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PAGAREMOS POR «DERECHO DE POLICÍA»

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* Hasta el 4 de junio, el Estado de Fuerza policial del país era de 339 mil 060

*Los Fondos federales de seguridad, para lo que son

Por Martha Elba Torres Martínez

El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó la creación del impuesto “Derecho de Policía” que podrán cobrar los municipios para el financiamiento de sus corporaciones y así sumar 130 mil elementos, bien capacitados y equipados, a la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Será “una contribución progresiva tasada con base en el impuesto predial”, explica el Modelo Nacional de Policía presentado y sancionado, en la 44 Reunión Ordinaria del CNSP realizada el día 8 de los corrientes.

El documento establece que hasta ahora, el financiamiento a las policías “es inestable porque por lo menos, de dos de los fondos (Fortaseg y FASP) que se utilizan para su sostenibilidad pueden variar de un año a otro impidiendo una adecuada planeación del desarrollo policial.

“En algunas entidades y municipios se han establecido sobretasas en algunos impuestos, especialmente el impuesto a la nómina –en Michoacán se incrementó de 2 a 3 por ciento-, con el fin de financiar equipamiento y profesionalización policial. Sin embargo, como también se ha señalado, dichos fondos son insuficientes para el reto de crecimiento y desarrollo de las policías que plantea el Modelo.

“Es en este contexto, que para poder tener un financiamiento sostenible y de largo plazo se requiere un fuente de ingresos fija, suficiente y etiquetada, que genere los recursos necesarios para reclutar, equipar y profesionalizar estados de fuerza policial adecuado en los gobiernos municipales y estatales de acuerdo a sus competencias específicas.

Para ello, el Modelo propone para el financiamiento de las policías locales dos vías:

La determinación en la ley de utilizar de manera prioritaria el Fondo IV (Fortamun) establecido en la Ley de Coordinación Fiscal para el financiamiento de las policías y/o la creación del “Derecho de Policía” que sería una contribución progresiva tasada con base en el impuesto predial.

La meta sería adicionar 130 mil policías profesionalizados y equipados al Estado de Fuerza para cumplir las metas del Modelo Nacional de Policía…

Hasta el 4 de junio pasado, el Estado de Fuerza policial del país era de 339 mil 060, de acuerdo al Modelo Nacional de Policía, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Secretaría federal del ramo. Hoy, un desbarajuste con las cifras, a partir del movimiento proderechos laborales de los policías federales que detonó el 3 de julio y la uniformización de militares y marinos como guardias nacionales “civiles”.

Hasta 2018, el Estado de Fuerza policial era de 384.9 mil elementos: 44% preventivos estatales, 32 por ciento preventivos municipales y 10 por ciento policías federales; 650 municipios del país no cuentan con Policía Municipal, establece el documento que fue presentado ante el CNSP y al que se puede acceder en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/474633/MNP.pdf. Evidentemente el número de elementos disminuyó sin que el diagnóstico del SESNSP estableciera las razones.

Sin una aproximación siquiera en cuanto al número de elementos de la Guardia Nacional, solo establece que su labor será “subsidiaria” de las fuerzas estatales y municipales, para este año, en 150 de las 266 regiones prioritarias establecidas por el Modelo y “en función de la capacidad de la policía local y de la incidencia delictiva.

De acuerdo al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, los estados aportan 274 mil 540 policías locales, lo que resulta insuficiente “para cubrir adecuadamente los turnos y los sectores de vigilancia en sus ciudades y regiones. Aumentar el estado de fuerza tiene diferentes restricciones, que van desde el método de reclutamiento, el costo de los exámenes de control y confianza, el costo de la academia, las becas para los reclutas, la tasa de reprobación y la elevada rotación del personal en las diferentes policías”.

Aun así, Michoacán se encuentra por encima de la media nacional, con 6 mil 987 policías estatales (3 mil 236) y municipales (3,751), frente a estados como Chihuahua, con 6 mil 398 o Zacatecas, que tiene mil 901 en total. El Estado de México tiene 39,898 elementos; Ciudad de México 38,631, Jalisco 17,572, Nuevo León 12,248 y Querétaro 3,605.

