.
El solo planteamiento de “un diálogo” de criminales con la sociedad civil y representantes eclesiásticos o de autoridades de cualquier nivel, debe llamar a la reflexión. Así fuere motivado por una causa noble, “dialogar” con reincidentes violadores de la ley, por principio implicaría -de facto- reconocerles una representación; un “pacto” equivaldría a una claudicación del estado de derecho.
Para valorar con serenidad los antecedentes referidos y el contexto del citado Compromiso por la paz, hay que considerar la posición de los ministros religiosos.
El obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, había informado en conferencia de prensa –el 14 de febrero- que la violencia en la entidad alcanzó a la comunidad eclesiástica: “Nos han matado catequistas, mayordomos, padres de los acólitos y encargados de adoración”. Subrayó que había pedido al gobierno “dialogar” con los grupos criminales “para que haya una tregua y tengamos paz, pero parece que nos han dejado solos”.
Precisó que el Ejército estaba dejando actuar a las bandas criminales: “No es posible que haya patrullajes y los criminales llegan, cometen sus delitos y después se retiran sin que nadie los moleste”.
Al respecto, el obispo emérito, Salvador Rangel, sostuvo: “Tenemos que hacer algo, porque es penoso que estas autoridades no hagan nada por pacificar al Estado”.
Por su parte, el sacerdote Filiberto Velázquez afirmó que finalmente habían lograron un acuerdo entre dos grupos mafiosos que se disputaban la región. No van a invadirse territorios y respetarán los “negocios” de cada cual. También manifestó que las autoridades habían permanecido al margen del presunto “diálogo” y que estaba bien que no se metieran.
Donde existen vacíos de autoridad, tarde o temprano alguien ajeno los llena. El Compromiso por la Paz es un buen punto de partida para que -conforme a sus facultades y atribuciones institucionales-, cada quien haga lo que le corresponda en favor de la legalidad, la justicia y la concordia nacional.
