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Foto especial
Leo en una tarjeta informativa del gobierno de Hidalgo que la tarde de ayer, un individuo ingresó en una sucursal bancaria del centro de Pachuca armado de un machete y una pistola, amedrentando a cuentahabientes y empleados.
“Por lo anterior –agrega la tarjeta–, elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, en coordinación con el C5i de Hidalgo y corporaciones de seguridad, atendieron el llamado de auxilio, y, respetando los protocolos de seguridad, resguardaron la integridad de las personas dentro y fuera de la institución”.
No obstante, el individuo –que exigía hablar con los presidentes de México y Estados Unidos– “comenzó a agredir a las personas presentes, por lo que se aplicó la fuerza letal”, lo cual tuvo por resultado la muerte del mismo.
En la acción resultaron lesionados cuatro agentes de la policía y dos civiles, y nueve personas más requirieron de atención médica por crisis nerviosa.
Un funcionario del gobierno hidalguense me relató que el atacante disparó su arma cuando los policías trataron de neutralizarlo mediante el uso de gases lacrimógenos y por eso tuvo que ser abatido. Me aseguró que, en todo momento, los agentes se apegaron a lo dispuesto en sus protocolos para este tipo de situaciones, así como en la legislación sobre el uso de la fuerza.
A reserva de la investigación que la fiscalía local realice sobre los hechos, creo que estamos frente a un ejemplo más del absurdo que se ha creado. ¿A qué me refiero? A que en este país un hombre puede entrar armado a una sucursal bancaria y los policías tienen que perder minutos preciosos decidiendo cómo actuar para no ser ellos mismos enjuiciados, en lugar de proceder rápida y eficazmente para proteger a las personas inocentes y evitar un daño a ellos mismos.
Con éste y otros ejemplos es fácil constatar que los individuos que buscan hacer daño a los demás tienen más derechos que los agredidos y, en general, que las personas que sólo quieren vivir en paz. Por eso los vándalos pueden hacer de las suyas y destruir propiedad privada y patrimonio público de valor histórico y no pasa nada.
El mensaje que se manda es que una persona que actúa de forma agresiva y violenta tiene consideraciones especiales. No importa qué clase de amenaza represente para los demás.
No tengo razones para dudar que los policías hidalguenses hicieron en la sucursal bancaria lo que les han pedido sus jefes. Decidieron aplicar los protocolos y no meterse en problemas.
Ayer, por fortuna, no hubo más muertos en Pachuca, pero bien pudo haberlos habido. Porque parece más importante averiguar los motivos del agresor que proteger a quien solamente está de paso por la sucursal bancaria para hacer un pago.
Hemos creado una sociedad en la que la policía tiene miedo de aplicar la ley. Y, de eso, los delincuentes no han tardado en darse cuenta.
Por eso los anarquistas pueden grafitear estatuas y saquear tiendas de conveniencia, y algunos normalistas pueden robar autobuses y secuestrar a choferes sin temor a las consecuencias. Unos y otros saben que su impunidad está garantizada porque la policía, en los hechos, está atada de manos.
¿Qué buen propósito puede tener un hombre que entra armado en un banco? ¿Por qué no puede la policía actuar de inmediato para proteger a las personas en peligro? ¿Por qué hay que dialogar con el agresor que tiene una pistola en la mano? ¿Por qué deben exponerse policías y cuentahabientes a que al agresor se le vaya un tiro y mate a alguien?
Es una desgracia, pero la ley vale cada vez menos. El ciudadano que se esmera en cumplirla tiene razones para dudar de que esté de su lado.
En México quien se arma, resiste a la autoridad y amenaza a civiles –en Pachuca o en Culiacán– tiene derechos especiales. Y es una desgracia porque la existencia de ese fuero virtual está carcomiendo la convivencia pues envía el mensaje de que no hay otro remedio más que recurrir a la autodefensa.