El gobernador Silvano Aureoles, en una declaración a la prensa esta semana, dio a conocer que solo 30 por ciento de las policías municipales cuentan con certificación. Lo que no detalló que es el promedio nacional en todas las corporaciones civiles.

Cuentan con el CUP (Certificado Único Policial), 1,823 policías federales de un universo de 46,558; estatales, 50,531, de 168,685 y municipales, 32,620 de 117,354 (Fuente: Centro Nacional de Certificación y Acreditación 2019).

El CUP “permite conocer el número y la proporción de policías que han aprobado el examen de control y confianza, que tienen formación inicial, que han aprobado los cursos de actualización y que tienen aprobada su evaluación de desempeño, es decir, con ambos instrumentos –de cumplirse en su totalidad– podría tenerse la certeza de tener policías profesionales capaces de llevar a cabo su función adecuadamente.

Sin embargo, a pesar de las metas establecidas, todavía cerca de 80% de los policías no tienen el CUP, no obstante que de acuerdo a los lineamientos trazados, en septiembre de 2019 deben estar certificados el 100% de los policías. De ahí, que haya establecido el Consejo Nacional de Seguridad Pública una prórroga de 18 meses –hasta diciembre de 2020- para que elementos policiales del país cumplan con las reglas de capacitación y certificación, principalmente para las áreas municipales.

Pero cosa curiosa, los índices de seguimiento de Evaluaciones de Control de Confianza a Personal en Activo, no son negativos ni están desfasados, de acuerdo al mismo diagnóstico. De la plantilla activa evaluada de estatales, de 207,263, aprobaron 189,815, en tanto que municipales, de 125,042, aprobaron 111,135.

Y un ejemplo del policía “modelo” que busca la 4T: “La complejidad de las relaciones sociales implica un cambio en la doctrina de las policías locales ya que modifica su función de una institución casi exclusivamente represiva, a un cuerpo de funcionarios que deben facilitar la vida social para garantizar, a través de diferentes habilidades, una convivencia armónica, así como responder a las necesidades de las víctimas y del sistema penal. Para lograr la Paz y Seguridad en nuestra sociedad, es necesario una policía local que tenga los conocimientos y las habilidades para enfrentar los diferentes problemas sociales y resolverlos eficientemente de acuerdo a la ley”.

Lo que no les explican, es cómo y con qué responder cuando un convoy de sicarios los rafaguean y destazan, siendo que su función es “facilitar la vida social” para “una convivencia armónica”. Porque los guardias nacionales solo son “subsidiarios” para tareas de su competencia: costera, fronteriza, forestal y recursos naturales; seguridad a instalaciones estratégicas; fiscal civil, caminos, puertos y cibernética…

El gobernador de Michoacán también compartió el acuerdo tomado por el CNSP: los municipios tienen que destinar 50 por ciento del Fondo de Aportaciones Municipales (FORTAMUN) para fortalecer institucionalmente a sus corporaciones policiales, es decir que se utilice para la compra de uniformes y equipamiento, mejorar salarios, adquisición de patrullas y armas.

Efectivamente, los municipios a lo que menos le invierten es a sus policías y destinan los fondos federales al alumbrado público, pavimentación de calles, remozamiento de espacios públicos y pláticas vecinales y estudiantiles. Lo que no está mal, pero ya no podrán desviar recursos. Fue el acuerdo del Consejo.

Así, del 20 por ciento del fondo para el Fortalecimiento Municipal (Fortamun) que se destina a la seguridad, ahora se incrementa a 50 por ciento. En el caso de Michoacán, de los 3,119 mdp que reciben los ayuntamientos, tendrán que destinar a sus cuerpos de seguridad 1,559.5 mdp, cuando solo le metían 623.8 mdp.

La problemática se agrava en la entidad, cuando los intereses político-partidistas del Congreso local, prevalecen en torno a la integración del Auditor Superior de Michoacán.

De acuerdo a información extraoficial, la fiscalización a los ayuntamientos del estado esta detenida desde 2017 y en lo que va del año, los auditores no han salido a los municipios a realizar las auditorías correspondientes y estamos en julio.

 Esta negligencia y omisión de la ASM da manga ancha a los presidentes municipales para no cumplir con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. (a)