Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 47 segundos
* En países como México, que se han convertido en un cementerio de comunicadores, la muerte de periodistas se ha vuelto tan común que resulta aterrador costumbrismo. Organizaciones como la UNESCO y Artículo 19 reportan cifras alarmantes: más de 170 periodistas asesinados desde el año 2000, con un índice de impunidad que se acerca al 90 por ciento
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Asesinar a un periodista no es solo un crimen, es un ataque directo a la verdad, un puñal en el corazón de la democracia y una declaración de guerra contra la libertad de expresión.
Cada vez que un periodista es silenciado por las balas, amenazas o el abandono de las instituciones, no solo se pierde una vida, sino que se apagan las letras, la opinión o la voz que podría haber orientado a la sociedad. En un mundo donde la información que, en decenas de ocasiones, es una sentencia a muerte, resulta que eliminar al periodista es el recurso cobarde de aquellos que carecen de argumentos, pero que tienen armas, dinero, influencias o simplemente poder.
En países como México, que se han convertido en un cementerio de comunicadores, la muerte de periodistas se ha vuelto tan común que resulta aterrador costumbrismo. Organizaciones como la UNESCO y Artículo 19 reportan cifras alarmantes: más de 170 periodistas asesinados desde el año 2000, con un índice de impunidad que se acerca al 90 por ciento.
¿Qué nos dice esto sobre nuestra sociedad? Que el Estado, ya sea por complicidad o negligencia ha decidido que la verdad no merece protección. Que los cárteles, los políticos corruptos y las empresas sin escrúpulos pueden apretar el gatillo sin temor a las consecuencias y que, al final, la vida de quienes arriesgan todo por informar vale menos que una nota amarillista.
No nos engañemos: estos crímenes no son accidentes ni hechos aislados. Son ejecuciones frías, diseñadas para infundir miedo y silenciar a los demás. Citando la jurisprudencia europea sobre el chilling effect, no es solo un término abstracto; es el pánico real de un reportero local que sabe que su próxima historia sobre un alcalde corrupto o un narco intocable podría ser su sentencia de muerte.
Es la autocensura de medios que, ante la falta de justicia, algunos prefieren callar antes que arriesgar a su gente o el propio comunicador calla para salvar la vida. Y, sobre todo, es la derrota de una sociedad que se queda sin ojos para ver su propia realidad.
La impunidad es el veneno que alimenta este ciclo. Cuando el 85% de los asesinatos de periodistas a nivel global quedan sin castigo, según la UNESCO, el mensaje es claro: matar a un periodista es un acto barato, eficiente y de total impunidad.
En México, donde la justicia es un espejismo, las investigaciones se pierden en un laberinto de burocracia, corrupción y desdén. Los responsables, sean sicarios o sus mandantes que fraguan asesinatos desde las sombras, saben que no enfrentarán a un juez. Y mientras el Estado se lava las manos, las redacciones se vacían y las comunidades quedan sumida en un espejismo informativo.
Hoy en día, un comunicador vive bajo el escrutinio popular, en mundo de insultos, amenazas y agresiones de toda índole, sumado a la carencia de cualquier tipo de seguridad social, ya no digamos personal, sueldos precarios y donde, como expresó el impresentable líder priísta, Alejandro Moreno “Alito”, es más fácil matar de hambre a un periodista, que a balazos.
Pero para desgracia mayúscula, no solo son los resabios del viejo priísmo los que pergeñan tales axiomas despectivos para asesinar periodistas –de hambre o balazos–, sino políticos y políticas de Morena que debían ser el contrasentido de la represión a los medios.
La gobernadora de Campeche. Layda Sansores –hija del que fuera líder del PRI en los años 70s, y también gobernador campechano, Carlos Sansores Pérez “El Negro”–, ha movido los hilos del poder para despojar de dos millones de pesos, el patrimonio de toda su vida, a un comunicador de más de 70 años, que por su condición de persona de la tercera edad debía implicar al menos un respeto moral de la mandataria. Su delito, supuestamente hacer comentarios que incitaron a la violencia en contra de la mandataria.
El beneficiario del despojo al anciano periodista Jorge González Valdez, es su director de Comunicación Social, Whalter Patrón Bacab, que se hizo millonario con contratos de prestación de servicios ostentando el mismo cargo cuando Sansores fue alcaldesa de Álvaro Obregón en la CDMX. La ruin sentencia por consigna del tribunal campechano, prohibió además ejercer el oficio por dos años a González.
Ahora, el nombre de Salomón Ordóñez, colega de Cuetzalan, Puebla, engrosa la lista fatídica de periodista asesinados, en su caso, ejecutado a quemarropa por cobardes matarifes. Duele decirlo, pero lo más probable es que lejos de castigar a los culpables, su homicidio pase a engrosar la lista de fatídicas estadísticas en este peligroso oficio de sangre llamado periodismo.
