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Escrito por: Saúl Arellano
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), un ejercicio estadístico que se levanta desde el año 2003 de manera continua. Para la edición 2021, que es la que se presentó el 30 de agosto de 2022, se tienen resultados desagregados por entidad federativa, y los datos de que disponemos son en general comparables con los obtenidos en 2016.
El dato síntesis de la enorme riqueza de información que está en la ENDIREH, es el relativo a que la prevalencia en general, de la violencia contra las mujeres, creció en 4% entre el 2016 y el 2021. Esto, además de ser el dato síntesis que retrata la realidad nacional, constituye un poderoso llamado de atención al Gobierno de la República y a los gobiernos estatales y municipales, donde se ha hecho muy poco, o casi nada, para reducir de manera significativa esta realidad impresentable.
A lo largo de la pandemia, desde la plataforma de México Social se insistió a través de diferentes plumas, que el confinamiento obligado estaba generando entornos de mayor violencia y agresividad en contra de las mujeres. Los datos en la materia, recabados a través de la información de incidencia delictiva, mostraban una preocupante y acelerada tendencia creciente.
Los datos que presentó el INEGI en la materia confirman lo anterior, pues alrededor del 8% de las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia, reportan que durante la pandemia se incrementó el número o la gravedad de las agresiones de que estaban siendo objeto.
Lamentablemente esta es una de las agendas que, de manera por demás incomprensible, el Ejecutivo Federal no sólo ha desdeñado, sino que en diversas ocasiones ha emprendido agresivas campañas de descalificación en contra de los movimientos y manifestaciones feministas, tachándolas de ser producto del neoliberalismo, de ideologías internacionales conspirativas y de ser, por si fuera poco, francamente conservadoras.
La realidad, de forma triste e indignante sigue ahí, y se ha recrudecido en magnitud y consecuencias, pues hasta ahora, comparando con el mismo periodo de las administraciones previas, estamos ante el mayor número de víctimas reconocidas de feminicidio, ante la incapacidad de todos los gobiernos de generar políticas de prevención, disuasión y, sobre todo, acciones que garanticen la no repetición.
Seguimos ante un modelo de seguridad pública que no está diseñado con perspectiva de género; y al mismo tiempo, se continúa bajo el modelo reactivo; es decir, lo importante en los indicadores policiales suele ser la capacidad de respuesta, contando incluso los minutos en que una patrulla o algún elemento del orden llega a la escena del crimen; sin embargo, la cuestión relevante que no se suele considerar es que no importa en realidad que los guardianes del orden lleguen en tres, cinco o 10 minutos. En cualquier caso, el delito ya se cometió.
Lo relevante sería, desde otro enfoque, tener capacidad de respuesta temprana y prevenir de manera efectiva y en la mayor medida -en el marco de lo posible- evitar que los delitos ocurran. Este enfoque es mucho más difícil de implementar y operar, porque implica un enorme trabajo con la comunidad, generación de redes vecinales de confianza y apoyo, así como estrategias de comunicación basadas en la confianza de la comunidad con las corporaciones policiacas.
Llama poderosamente la atención que sea Chiapas la entidad con menor incidencia reportada de violencia contra las mujeres. Cabe la duda respecto de qué ocurre ahí: si efectivamente hay menores actos de violencia y agresiones, o bien si esta no es percibida siquiera como tal, tanto de forma comunitaria como por las propias víctimas.
El gobierno federal ya perdió cuatro valiosos años para diseñar una adecuada política de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; situación que ahora enfrenta la trampa de tener a una presidenta de INMUJERES que desde hace meses está dedicada a obtener la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud, antes que impulsar al interior del Gabinete lo mínimo, es decir, la transversalización eficaz de la perspectiva de género en todas las dependencias y organismos del Gabinete Legal y Ampliado; pero también para articular una estrategia compartida en toda la República.
Al gobierno del presidente López Obrador le quedan, en términos reales, 104 semanas para concluir la administración; pero si se considera que alrededor de noviembre de 2023 habrá virtuales candidaturas presidenciales, estamos ante un escenario de escasas 65 semanas para sentar las bases de una nueva política nacional en materia de garantía del derecho constitucional a la igualdad, y de cumplimiento estricto de los mandatos de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El presidente de la República ha afirmado en diferentes momentos de su mandato que de no pacificar al país su proyecto de país no habrá tenido éxito. Y pacificarlo implica no sólo reducir la tremenda mortandad que causa el crimen organizado, sino también reducir la criminalidad en todos sus ámbitos, particularmente en aquellos rubros relacionados con la violencia contra mujeres, niñas y niños.
El tiempo corre; y de manera preocupante, no hay visos de una genuina preocupación por modificar estructuralmente las condiciones que hoy imperan y que implican, en términos generales, al menos 10 homicidios de mujeres al día, así como miles de casos de violencia sexual, familiar y tratos crueles y degradantes.
Investigador del PUED-UNAM
