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Por Juan José Herrera
Será un hidalguense quien lleve la defensa del
exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), J.V.C., exintegrante
de la LXIII Legislatura de Oaxaca y exalcalde de Silacayoapan, detenido el
pasado 6 de abril.
El también presidente de la Unión de Gasolineras del Estado de Oaxaca, fue
señalado como autor intelectual de un ataque artero y cobarde a la saxofonista,
María Elena Ruiz Ortiz, a la cual dos sicarios (quienes ya fueron aprehendidos
también) rociaron ácido en el rostro, por lo que enfrentarían una larga condena
por intento de feminicidio.
De tal suerte, el destino legal del imputado estará en manos del conocido
penalista Carlos Pratt Straffon y su despacho jurídico, con sede en la ciudad
de Pachuca, “Pratt Straffon”.
Hasta donde se sabe, el acusado cuenta ya con un grupo de cinco abogados a los
que guiará, como en otros casos igual o más peliagudos, el propio Carlos Pratt.
Mucha es la especulación que genera la noticia, pues a este hidalguense se le
relaciona con amistades de las altas esferas del poder y la política nacional,
incluyendo a Raúl Salinas de Gortari, a quien también defendió en su tiempo,
cuando éste pisó la cárcel.
Pratt fue, entre otros encargos, delegado federal de la hoy extinta
Procuraduría General de la República (PGR), en Sonora, Colima y Morelos, con
una trayectoria de más de 30 años en aquellas lides.
Se le recuerda además por haber formado parte del grupo de investigación de dos
de los asesinatos más rememorados de México: el de Francisco Ruiz Massieu y el
del frustrado candidato a la Presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, en
1994.
Para algunos el nombre de Carlos Pratt es sinónimo de justicia, valentía y
conocimiento de las leyes… para otros todo lo contrario.
Quienes saben dicen que el despacho de este hidalguense cobra bastante bien,
sobre todo porque lo hace en dólares; el precio por fungir como “el abogado del
diablo”.
