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Mezquitic es un municipio del norte de Jalisco, colindante con Nayarit y Zacatecas. Su población es 75% indígena wixárika o huichol. Es la demarcación más extensa del estado, con tres mil 660 kilómetros cuadrados –casi tan grande como el estado de Tlaxcala–, y también la más pobre. Uno de cada cuatro de sus habitantes no sabe leer ni escribir.
El 4 de febrero, Álvaro Madera López, expresidente municipal (2012-2015) y quien aspiraba a ocupar nuevamente el cargo, fue invitado a participar en un acto político en el municipio vecino de Huejuquilla el Alto. Nunca volvió a casa. El 10 de febrero, la familia fue contactada por quienes dijeron ser los secuestradores del político priista. Éstos pidieron un rescate de 10 millones de pesos.
Casi cinco meses antes, dos hombres y una mujer habían sido levantados en la comunidad de San Juan de los Lirios. Días después, aparecieron dos bolsas con restos humanos, que, luego de ser analizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, fueron relacionados con una de las víctimas.
Investigaciones de la Fiscalía General del estado determinaron que policías municipales estaban detrás de la desaparición forzada de esas tres personas. El comisario de Seguridad Pública de Mezquitic, Fabio Lisandro Lares Escobedo, y tres de sus elementos fueron detenidos y sometidos a proceso.
El 26 de febrero pasado, la Secretaría de Seguridad de Jalisco tomó el control de la policía municipal y encontró que sólo 17 de sus 29 elementos habían aprobado los controles de confianza.
El 1 de marzo, el fiscal general Gerardo Octavio Solís Gómez declaró a los medios que se investigaría la participación de policías municipales en otros delitos, así como la presencia de células del crimen organizado en la demarcación, que podrían ser del Cártel Jalisco Nueva Generación o de Los Zetas, con los que los agentes estarían relacionados.
Como resultado de esas pesquisas, se determinó que el secuestro del exalcalde Álvaro Madera López también habría sido un caso de desaparición forzada cometida por los policías municipales y que la exigencia de rescate sería una mera maniobra de distracción. De acuerdo con medios locales, se indaga si en el caso podría estar relacionado el actual presidente municipal de Mezquitic, el panista César Rolando de la Torre.
Se presume el asesinato de Madera –a quien su hermano Hugo reemplazó como candidato el pasado fin de semana–, pero hasta ahora no se ha podido establecer qué pasó con él luego de ser levantado.
La actual temporada electoral en el país ha dejado 61 políticos asesinados, de los cuales 18 eran aspirantes a un cargo público. De acuerdo con la consultoría especializada Etellekt, 15 de ellos buscaban una alcaldía, de los cuales 12 eran de oposición al partido que gobierna el municipio.
La violencia busca convertirse en un factor de decisión de los comicios cuando todavía faltan más de dos meses para que se instalen las casillas.
BUSCAPIÉS
*Ante el dato, divulgado por Inegi, de que 5.2 millones de alumnos, de entre tres y 29 años de edad, interrumpieron sus estudios por efectos de la pandemia y la crisis económica, busqué a la secretaria de Educación Pública para saber qué hará la dependencia a su cargo para evitar que deserten definitivamente de la escuela. La llegada de Delfina Gómez fue recibida con una gran expectativa por su experiencia en el aula. Lástima que, según me dijeron, “no está dando entrevistas”. Tal vez está muy ocupada en recortar aún más el presupuesto para la educación, en momentos en que tendría que haber partidas extras para enfrentar lo que sucede.
*La decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir la edad, de 68 a 65 años, para recibir la pensión para adultos mayores y de aumentar el monto de esa ayuda pondrá mucha presión sobre las finanzas públicas, me dijo ayer Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Con el incremento de la población de la tercera edad, la medida podría cuadruplicar el gasto del programa para 2024, pasando de 160 mil millones de pesos a 650 mil millones de pesos y contribuir a que el total del gasto federalizado en pensiones sea de 6.5% del PIB a finales del actual periodo presidencial.
