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* La prensa y redes hablan de cifras escalofriantes;muertos y heridos elevan los momios cada mes, decapitados, colgados y desmembrados son las notas de algunos medios escritos y electrónicos; la muerte —asesinato— de periodistas, se ha convertido en algo solamente lamentable
Por Antonio Ortigoza Vázquez
Especial de Expediente Ultra
México no está en guerra. El gobierno federal, ya no libra ninguna guerra, no libra una guerra de sangre y fuego —según don López—contra un enemigo que osó en amenazar y poner en jaque la seguridad del pueblo mexicano.
Pero la realidad es que la guerra continúa, omnipresente, omnipotente, sanguinaria y con saldos escalofriantes, los números son iguales o peores que en el pasado; el olor a pólvora y muerte se percibe con terror en varios estados de nuestra república.
Los medios de comunicación dan fe de esas cifras escalofriantes, muertos y heridos elevan las cifras cada mes, decapitados, colgados y desmembrados son las notas de algunos medios escritos y electrónicos; la muerte —asesinato— de periodistas, se ha convertido en algo solamente lamentable.
Ante esta “no guerra”, seguramente se refiere a la del Estado contra el crimen organizado, ha salido al paso el secretario de Seguridad federal con un discurso que da muestra en que continua la batalla entre los grupos delictivos, pues ha reconocido que: “Todos los días aparecen mantas en un lugar u otro del país, y no deja de sorprenderme que merezcan un espacio preferente en prácticamente todos los medios de comunicación; yo hago llamado a los medios a que nos ayuden a no caer en el juego de la difusión que buscan grupos criminales, que actuán solo en defensa de sus propios intereses”.
Estos últimos –es decir, las organizaciones dedicadas a la producción, tráfico y venta de drogas, así como al robo, secuestro, cobro de piso, huachicol, extorsión y trata de mujeres– libra su propia guerra interna, o sea, entre ellos.
Pero el secretario de Seguridad federal, Arturo Durazo, ha adoptado una postura que fue usada en el año 2011 por varios medios, los principales, de comunicación que firmaron un pacto llamado Iniciativa México, en donde se comprometían las televisoras, radiodifusoras, periódicos, y portales de internet, actuar con responsabilidad ante la violencia que se registraba en México.
Pero en esos tiempos, estos medios “importantes” de comunicación fueron enfáticos al señalar algo de suma importancia, un tema que el día de hoy poco o nada importa al gobierno federal, los periodistas, comunicadores y su seguridad: “Proteger a los periodistas. Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas al cubrir la información proveniente de la delincuencia, como son no firmar las notas”, o sea, periodistas sin rostro. Hoy, el asesinato de comunicadores es parte de las cifras de muertes “comunes” que se dan cada mes.
Las muertes de sicarios de esas organizaciones, denominadas ejecuciones por la prensa en concordancia a ciertas características –tiro de gracia en la nuca o la cabeza, decapitados, incinerados, desmembrados y desollados — de la comisión del asesinato. Son muertes sumarias, reales, terroríficas y se dan de forma casi cotidiana en el territorio nacional, ante la “cancelación” de una guerra, en la cual un bando era el estado, se diga lo que se diga, continua con fuerza y terror.
Los sicarios actúan no por el calor del momento. Matan por el poder, el control, la revancha y el odio hacia las fuerzas del orden y grupos contrarios al que pertenecen; sus asesinatos son fríos. Primero es el “levantón”, luego el interrogatorio, después la filmación, inmediatamente viene la confesión “manipulada” y de repente la barbarie se presenta y, en ese momento, la muerte es testigo de la crueldad y frialdad de esos humanos que han perdido cualquier sentimiento natural de compasión.
Así, todos los días ocurren esos episodios. Escenas dantescas que son filmadas y distribuidas en el mundo cibernético, ante la apatía de un gobierno que culpa, a diario, de haber recibido un cochinero del pasado. Pero ya son once meses del nuevo gobierno, once meses más de asesinatos, de eventos macabros y, como resultado ante esta incapacidad oficial, aparece una solución: La desaparición de poderes en los estados que son golpeados por el crimen organizado.
Y este nuevo componente de la no guerra — inacción— del Poder Ejecutivo Federal y del Estado mexicano mismo, contra las organizaciones del narco, que hoy da muestra fiel que no existe diseño táctico y aplicación estratégica de la lucha. No. Se suma un “fuchi, guácala” como estrategia principal de nuestro señor presidente, don López.
Los cárteles emplean –calculan conocedores confiables– unos cinco millones de mexicanos. Desde la perspectiva económica, aunque informal, que ha creado una aceptación, incluso protección por parte de algunas poblaciones, que ven en ellos— los narcos—, la prosperidad de sus comunidades e incluso, las fuentes de empleos que un gobierno no les ha podido ofrecer y esos desempleados, a quienes los programas sociales les importan un comino, no ven otra alternativa que la adhesión laboral a las organizaciones dedicadas a la producción y tráfico ilícito de estupefacientes. Mas no todos, se debe aclarar, muchos más son empleados por el narco como matones, verdugos, sicarios, pues.
Hay campesinos. Hay citadinos, jóvenes, niños y mujeres casi de todos los estratos de la sociedad. Hay aristócratas que venden estupefacientes y psicotrópicos para ganarse la vida, otros venden muerte, unos más datos, otros son contadores; los hijos de los criminales, se suman a las organizaciones, jóvenes, en muchos casos, estudiados, Juniors poderosos que siguen los negocios de sus padres, desde una óptica empresarial, sostenida por los excesos más terribles, mas espeluznantes para mantener con vida la “empresa familiar”.
Esto nos lleva a la presunción informada de que tal vez el Estado mexicano no desea destruir a su contendiente en esa guerra, hoy cancelada, sino sólo debilitarlo y someterlo para arrebatarle el negocio. Pero, ¿sería éste un negocio del Estado?
No sería la primera vez que ello ocurriese en México. El Estado mexicano se hizo de vastos recursos financieros en cierto sexenio en la década de los ochenta con ganancias del narco. Un periodista, Manuel Buendía, presumiblemente asesinado por haberlo descubierto.
Hoy, algunos personajes políticos que no pueden admitirlo pública o privadamente. Pero podría parecer obvio que alguien en el tablado del poder trata de controlar el execrable negocio. Tal vez para beneficio de un poder que domina al poder formal.
