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*Sin embargo, siguen siendo favorecidas con contratos
GUSTAVO CORTÉS CAMPA
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tuvo un avance sustancial en el proceso contra 14 empresas integradoras de laboratorios de análisis clínicos y banco de sangre –conocidas como el Cártel de la Sangre- al presentar denuncia formal ante la Fiscalía General de la República, con base en el artículo 254 bis del Código Penal Federal, con lo que los responsables podrían enfrentar sentencias de diez años de prisión, de comprobarse prácticas monopólicas absolutas.
La comisión autónoma, que vigila el cumplimiento de las normas de libre competencia en los mercados, señala al respecto que “la prácticas monopólicas absolutas generan la más grave afectación, desde la perspectiva de la competencia, al funcionamiento de los mercados y disminuye la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos por las instituciones públicas e inciden directamente sobre la atención que presta el Estado a la población”.
Es por ello –añade la Cofece- que la legislación establece sanciones que pueden llegar a los 10 años de prisión por tales conductas “y corresponderá al Ministerio Público Federal (MPF) proseguir la investigación iniciada por la Cofece para judicializar la carpeta contra quienes resulten responsables”.
La denuncia es contra 14 empresas, entre la que destacan por su amplia participación en el mercado, IMPROMED, Falcon, Centrum, Dicipa, Selecciones Médicas del Centro y todas sus filiales.
PERO…SIGUEN FAVORECIDAS POR LICITACIONES Y ASIGNACIONES DIRECTAS
La Cofece tomó la investigación con base en denuncias presentadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que asombra (por decir algo) que esta institución siga aceptando a las firmas arriba señaladas en los procesos de licitación y peor aún, en asignaciones directas de contratos, precisamente para servicios de laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre.
Se trata, a mayor abundamiento, de la segunda ocasión en que la Cofece hace uso de esta facultad por haberse encontrado elementos constitutivos de delito y la presentación de la querella ante la Fiscalía y sucedió al menos entre 2011 y 2015, cuando se detectaron afectaciones en las compras y servicios en diversas entidades.
Se aclara por añadidura que “la acción penal solicitada es adicional e independiente al proceso administrativo que la Cofece tiene abierto contra personas físicas y empresas ya emplazadas a presentar pruebas y alegatos en su defensa, y en su caso, impondrá sanciones que pueden alcanzar el diez por ciento de sus ingresos acumulados en cada caso”.
Por todo lo anterior, es posible colegir que la autoridad, en este caso la Cofece y la Fiscalía General de la República, están por cerrar la pinza en contra de ese grupo de empresas que actúan en forma abusiva y delincuencial, en perjuicio directo de los derechohabientes del IMSS y otras instituciones de salud estatales. Una noticia alentadora, toda vez que ese Cártel de la Sangre ha llegado a sentirse invulnerable ante la sucesión de denuncias periodísticas que hemos presentado a lo largo de este 2019.
