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Redacción
La inhabilitación es una sanción administrativa que impide a los responsables de infracciones acceder a cargos públicos en cualquier nivel de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Esta medida afecta tanto a aquellos que trabajan bajo contratos de confianza, honorarios o base, como a proveedores, prestadores de servicios y constructores, quienes quedan vetados de participar en contratos públicos, ya sea como personas físicas o en el marco de sociedades mercantiles.
En el contexto de los actos de corrupción, la inhabilitación es solo una parte de las sanciones impuestas. De acuerdo con la Ley de Responsabilidades, la contraloría puede aplicar esta medida a los servidores públicos que no presenten sus declaraciones patrimoniales y de intereses. La duración de la inhabilitación varía entre tres meses y un año, y se vuelve a imponer en caso de reincidencia. Cabe destacar que esta sanción no exime al servidor público de cumplir con la obligación de presentar sus declaraciones, ya que la sanción administrativa no extingue esta responsabilidad.
Es importante precisar que la inhabilitación es independiente de las penas penales que puedan imponerse en casos de corrupción. Mientras que la inhabilitación es una medida administrativa que impide el acceso a cargos públicos o contratos, las condenas judiciales por corrupción pueden incluir penas privativas de libertad, multas, confiscación de bienes y la reparación del daño. Por tanto, las autoridades buscan que quienes violan la ley enfrenten ambas sanciones, sin que una anule la otra.
Todas las inhabilitaciones se registran en el sistema nacional de servidores públicos sancionados, gestionado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. A través de las Constancias de No Inhabilitación, se alerta a las instituciones sobre funcionarios sancionados, permitiendo que se verifique su idoneidad antes de ser contratados. Este mecanismo tiene un funcionamiento similar a la Constancia de No Antecedentes Penales.
Además, la Plataforma Digital Nacional es otra herramienta clave para consultar los registros de servidores públicos sancionados. Esta plataforma permite que las autoridades anticorrupción tomen decisiones basadas en datos interconectados, que incluyen declaraciones patrimoniales, registros de faltas administrativas y contrataciones públicas.
La inhabilitación es una medida que se aplica a todos los niveles de la administración pública, y los servidores públicos de alto nivel tienen una mayor responsabilidad para actuar con legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Este tipo de sanción no solo afecta a los infractores, sino que también tiene el objetivo de dar ejemplo al resto de la sociedad y al propio cuerpo administrativo.
Es importante señalar que la pena de inhabilitación es independiente de otras acciones legales que puedan emprender entidades como la Procuraduría, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Unidad de Investigación Financiera o incluso INTERPOL. De esta manera, la inhabilitación se enfoca en los antecedentes laborales y de investigación del servidor público, pero no limita las investigaciones penales en su contra.
Finalmente, los datos abiertos sobre los servidores públicos inhabilitados permiten a los medios de comunicación informar a la sociedad, dado que las autoridades que emiten las sanciones no pueden hacer público el registro.
En resumen, la inhabilitación es un mecanismo administrativo que complementa las sanciones penales en casos de corrupción, con el objetivo de evitar que los responsables vuelvan a ocupar cargos públicos y garantizar la transparencia y legalidad en la administración pública.
