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* Con el pretexto de denunciar una supuesta persecución política, el clan de los Sosa Castelán y sus operadores, convirtieron de nueva cuenta a la Cámara de Diputados en un mercado de plañideras con fuero. Lejos de la izquierda, la franquicia petista hidalguense cobija hoy a un mosaico de impunes que incluye homicidas viales, peculadores y delincuentes con carpetas abiertas que montaron un número circense de oropel, el cual fracasa en su intento de intimidar a la justicia local y los coloca, de golpe, en la mira de la dirigencia nacional de Morena
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Hacer de la máxima tribuna de San Lázaro un mostrador de quejas para prófugos y aspirantes a una averiguación previa, se ha vuelto el número circense favorito de los tránsfugas que hoy cobran bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT).
Por tercera ocasión consecutiva, el clan de los Sosa Castelán y sus operadores desfilaron por los pasillos de la Cámara de Diputados para montar un tendejón de agravios ficticios. Exigen a gritos de plañidera lo que en sus dorados tiempos de porrismo universitario y cacicazgo absoluto negaron a pulso: ley, mesura y respeto democrático.
Es una amnesia selectiva de pronóstico reservado que ignora deliberadamente cómo la franquicia petista en Hidalgo terminó convertida en un albergue de cascajo político, rentada a los operadores de la UAEH para reciclar perfiles con cuentas pendientes con la justicia.
Para entender la magnitud de la farsa montada en la Cámara Baja del Congreso, basta revisar el currículum de cada uno de los actores que ocuparon el presídium, un auténtico mosaico de la pillería hidalguense y nacional. Encabezando el aquelarre estuvo el diputado federal plurinominal Javier Vázquez Calixto, dirigente estatal del PT cuya carrera se resume en abrirle las puertas de su partido a la Sosa Nostra, desplazando arteramente a la militancia fundadora y subordinando las siglas a los intereses financieros de los Sosa Castelán a cambio de posiciones y cotos de poder familiar.
A su lado desfiló la diputada federal Margarita García, experta en rasgarse las vestiduras bajo discursos estridentes y victimistas que fingen una pureza de izquierda que contrasta con su historial de subordinación a las cúpulas partidistas que reparten curules al mejor postor. Muy cerca de ella se encontraba la diputada federal Magdalena Núñez Monreal, cuya expresión corporal en la conferencia —la inconfundible cara de contrariedad e incomodidad al tener que tomar la palabra— delató el penoso ejercicio de tener que tragar bilis para defender lo indefendible y leer el guion impuesto por los arrendatarios de la franquicia.
El cuadro de honor de las fichitas lo completó el vicecoordinador parlamentario Amadeo Espinosa Ramos, un veterano de la grilla legislativa con más de tres décadas operando el PT en Chiapas, señalado históricamente de patrimonialismo y de heredar las riendas del partido a su propio hijo en un evidente ejercicio de nepotismo, además de arrastrar en su historial, polémicas locales por su cercanía con disputas sindicales opacas y presuntos desestabilizadores sociales.
Olvidan los susodichos que usar la Cámara de Diputados se ha convertido en algo así como un mal fario; primero fue Gerardo Sosa quien terminó en El Altiplano y después el ex convicto, Cipriano Charrez Pedraza, que buscó usar como escudo al fuero, para no ser procesado por la muerte de un joven taxista de 29 años, que murió calcinado luego de que el ex legislador y ex alcalde de Ixmiquilpan, en completo estado de ebriedad, embistiera su auto dejándolo envuelto en llamas. El responsable de homicidio culposo fue auxiliado por sus guaruras para huir del lugar, pero tarde que temprano tuvo que parar con sus huesos en la cárcel.
Fue Charrez un diputado desaforado en su momento por sus propios pares en San Lázaro, arrastrando además investigaciones de tipo de tropelías cometidas en el Valle del Mezquital, hoy reciclado como pieza estelar del petismo hidalguense bajo la bendición de la Sosa Nostra.
A este desfile de prontuarios se sumó la exigencia por la libertad de Gabriel García Rojas, el célebre exalcalde de Tizayuca, quien desde el Cereso de Pachuca —donde una jueza le prorrogó la prisión preventiva justificada hasta abril de 2028 por peculado agravado y uso ilícito de atribuciones durante su gestión municipal— aporta su propio historial al catálogo de fichitas que el PT intenta rescatar del naufragio judicial.
La misma cofradía defiende al exdiputado local Edgar Hernández Dañu, condenado en la vía local tras un operativo donde se le aseguraron armas de alto poder, cartuchos útiles y sustancias ilícitas, un expediente desnudado por grabaciones telefónicas donde negociaba armamento con la delincuencia organizada.
Y como invisible director de orquesta, pero operando los hilos desde la retaguardia figuró Damián Sosa Castelán, comisionado electoral del PT y hermano del patriarca universitario Gerardo Sosa Castelán. Damián carga un amparo perpetuo en la bolsa para esquivar la acción de la justicia por su participación como accionista principal de inmobiliarias y empresas fachada usadas para sustraer recursos de la UAEH, intentando blindar a una franquicia que agoniza tras la desbandada masiva de alcaldes y operadores que prefirieron abandonar las siglas petistas —como lo hicieron los ediles de Progreso, Mixquiahuala, Tlahuelilpan, Atlapexco y Huazalingo— para sumarse a Morena.
Hay que tener un rostro de granito y una vocación histriónica fuera de serie para pararse frente a los micrófonos y exigir que la patria reconozca como «presos políticos» a personajes que cargan con expedientes de peculado, armas y homicidios viales, pretendiendo que la justicia confunda el activismo social con la foja delictiva del fuero común; sin embargo, este número de magia barata y plañideras con fuero no hizo sino colocar a toda la cofradía firmemente en el radar de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien ha dejado en claro que con los aliados chantajistas y los virajes a la derecha no hay ni vuelta de hoja, recordando que en la 4T las encuestas se respetan y las mafias locales ya no tienen pase automático a la ventanilla de los milagros.
Este despliegue histriónico en la Ciudad de México no representa un hecho aislado, sino la repetición exacta de un modus operandi que ya forma parte de la peor historia de los grupos de presión en Hidalgo. Esta es la tercera ocasión en que el grupo político de los Sosa Castelán utiliza las instalaciones de San Lázaro como un altar de los lamentos para presionar al Poder Judicial.
Pretender que la sociedad olvide el historial de franquicias alquiladas, los sesenta millones de pesos operados históricamente desde las arcas universitarias para financiar estructuras partidistas y la postulación sistemática de expedientes criminales es subestimar la memoria de un estado que ya aprendió a distinguir entre la verdadera transformación y el chantaje de los caciques con sotana académica. A esos falsos redentores que hoy despachan como agraviados se les agotó el plazo de la simulación en las tribunas federales.
La justicia en Hidalgo no se detiene por berrinches de banqueta ni por caravanas escenificadas en la capital del país por personajes que arrastran prontuarios de peculado, armas y nexos inconfesables.
Las carpetas están abiertas, las pruebas firmes y los expedientes sobre la mesa.
