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Por Aurelio Contreras Moreno / @yeyocontreras
Al final, los amagos porriles de la semana pasada –junto con algunas “puntadas” totalmente fuera de lugar de quien pretendió sacar tajada de eso- no hicieron mella en el proceso de designación de nuevo rector de la Universidad Veracruzana, cuyo nombramiento recayó en el sociólogo Martín Aguilar Sánchez.
Más allá de las consideraciones y análisis que se puedan hacer sobre su proyecto de trabajo para la institución, el nuevo rector –que asumirá formalmente el cargo este miércoles 1 de septiembre- tiene frente a sí una enorme cantidad de retos de diversa índole. Pero uno que en particular deberá atenderse pronto tiene que ver con un clamor existente entre la comunidad universitaria y que es la democratización en la toma de decisiones. Empezando, precisamente, por la de designar rector.
Uno de los principales cuestionamientos a éste y anteriores procesos es el hecho de que la designación de la principal autoridad de la Universidad Veracruzana es potestad exclusiva de un círculo cerradísimo de notables, la Junta de Gobierno, que cada tanto se va renovando a través de mecanismos que tampoco toman en cuenta al grueso de la comunidad universitaria. Es en los hechos un “club” súper exclusivo al que muy pocos tienen la oportunidad de ser invitados, pero en cuyas manos recae la más importante decisión de la vida interna de la casa de estudios.
Este cerrado mecanismo de selección rectoral data de hace casi 25 años, de cuando a la UV le fue concedida la autonomía y se reglamentaron éste y todos sus demás procesos internos, tanto administrativos como escolares. Respondía quizás a las necesidades de esa época. Pero en los tiempos actuales, las crecientes demandas sociales de mayor apertura, transparencia y rendición de cuentas han vuelto anacrónico ese arreglo institucional.
No por nada en los últimos procesos de relevo y/o reelección en la rectoría universitaria se han suscitado esas presiones hacia la propia Junta de Gobierno -como las que se vieron hace unos días o como las relatadas en este mismo espacio en su anterior entrega- que en realidad nadie sabe si surtieron o no algún efecto, pues ese círculo de notables no rinde cuentas de nada a nadie. Solo se limita a informar que se cumplió con lo establecido en las diferentes etapas del proceso y a dar su veredicto, sobre el cual lo único que expresa es que la o el elegido demostró, solo ellos saben cómo, “claridad en sus fines y funciones sustantivas y que puede representar mejor los intereses académicos de nuestra Universidad”. Una generalidad.
Por supuesto que ello no le resta un ápice de legitimidad y legalidad al proceso de designación que acaba de concluir ni al nombramiento de Aguilar Sánchez. Ésas fueron las reglas y quienes participaron aceptaron competir bajo las mismas. Lo que se plantea es que esas reglas ya no dejan satisfecho prácticamente a nadie de tan cerradas, no democráticas y opacas que ya resultan para los estándares actuales de las instituciones públicas.
Se hace indispensable entonces una renovación y actualización de esos arreglos de legalidad interna. Y una buena oportunidad resultará la discusión de una nueva Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana que ya resulta inaplazable por la necesidad de armonizarla con la Ley General de Educación Superior. Tarea que le tocará realizar a la máxima autoridad colegiada de la UV, el Consejo Universitario General.
Ése es uno entre los múltiples retos que enfrentará la nueva rectoría encabezada por Martín Aguilar, junto con la vigencia de los planes de estudio, la carencia de infraestructura, la centralización, el presupuesto, la matrícula y una larga lista de necesidades que tampoco pueden esperar demasiado.
La renovación de la mayor institución pública de educación superior de la entidad, en la que se forman los nuevos profesionales del estado –y allende sus fronteras- es urgente. Por lo pronto, que sea en beneficio de la Universidad Veracruzana y de la sociedad a la que sirve y se debe.
Los sofismas de Cuitláhuac
Buscando engañar con la verdad, los gobernantes “cuatroté” como Cuitláhuac García quieren imponer la versión de que “fuerzas oscuras” de la “derecha” –insertas en los medios de comunicación- quieren hacerle “daño” a la niñez manteniéndola confinada y en clases a distancia.
La realidad es que nadie ha dicho que no sea cierta la urgente necesidad de que los estudiantes regresen a las aulas. Solo que hacerlo por decreto, sin las condiciones necesarias para ello, sin una vacunación verdaderamente efectiva para alumnos y docentes, en medio una crecida de contagios y en semáforo rojo es, simplemente, una estupidez.
Y la respuesta la tuvieron frente a sus ojos.
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