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Luego de tres semanas de manifestaciones contra los resultados del proceso electoral en Bolivia, el presidente Evo Morales aceptó la principal demanda de la oposición: realizar nuevos comicios.
Desde el 20 de octubre, el país sudamericano había sido escenario de movilizaciones multitudinarias, a las que este fin de semana se sumaron policías, así como paros en la actividad económica que estaba dejando cuantiosas pérdidas.
El anuncio de Morales vino horas después de que la Organización de Estados Americanos, a través de su Grupo de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, juzgó “improbable estadísticamente” que el Presidente, que buscaba un cuarto mandato, haya obtenido el 10% de diferencia sobre el segundo lugar para evitar la segunda ronda.
Dice el informe: “Se encontraron irregularidades, que varían desde muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección (…) No puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”.
Eso fue justamente lo que aceptó Morales –nuevos comicios, con nuevas autoridades electorales–, cuando todavía horas antes hablaba de que se gestaba un golpe de Estado en su contra.
El desenlace en Bolivia representa un gran logro de la OEA, que se ha consolidado como un guardián de los principios democráticos en el continente.
El organismo venía de un largo período de irrelevancia, particularmente en el lapso 2005-2015, cuando el chileno José Miguel Insulza fungió como su secretario general. En ese lapso, por ejemplo, se afianzó el chavismo en Venezuela, sin que las prácticas antidemocráticas, en ese y otros países miembros, fuesen objeto de revisión.
La llegada del uruguayo Luis Almagro significó una vuelta de tuerca y el fin de esa inercia. Desde entonces, la OEA ha hecho de la defensa de los valores de la democracia y los derechos políticos parte central de su agenda. El informe sobre Bolivia es la más reciente demostración de ello.
Es importante notarlo en momentos en que se abierto la competencia para la secretaría general en el próximo quinquenio (2020-2025). En ese período habrá elecciones presidenciales en muchos países del continente y será fundamental contar con una OEA igual de comprometida que hasta ahora.
Algunos gobiernos pueden hacer reformas internas para socavar los contrapesos, pero mientras estén sujetos al derecho internacional y haya instancias multilaterales dispuestas a hacerlo valer, los ciudadanos de esos países pueden tener garantías de que la voluntad popular será defendida.
Almagro tiene derecho a la reelección y, para ello, cuenta con el apoyo de buen número de países. Sin embargo, hay otros, entre ellos México, que cabildean para colocar en la secretaría general a Hugo de Zela, el actual embajador de Perú en Estados Unidos.
De Zela es un diplomático de carrera que ya ha sido embajador en Argentina y Brasil. Ha trabajado con todos los presidentes de su país, desde Alberto Fujimori hasta el actual, Martín Vizcarra. En 2017 fue nombrado Director General de América, del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, y en 2018 alcanzó el cargo de viceministro.
Sin embargo, aquí vale la pena notar que fue jefe de gabinete de Insulza, cuando éste ocupó la secretaría general de la OEA, un tiempo en el que, como ya decía yo, el organismo evitó comprometerse con la defensa de los derechos humanos para no molestar a los gobiernos de los países miembros.
El continente –y, en particular, América Latina— necesita una OEA activa, que haga frente a las pretensiones antidemocráticas de diferentes gobiernos de la región, los mismos que quieren que el organismo retome un papel irrelevante.
