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Escrito por: Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el INEGI, en el 2020 se contabilizaron 185,243 localidades, de las cuales, 185,243 fueron catalogadas como localidades rurales y 4,189 urbanas. Sin embargo, el propio INEGI ha catalogado a otras localidades como urbana, considerando varios criterios adicionales. De esta forma, en realidad habría 5,234 localidades en esa tipología en el país.
En este año, a partir de la medición multidimensional de la pobreza, 2020, el CONEVAL generó indicadores de pobreza para cada una de las localidades urbanas del país, resultando que, en 1,068, es decir, en una de cada cinco, el 80% o más de sus habitantes están en condiciones de pobreza.
Asimismo, de las 3,442 localidades de 2,500 a 14,999 habitantes, había 2,100, es decir, el 61% donde el 60% o más de su población, se encontraba en condiciones de pobreza multidimensional. Adicionalmente había o localidades con 50 mil a 99,999 habitantes con 60% o más de personas en pobreza; y 5 localidades de 100 mil habitantes o más con esa misma característica.
Lo anterior revela que, con los parámetros que utiliza el CONEVAL para medir la pobreza, lo arraigado de la pobreza en todos los ámbitos territoriales del país, especialmente aquellos de menor dimensión. Ahora bien, dada la magnitud de las metrópolis que hay en el país, considerar sólo los porcentajes puede contribuir a minimizar la problemática. Por ejemplo, la ciudad de León, en Guanajuato, tiene 1.57 millones de habitantes. De acuerdo con el CONEVAL, el rango de porcentaje de personas en pobreza entre el 40 y el 60%. Eso implicaría que al menos, considerando un porcentaje de 45%, 710 mil personas estarían en pobreza multidimensional.
En la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, habría 1.83 millones de personas, de las cuales, habría un rango similar al de León. Es decir, considerando un 45% de personas en pobreza, la cifra absoluta sería de aproximadamente 826 mil. De este modo, sólo en esas dos localidades urbanas, habría 1.53 millones de personas en pobreza.
Por eso es importante que en el análisis y discusión sobre estos temas se tenga siempre en cuenta tanto los números absolutos como los relativos, pues de lo que se trata es de la posibilidad o no de la realización de los derechos económicos, culturales, ambientales y sociales de las personas. Más aún considerando las metas que debe cumplir México respecto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, dos de los cuales implican la erradicación del hambre y la erradicación de la pobreza en todas sus formas en el año 2030.
Desde esta perspectiva es interesante observar que las diferencias regionales y estatales son muy importantes. Y que, de las localidades urbanas con mayores porcentajes de personas en pobreza, las que registran los peores indicadores en términos de profundidad e intensidad de este fenómeno, se concentran en los estados de Choapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero, donde están la mitad de aquellas que tienen un 60% o más población en situación de pobreza.
En términos de política pública, la administración del Presidente López Obrador decidió que tres de sus cuatro mega obras emblemáticas del sexenio se construyeran en el sureste mexicano, con el propósito de detonar económicamente a la región y contribuir a la generación de empleos y con ello, a la superación de la pobreza. Por ello, se ha argumentado, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Corredor Trans Ístmico. En teoría, la decisión tendría cierta racionalidad; sin embargo, habrá qué esperar los resultados de la nueva medición de la pobreza para valorar si este tipo de obras y acciones son las que se requieren para modificar estructuralmente las condiciones de rezago que hay en esas zonas del país.
De otra parte, lo que también es cierto es que México no ha logrado construir desde hace al menos tres décadas, políticas integrales desde el enfoque del desarrollo regional, pero al mismo tiempo, con criterios diferenciados para los ámbitos rural y urbano; porque dada la información de que disponemos, es evidente que la pobreza urbana y la rural tienen implicaciones distintas en términos de los factores que las determinan.
Por ejemplo, en las ciudades, el factor del gasto en transporte público, tiempo destinado a llegar a los centros indispensables para el desarrollo de la vida, así como los gastos en alimentos y bebidas, constituyen factores de alto impacto en los ingresos de las familias; y por ello de hecho los umbrales de la pobreza son más altos para las zonas urbanas que para las rurales. Esto implica un debate ético que no se ha dado, porque desde la medición se condena a los habitantes de las localidades rurales, a tener estándares de ingresos más bajos para participar, por ejemplo, en ciertos programas y acciones gubernamentales.
Asociado a lo anterior, es importante considerar que las desigualdades al interior de las ciudades, sobre todo las más densamente pobladas son brutales. En ellas se pueden encontrar unos cuantos enclaves de altísima concentración de riqueza, a veces literalmente a un costado de zonas de extrema pobreza, como ocurre en varias zonas de las áreas metropolitana de Monterrey, Guadalajara, Toluca, León, La Laguna, Puebla y la Ciudad de México, por citar sólo los ejemplos más notorios.
A estas condiciones, debe agregarse además lo que no se incluye en la medición de la pobreza: el envejecimiento y la obsolescencia de una buena parte de la infraestructura, mobiliario y equipamiento urbano: parques infantiles inseguros y con juegos e instalaciones riesgosas para sus usuarios; presencia y exceso de basura urbana (bloques de cemento, postes, cableado, etc.) envejecimiento de infraestructura crítica como la del agua y los drenajes; prácticas de contaminación visual e invasión del espacio público como los postes de cables de servicios privados como los de telefonía, internet y televisión de paga, entre muchos otros factores.
Reconstruir socialmente al país requiere de una enorme capacidad de imaginación; voluntad y capacidad para diseñar y operar nuevas estrategias, programas y acciones porque lo que es indudablemente cierto, es que lo que se ha intentado en los últimos 40 años está muy lejos de ser lo que requerimos para convertirnos en un país de plena garantía de derechos para todas y todos.
