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SEIS DE JUNIO: EL FACTOR REGIONAL

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Por Pascal Beltrán del Río / @beltrandelrio

Al declinar a favor de la panista Maru Campos, la candidata priista a la gubernatura de Chihuahua, Graciela Ortiz, aseguró que “si cae el norte” en manos de la 4T, “este país ya no tiene remedio”. La frase es efectista, sin duda, pues no hay forma de comprobar la premisa. Aun así, refleja una de las batallas que se están librando en esta casi fenecida campaña electoral.

Con elecciones para gobernador en cuatro de los seis estados fronterizos –Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León– y un frente abierto en otro de ellos –Tamaulipas–, el norte resulta importantísimo en el mapa político de la República.

En sus campañas electorales de 2006 y 2012, Andrés Manuel López Obrador no ganó un solo estado de la frontera norte, pero en la de 2018 los ganó todos. Esos seis estados le dieron uno de cada siete votos que obtuvo a nivel nacional.

Sin embargo, hay señales de que aquel voto de confianza que obtuvo de los norteños hace tres años ha comenzado a resquebrajarse. De los cuatro estados fronterizos con elección de gobernador, su coalición sólo parece liderar la contienda con claridad en uno de ellos –Baja California, donde además es gobierno–; en dos más se mantiene en la pelea, aunque con tendencia a la baja –Sonora y Chihuahua– y parece estar completamente perdido en Nuevo León.

En cuanto a las elecciones locales que se han desarrollado desde que López Obrador asumió el poder, el oficialismo se hizo de la gubernatura de Baja California, pero fue arrasado en los comicios de Tamaulipas, donde el PAN ganó 21 de 22 escaños de mayoría relativa en el Congreso estatal, y Coahuila, donde el PRI se llevó los 16 distritos en juego.

Una derrota en el norte obligaría a la 4T a atrincherarse en su zona de confort: su base tradicional de las regiones centro y sur del país. Asimismo, fortalecería la identidad cultural de los norteños, que tienden a resentir el control de la Ciudad de México y las políticas de corte asistencialista que son la columna vertebral de la oferta del gobierno. También subrayaría el distanciamiento de visiones entre Palacio Nacional y el sector empresarial. Y daría a la oposición una base territorial desde donde lanzar su asalto sobre la Presidencia en 2024.

En la batalla política entre el norte y el centro también juega el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Aunque el gobierno federal ha pretendido etiquetar al mandatario estatal como epítome de la corrupción, los traspiés legales de la Fiscalía General de la República para procesarlo han ayudado a fortalecer una visión, en el terruño norteño, de que se trata de una persecución y una afrenta a la soberanía de los estados. Y pocas cosas venden más en política –como ha demostrado el propio López Obrador– que la imagen de un perseguido.

En contra de la consolidación del oficialismo en el norte obra también su postura errática sobre la escasez de agua en Chihuahua, que en 2020 estuvo a punto de desatar una rebelión campesina. Los amantes de la historia no deben olvidar el papel que jugaron en la Revolución Mexicana los estados de esa región, comenzando por el levantamiento de Cuchillo Parado, seis días antes de la fecha que Francisco I. Madero –otro norteño– dispuso para dar inicio a la insurrección contra Porfirio Díaz.  

Si acaso los resultados le sonríen al oficialismo en esa región, el Presidente recibirá una dotación importantísima de combustible para terminar su periodo. Podrá demostrar que su proyecto no sólo es aceptado en Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México, sino también en Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Eso le daría la legitimidad que necesita para ir tras García Cabeza de Vaca a partir de octubre de 2022, cuando éste termina su periodo en la gubernatura, o antes, si lo llegase a autorizar la SCJN.

BUSCAPIÉS

*La fiscalía de Verbania, Italia, detuvo el miércoles a tres sospechosos del desplome de un teleférico que causó la muerte de 14 personas tres días antes. Entre ellos, el dueño de Ferrovie del Mottarone, operadora del transporte. En México, a 25 días del percance de la Línea 12, no hay una sola persona detenida ni removida de su cargo o que haya presentado su renuncia.

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