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HAY CONTRAPESOS

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*La democracia mexicana podría ligar tres buenas noticias consecutivas.

La primera, que ya se dio: la mayoría oficialista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no logró reunir los votos necesarios para convocar precipitadamente a un periodo extraordinario para dar trámite exprés a una iniciativa del Ejecutivo que permitiría hacer reasignaciones presupuestales sin consultar a la Cámara de Diputados.

Aunque se quiso atribuir el desistimiento a una opinión en sentido negativo del subsecretario Hugo López-Gatell, por la pandemia de COVID-19, la clave para el desenlace fue que la oposición se mantuvo unida y no permitió el libre paso a una pretensión que, a decir de varios expertos en derecho constitucional, viola la Carta Magna.

La segunda, que también se concretó: la ratificación que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a la decisión de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral de adoptar medidas cautelares respecto de las dos primeras versiones de las cartas para difundir el programa de apoyo financiero a microempresas afectadas por la suspensión de actividades económicas.

Ante la impugnación que presentó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el TEPJF dio la razón al INE en el sentido de que acompañar las cartas con el nombre y la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador constituye una promoción personalizada de un servidor público –el Ejecutivo, en este caso–, cosa que prohíbe la Constitución.

Durante muchos años la oposición política y organizaciones de la sociedad civil impugnaron este tipo de publicidad a costa del erario –entre quienes impulsaron la prohibición estuvo el propio López Obrador–, por lo que es afortunado que el INE y el Tribunal Electoral no lo hayan dejado pasar.

La tercera buena noticia podría darse el lunes, cuando el ministro Fernando Franco, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, someta ante el pleno del máximo tribunal un proyecto de sentencia que declara fundadas las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma a la Constitución de Baja California que amplía el mandato del gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años.

Se requieren ocho votos para tumbar la reforma, aprobada en una sesión nocturna y a puerta cerrada de la anterior Legislatura del Congreso local, para darle a Bonilla una extensión de periodo por el que fue elegido por los votantes en julio de 2018.

Es decir, el gobernador aún podría ver coronada su pretensión de convertirse en Jaime I de Baja California y quedarse en el poder por tres años más, un lapso por el que nadie lo eligió. Sin embargo, ya es alentador que el proyecto del ministro Franco afirme que la ampliación del mandato viola los principios democráticos de la Constitución.

Ojalá que esa visión sea acompañada por el voto de al menos ocho ministros de la Corte, pues de lo contrario el gobernador sentiría justificados los actos de autoritarismo en que ha incurrido su gobierno, con la evidente sumisión del Congreso local, como es la creación de once impuestos estatales.

Si ha hecho eso sin conocerse el proyecto de sentencia del máximo tribunal, ¿de qué no será capaz si le garantizan la prolongación de su mandato?

Más aún, el permitir esa acción antidemocrática seguramente envalentonaría a otros para seguir el mismo camino. La democracia debe estar fundada en certeza. Cuando los ciudadanos van a las urnas, debe quedar claro cuál es la duración del cargo por el que va a ser elegido el ganador de la votación.

A nadie debe permitirse ampliar posteriormente ese lapso mediante argucias legales. Eso, que parece de sentido común, fue violentado en Baja California. Y aunque Bonilla ahora diga que respetará la decisión de la Corte –como si le quedara de otra–, ya es bastante grave que se haya intentado la maniobra.

Veremos qué pasa el lunes. Sería una gran noticia que el proyecto de Franco fuese aprobado por unanimidad, por el mensaje que ese hecho enviaría, igual que el que mandan los anteriores: los contrapesos gozan de cabal salud.

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