Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 20 segundos
Por Saúl Arellano Investigador del PUED-UNAM / mexicosocial.org
Todo lo que se lleva a cabo para la defensa y la exigencia de la garantía plena de los derechos de las niñas y niños resultará siempre insuficiente. Esto es así, porque el cumplimiento integral del amplio marco de sus derechos, implica el principio de progresividad, lo que al mismo tiempo significa un esfuerzo ético adicional para lograr, siempre, que las niñas y niños tengan un nivel de vida digno.
Preocupa, desde esta perspectiva, que la actual administración no tiene una política definida en esta materia. Los avances que se han conseguido por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), son aún muy limitados, pero, sobre todo, fragmentados; y no se ha encontrado un eco real en las entidades de la República, más allá de los eventos de instalación de los Sistemas Estatales.
La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, constituye uno de los instrumentos más relevantes de garantía de los derechos humanos en nuestro país; y sin duda alguna, es una de la Leyes de mayor avanzada en el contexto del orden jurídico nacional.
Desde esta perspectiva, es evidente que el presidente de la República no maneja con precisión la terminología de la Ley; y no es exagerado decir que, en general, desconoce los planteamientos teóricos más relevantes en materia de derechos de la niñez.
Es lamentable, pero cierto, que desde la administración del presidente Zedillo no se cuenta con un programa de acción a favor de la infancia; porque si bien es cierto que en la administración de Fox se elaboró un documento en la materia, lo es igualmente el hecho de que el protagonismo excesivo de la “primera dama”, alentado por el propio ex presidente, lastimó profundamente al Sistema Nacional DIF, el cual era en ese momento, por mandato de la Ley, la instancia rectora de las políticas de niñez en México.
En tanto que las niñas y niños no votan, las y los políticos no tienen un interés más allá de lo que sus familias pueden redituarles en términos de rentabilidad política; por ello, seguimos viendo los lamentables espectáculos que se organizan el 30 de abril, fecha en que en México se conmemora el día de la niña y el niño, y en la cual vemos por todos lados festivales y kermeses con los cuales se asume que se “cubre la agenda” y el ritual “queda bien” con las familias mexicanas.
Puede sostenerse, sin lugar a dudas, que hoy no hay ninguna entidad del país; y tampoco ningún municipio, que cuente con un programa específico de acción a favor de la infancia; y que no hay un seguimiento de las recomendaciones del Comité del Niño de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través del cual se da seguimiento a los acuerdos y responsabilidades del Estado mexicano en materia de cumplimiento de la Convención de los derechos de la Niña y el Niño.
De acuerdo con el texto publicado por www.mexicosocial.org el martes 14 de enero de 2020, entre los años 2009 y 2018 han fallecido en el país cerca de 100 mil niñas y niños; la mayoría de ellos menores de un año, por causas en exceso evitables: gripe, diarrea, accidentes, lesiones intencionales, desnutrición… Todo ello en un contexto en que, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), prácticamente el 50% de las personas menores de 18 años en México viven en condiciones de pobreza; y donde sólo 18 de cada 100 niñas y niños son considerados como no pobres o no vulnerables.
No podemos permitir que más que niñas y niños mueran porque en sus hogares no hay comida; porque no hay acceso a los medicamentos y la atención médica más básica; y porque en sus familias hubo graves negligencias o incluso actos de violencia que terminan en atroces infanticidios. No podemos, definitivamente, ser una sociedad cómplice, por guardar un complaciente silencio, de gobiernos indolentes, en todos sus órdenes y niveles.
