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* René Ramos Pérez, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, emitió el fallo por los daños irreversibles que se ocasionarían a los ecosistemas aledaños al proyecto y a otros 10 municipios donde se asentarán instalaciones militares, en ese estado
Por Antonio Ortigoza Vázquez
Especial de Expediente Ultra
El Juez Décimo de Distrito, René Ramos Pérez, fundamentó la suspensión definitiva que detiene las obras en el aeropuerto de Santa Lucía con base en “la protección de un medio ambiente sano”, establecido en el artículo cuarto constitucional, como un derecho de la sociedad en general.
En su fallo, argumentó que el proyecto puede afectar “no sólo a las generaciones presentes, sino las futuras” por lo que “de ejecutarse el acto reclamado se corre el peligro inminente de que se causen perjuicios de difícil reparación”, al medio ambiente de los municipios aledaños a la Base de Santa Lucía y a otros más donde se tiene programado asentar instalaciones militares en el Estado de México.
En audiencia incidental el 20 de agosto pasado, el juez resolvió que “una vez comprobado un interés legítimo, así como una afectación irreparable, a priori”, se asentó en la suspensión definitiva solicitada por el abogado Gerardo Carrasco Chávez que autoridades demandadas como el Director General de Impacto y Riesgos Ambientales y el Subdirector de Gestión para la Protección Ambiental, fueron omisas en rendir su informe previo al juzgado y autorizaron “condicionadamente” la obra en materia de impacto ambiental.
En su decisión jurídica, el juez Ramos Pérez destacó que es una obligación constitucional del Estado garantizar un medio ambiente sano. Y subrayó que lo analizado “no deriva de una decisión arbitraria o caprichosa” pues el criterio asumido “se sustenta en la Declaración de Río, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo –adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas de Río de Janeiro del 14 de junio de 1992–, donde se reconoce el principio in dubio pro natura, así como en los diversos de precaución y de no regresión”.
AFECTACIONES A DIEZ MUNICIPIOS DE EDOMÉX
En la misma resolución, Ramos Pérez alude el riesgo que implicará la dispersión de las instalaciones militares que actualmente operan en el aeropuerto de Santa Lucía en diez municipios del Estado de México: Atenco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Nextlalpan, Tultitlán, Tecámac, Tultepec, Zumpango y Jaltenco.
En el texto, añadió en este sentido: “…se detectó la presencia de especies de fauna en alguna categoría de riesgo conforme la NOM-059- SEMARNAT-2010 y que el proyecto implica realización de actividades consideradas altamente riesgosas” al realizarse “el cambio de uso de suelo de áreas forestales, así como el desarrollo de obras civiles en la zona federal de cuerpos de agua y el manejo de turbosina, actividad altamente riesgosa, entre otros”.
De acuerdo al juzgador este cambio de uso de suelo, por ejemplo, en zonas forestales, impactará en los cuerpos de agua ubicados en las zonas federales de estos municipios donde se realizarán obras civiles. En documento del amparo se estableció además: “transformar superficies naturales en artificiales” derivará en una “degradación de tierras y del ecosistema”, siendo afectadas diversas especies de aves y murciélagos.
En el documento se invocó diversas jurisprudencias de la Suprema Corte donde se pondera la defensa de los ecosistemas y la obligación del gobierno mexicano de prevenir, promover, proteger y tomar medidas para restaurar el medio ambiente a efecto de garantizar su sustentabilidad.
La sentencia a favor de la demanda de amparo fue tramitada por Gerardo Carrasco Chávez, por derecho propio y en representación de Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Asociación Civil, y ordena la suspensión inmediata de las obras del aeropuerto de Santa Lucía.
